El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha incoado un nuevo procedimiento penal por el «desafío» independentista de algunos diputados del Parlament catalán. El pasado mes de octubre abrió diligencias por un delito de rebelión contra el todavía presidente de la Generalitat, Artur Mas, y ahora adopta la misma decisión respecto a la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, los dirigentes de Junts pel Sí Jordi Turull y Marta Rovira, así como contra el líder de la CUP, Antonio Baños, por los delitos de rebelión y sedición. También amplía la querella respecto a Mas, por su participación activa para «desmembrar a Cataluña del territorio del Estado español».

En la resolución del TSJ catalán se designa al magistrado Francisco Valls Gombau como ponente de la causa, el cual, previsiblemente, solicitará con carácter previo a la Fiscalía si procede admitir o no a trámite la querella, interpuesta por el colectivo de funcionarios Manos Limpias.

En esa querella, se alude al discurso que pronunció Forcadell tras ser elegida presidenta de la Cámara autonómica, en la que «arengaba a los diputados» a crear una República catalana. Este extremo, según los querellantes, no puede ampararse en el derecho a libertad de expresión, porque al realizar esas manifestaciones en sede parlamentaria constituye, en realidad, «una llamada a la desobediencia e incluso a la violencia de aquellos enemigos de la legalidad vigente». Por ello, considera que estos hechos pueden constituir un delito de rebelión y, alternativamente, de sedición.

Pero esa responsabilidad también se considera que debe exigirse al resto de diputados que firmaron la petición para abordar el inicio del proceso de secesión de España, es decir, los mencionados Jordi Turull, Marta Rovira y Antonio Baños.

En la querella, presentada por el abogado Pedro Muñoz, se destaca que la «defensa de ideas» de los querellados no se ha quedado sólo en eso, «sino que se están llevando a cabo todas las actuaciones posibles, y el mayor “sigilo” para poder conseguir la independencia de Cataluña».

Para lograr ese objetivo, se añade al respecto, habría que recurrir incluso al «alzamiento violento»: «Es obvio que esta amenaza de uso de la fuerza física es más que fundada, porque debemos recordar que el pretender la independencia de un territorio de España entraña la conculcación de su integridad territorial y soberanía, hecho que conllevaría que las Fuerzas Armadas tuvieran que entrar a defender la unidad territorial de la Nación española», tal como recoge la propia Constitución.

En la primera querella por rebelión contra Mas, se le responsabilizaba de haber generado en Cataluña un «ambiente prebélico y de enfrentamiento entre españoles» y de la «subversión del Estado de Derecho».

Fitch degrada a Cataluña a bono basura por la desconexión soberanista

Por otra parte, la agencia de calificación de solvencia Fitch rebajó ayer en dos escalones el rating de Cataluña, desde «BBB-» a «BB», lo que supone la consideración de «bono basura» para los inversores. Con esta nueva nota, Fitch se suma a las otras dos grandes agencias en la catalogación de las emisiones a largo plazo de la comunidad autónoma. En concreto, Standard & Poor’s tiene otorgada a Cataluña una nota «BB-» y Moody’s, «Ba2», en ambos casos dentro de las inversiones de grado especulativo.

Según el informe que ha justificado la decisión, la aprobación de la resolución para iniciar formalmente el proceso de independencia el pasado lunes provocará, sean cuales sean las medidas que adopte el Gobierno central, «un aumento de las tensiones entre las dos administraciones».

Además de la vertiente meramente política, la agencia Fitch señala que Cataluña necesitará fondos para financiar el déficit presupuestario previsto para este año, equivalente al 2% del Producto Interior Bruto de la región. Considera que la situación de liquidez de la autonomía es muy frágil, aunque confía en que continuará recibiendo el apoyo del Fondo de Liquidez Autonómica. Uno de los principales problemas que ve Fitch es el tamaño de la deuda de la región, casi tres veces superior a su presupuesto, lo que hace incompatible seguir manteniendo su anterior calificación de «BBB-» que mantienen todas las comunidades autónomas españolas que se benefician de las diversas medidas de liquidez que proporciona el Gobierno central.

El pasado 28 de septiembre, apenas un día después de la celebración de las elecciones al Parlamento de Cataluña, Fitch emitió un comunicado advirtiendo de la posibilidad de reevaluar su calificación crediticia. El año pasado, la agencia rebajó la perspectiva de la nota a negativa como consecuencia del llamamiento unilateral de la región para una consulta no vinculante sobre su pertenencia o no a España.

Cataluña se ha beneficiado en los últimos años de las acciones de apoyo del Gobierno central a través del FLA, toda vez que sus notas hacían inviable la posibilidad de financiarse en el mercado mayorista. En sus últimos comentarios del comunicado de ayer, Fitch advierte de que, en función de cómo evolucione el conflicto de intereses con la Administración central, podría rebajar aún más la nota, siempre asumiendo que la región seguirá teniendo acceso al dinero del FLA y de que en la actualidad el proceso independentista no afectará a la actividad económica.

La agencia no tenía previsto en su calendario ninguna evaluación de la nota de Cataluña, pero se ha saltado una de las normas básicas en este tipo de empresas por considerar que existe un cambio sustancial que puede afectar a la solvencia del emisor. Tanto Moody’s como Standard & Poor’s habían calificado como inversión de grado especulativo la deuda de Cataluña desde 2012. Sólo Fitch la había mantenido por encima de los denominados «bonos basura» por el mercado debido a las garantías de financiación que ofrece el Gobierno a través del FLA.