José Alberto Cepas Palanca.- Los siglos XVI y XVII. Las consecuencias inmediatas: De procedencia griega, la palabra Diáspora equivale a dispersión. La cifra más razonable del número de los judíos que salieron de España cuando fueron expulsados en 1492, oscila en torno a los ciento cincuenta mil. Intentaron desesperadamente comprar la abolición del Edicto de Expulsión. Fue inútil. Llevaron consigo la lengua española conocida como “ladino”, que muchos han conservado hasta el día de hoy, con sus arcaísmos. Los sentimientos que tenían, transmitidos de padres a hijos, les producían efectos ambivalentes; odio, rencor, ingratitud, y coexistiendo con ellos, los recuerdos y añoranzas. En España quedaron muchos judíos bajo el nombre de conversos, criptojudíos (marranos) y cristianos nuevos, sobre los que planeaba la sombra de la Inquisición. Sobre estos se concitaban todas las sospechas, envidias y delaciones al tribunal del Santo Oficio. Muchos de los conversos, aunque integrados en apariencia, seguían manteniendo las prácticas ocultas del judaísmo y eran delatados por las sospechas de las mismas, como lo demuestran muchos autos de fe durante los siglos XVI y XVII. La mayoría de estos conversos continuaban con sus actividades tradicionales: comerciantes, asentadores, cirujanos, tenderos y otros eran funcionarios.

Grupos importantes de judíos expulsados de España entraron en Portugal y el rey Juan III, apodado El Piadoso, (1502-1557) les obligó más tarde a una conversión forzada, en donde bajo el nombre de conversos, se seguían dedicando a las mismas actividades comerciales que antes de su conversión forzosa. Durante el reinado de los Austrias españoles, especialmente a partir de Felipe III (1578-1621), las crisis económicas y las bancarrotas obligaban a recurrir a los antiguos expulsados, ahora conversos, que se encontraban en Portugal llamados los “asentistas” que trabajaban para la Corona y que eran conocidos como los “portugueses”, aunque todo el mundo sabía que eran judíos. La Corona española se vio metida en una disyuntiva importante; el odio hacia los “asentistas” por ser judíos y, al mismo tiempo, estaba obligada a su protección para la supervivencia de la maltrecha economía del Estado.

El rey portugués, Manuel I, el Afortunado (1469-1521), se vio presionado por los Reyes Católicos cuando se negoció su matrimonio con la hija de estos, María de Aragón; solo se permitiría el matrimonio si el rey portugués accedía primero a expulsar a los judíos refugiados en su reino. La expulsión decretada por el rey portugués fue eludida por los judíos convirtiéndose estos en masa al cristianismo. Además, la Corona portuguesa garantizó a los nuevos cristianos que no se llevaría a cabo una política inquisitorial para verificar la sinceridad de sus conversiones, de manera que la Inquisición portuguesa no se constituyó hasta 1536. Cuando esto ocurrió, muchos de estos judíos volvieron a Castilla cuando ambas Coronas se unieron en tiempos de Felipe II, en 1580. Entonces hubo retornos importantes; unos huyendo de la Inquisición portuguesa cuando se implantó (la española había disminuido considerablemente su actuación en contra de los judíos, por haber conseguido muchas deportaciones y tenía menos “trabajo”), otros escapando de la crisis económica, y otros buscando los beneficios del comercio colonial español; y todos esperando nuevas oportunidades. La nueva situación obligó a Felipe II (1527-1598) en 1587 a decretar una ley por la que se prohibía a los “portugueses” vender sus bienes raíces y salir libremente de Portugal hacia otros reinos de la Monarquía Hispánica. Sólo se les permitía viajes de ida y vuelta y con carácter temporal, para mitigar el flujo migratorio que suponía una sangría para Portugal. Quince años después, Felipe III a través de su valido, Lerma, derogó les decisiones de su padre al respecto.

Las peticiones de los conversos que volvieron fueron: volver a gozar de la misma libertad de movimientos que tuvieron entre 1580-87 para poder trasladarse por Castilla y las colonias de ultramar, mayor protección del monarca y que se levantaran las prohibiciones vejatorias que contra ellos existían, poder disfrutar de cargos y honores que se les tenían prohibidos por los estatutos de limpieza y un perdón general sobre los judíos a los que se acusara de judaizar. La idea de utilizar a los judíos expulsados por la Corona española como remedio contra las crisis económicas que se abatían sobre el Imperio español, estuvo siempre latente y emergerá de una manera recurrente hasta nuestros días. El acercamiento de la Corona a los judíos tuvieron una réplica muy fuerte en otros sectores de sociedad española: el clero, la Inquisición y del Papado. La presión de los conversos al ver que la economía nacional empezaba a repuntar, se concretó en un perdón general, que en parte lo consiguieron a través de un Breve de Paulo V en 1604, lo que alivió mucho su situación. Pero se acrecentaban las presiones de la aristocracia y de parte del clero, que pensaban que la conversión era ficticia, empleándola para enriquecerse.

El propio confesor de Felipe III, fray Luis de Aliaga, estaba de acuerdo, por lo que partir de 1610 el rey cambió de actitud, anulando todas las concesiones hechas arguyendo que eran pocas las conversiones de judíos al cristianismo y exiguo el dinero recogido entre ellos. Como resultado del endurecimiento de las medidas contra estos asentistas portugueses, se originó la huida de muchos hacía otros países, lo que generó, a su vez, miedo entre las autoridades, porque se pensaba que la economía española se iba a resentir de una manera muy grave. Las presiones al rey eran innumerables, por lo que este ordenó a la Inquisición que en la frontera con Francia se pidiera el permiso expedido por el monarca para emigrar y que si no lo tuvieran, se les detuviera y embargaran los bienes que llevaran. A pesar de esta medida, una parte importante de estos judíos optó por no huir y seguir presionando a la Corona para continuar en las tierras de la Monarquía Hispánica; había muchos intereses de los ministros del rey que dio origen a una polémica abierta y pública, en la que participaron personajes destacados de la época. Se generaron dos tendencias: los que pensaban que el poder español radicaba en la consolidación de la monarquía excluyendo a los de otras religiones como judíos, moros, etc., y la de aquellos que pregonaban que la dinamización de la economía estaría representada fundamentalmente por los conversos.

Estas dos tendencias, con diversos matices, llegarían hasta nuestros días, pero alcanzaría su cenit en el reinado de Felipe IV (1621-1665), cuando las crisis económicas se agudizaron y las necesidades monetarias para mantener la hegemonía española en Europa, eran cada vez más acuciantes. La recurrencia a los judíos fue más que evidente, no solo a los conversos del país, sino también a los judíos portugueses y holandeses. Ya en 1626, el conde duque de Olivares (valido de Felipe IV) reclama la presencia de los asentistas portugueses para poder hacer frente a la angustiosa situación económica.

Según él, la decadencia española y pérdida de la hegemonía española en Europa provenía de una sociedad cerrada apegada a sus antiguos privilegios, la pervivencia de los estatutos de sangre, la falta de espíritu comercial y la capacidad de crear riqueza, que solo la podían reparar las actividades comerciales. Entre los remedios estaba la captación de los judíos portugueses, pues muchos se habían instalado en Madrid, eludiendo así a los banqueros genoveses, mucho más duros en la usura.

Como siempre, la oposición a estas medidas estaba encabezada por los inquisidores y determinados sectores de la nobleza que veían en ellas una amenaza contra sus intereses, posición y privilegios. En Inglaterra, Oliver Cromwell (1599- 1658) readmitió a los judíos en 1656 y, dos años antes, la República de las Provincias Unidas (Holanda) los aceptaba como súbditos, aunque a principios de ese siglo ya vivían entre los holandeses sin dificultades. En Francia, de manera oficiosa, existían comunidades judías repartidas en algunas ciudades y, en los estados italianos eran famosas las aljamas sefarditas de Livorno, Venecia, Mantua y Pisa. El nuncio del Papa, monseñor Cesare Ponti hizo saber al rey su preocupación por las medidas del conde duque a la que se sumó el inquisidor general Antonio Zapata (1627-1632).

El Imperio español había sufrido a partir de 1628 una serie de descalabros a nivel internacional: Mantua, Flandes, la victoria de los suecos sobre Alemania. La presencia de judíos en España, a los que se les atribuía la pretensión de hacerse con los asuntos del reino, era motivo de malestar. Los hombres de negocios judíos fueron vistos por los distintos Gobiernos como posible aliados económicos y este incipiente talante mercantilista permitió claramente la reintegración de las nuevas comunidades hebreas en Europa. La publicación en 1633 de “Execración contra los judíos”, durísimo alegato contra la presencia de judíos portugueses en la Corte, escrita por Quevedo, fue utilizado como elemento desencadenante para hacer aflorar al exterior lo que estaba latente: la lucha sorda interna, pero muy aguda, contra la política de Olivares de acercamiento a los judíos y los motivos por los que estaban en contra, así como la delimitación de los grupos sociales que eran opuestos.

Francisco de Quevedo

Quevedo, que con anterioridad apoyó al valido, también apuntó que “los judíos portugueses estaban en contacto con los judíos holandeses que trabajaban para los Países Bajos y que eran enemigos de la Corona Española”, lo que le costó, en 1638, la prisión en el convento de San Marcos de León, ciudad que también acogió en la Colegiata de San Isidoro al inquisidor general Juan Adam de la Parra, autor de “Pro Caucione Cristiane”, escrita en 1630 y dirigida al cardenal infante y que supone una crítica contra estos conversos portugueses y de la política olivarista. Esta idea de recurrir a los judíos como reactivadores de la economía nacional y salvadores de bancarrotas, a pesar de la dura oposición, reaparecerá de nuevo en tiempos de Carlos II (1655-1700), hijo de Felipe IV.

Las dos tendencias (a favor de los judíos para remediar los problemas económicos y su contraria) se sucedieron, con matices, en los siglos XVIII, XIX y XX hasta nuestros días. Los intentos de acercamiento y utilización a los judíos encontraron una dura resistencia en otros sectores del círculo del poder, materializados en los autos de fe. Las principales víctimas fueron los judíos asentistas portugueses. Años más tarde, en tiempos de Carlos II, existía un fuerte antijudaismo como lo puso de manifiesto el bulo que se hizo correr en 1678 en Mallorca, acusando a los judíos de la isla (chuetas) de estar en tratos secretos con los ingleses para invadir la isla, lo que unido a la persecución que contra ellos había desatado la Inquisición, tuvo como consecuencia que se celebraran cuatro autos de fe en 1691en los que se quemaron a varios chuetas. La reacción popular fue de total apoyo a la actuación inquisitorial, llegando a una total animadversión por parte de los cristianos viejos mallorquines contra los chuetas y que en pleno XVIII vivían en una especie de gueto a la que la gente llamaba “la calle”.

La diáspora sefardí y sus relaciones con España

No solo los judíos fueron a Portugal, los sefarditas lo hicieron a Marruecos, al norte de África, al Imperio turco, a algunas republicas italianas y ciudades del sudoeste francés, espacialmente Bayona y, en los Países Bajos, manteniendo unos contactos entre ellos casi permanentes. Entre los conversos que prefirieron el éxodo unos renegaban de su pasado y condenaban a los que se mantenían en tierras gentiles, otros querían seguir ligados a los conversos que se habían quedado en España. Así se mantuvo durante décadas una alianza entre los cristianos nuevos en España y judíos nuevos en el exterior, que impedía la ruptura de la comunidad judía en la que habían nacido.

El viaje que los conducía a Los Países Bajos se realizaba por mar desde los puertos meridionales de la península o por tierra franqueando la frontera pirenaica, que era la más habitual, encontrándose con judíos residentes en Francia que vez en cuando regresaban a Castilla, con lo que se establecieron contactos clandestinos mediante cartas, visitas ocasionales e intercambio de noticias entre los judíos de Castilla, y los sefarditas de Francia y de los Países Bajos y, de esa manera, las raíces ibéricas, tanto españolas como portuguesas, servían de factor aglutinante que desarrolló y mantuvo las costumbres y la cultura que traían de la peninsula. Aparte, otros judíos sefarditas se asentaron en el norte de África, especialmente en las ciudades de Fez y Orán, donde formaron importantes colonias manteniendo un activo comercio, especialmente con los conversos llegados de los Países Bajos. Hubo procesos inquisitoriales instruidos a judíos marroquíes que pasaban a la península e intentaban contactar con la comunidad holandesa o tuvieron relación con ellos a través de Portugal o Flandes.

En 1609 se firmó el primer tratado de Holanda con Marruecos que supuso el incremento de la actividad holandesa en ese país en el que los judíos jugaron un papel muy importante. El protagonismo de estos judíos fue en parte como enemigos de la Corona Española, ya que los judíos marroquíes monopolizaban el comercio exterior de Marruecos y dentro de él también estaban Portugal y España. Por otra parte, los judíos españoles instalados en Marruecos habían llevado consigo y mantuvieron en ese país la lengua castellana, libros y saberes adquiridos por familias que habían desempeñado puestos como funcionarios y servidores en la corte castellana y aragonesa, como escribanos, funcionarios del Tesoro y de la fiscalidad, agentes comerciales, etc., y por eso conocían los usos y costumbres europeas. Estos conocimientos los pusieron al servicio de las cortes europeas y de Marruecos y éste fue uno de los factores por los que el castellano había de convertirse durante los siglos XVI y XVII en la lengua obligada en el ambiente diplomático en el país.

El sudoeste francés se convirtió en una escala intermedia entre las redes ocultas y reprimidas criptojudías del mundo ibérico y el mundo más libre de los Países Bajos y las colonias holandesas, porque era el puerto de escape más próximo. Por esta razón, en la parte sudoeste francesa, las principales colonias sefarditas procedentes de España y Portugal, sobre todo en ciudades como San Juan de Luz, Bayona e incluso Burdeos, a partir del siglo XIX, serían las impulsoras más importantes del acercamiento a España. Estos conversos españoles y portugueses jugaron un papel importante hasta 1660 en el comercio entre Madrid y Ámsterdam con escala en el sudoeste francés. No fueron ajenos estos judíos a los conflictos bélicos, sobre todo a partir de 1621cuando se inicia la guerra con los Países Bajos, después de romperse la Tregua de los Doce Años. Los barcos holandeses arribaban al sur de Francia y cruzaban luego los pasos fronterizos pirenaicos, pasaban a Madrid, ruta muy común, que se resucita a partir de 1621 cuando se reanuda la guerra de los Países Bajos con la Corona Española imponiendo ésta un total embargo a las mercancías, capitales y barcos holandeses en España y Portugal, que afectaron gravemente al comercio sefardí holandés con ambos países y sus colonias, pero proporcionando a las comunidades de conversos del sudoeste de Francia una importante razón de ser; la posibilidad de convertirse en el principal eslabón de la cadena comercial. Esto ofreció a las comunidades de cristianos nuevos portugueses y españoles en Francia, la perspectiva de aumentar sus actividades comerciales y realzar su importancia internacional. Otro grupo importante de judíos expulsados de España se asentó en el Imperio otomano y en las repúblicas italianas y alcanzaron un protagonismo importante en Venecia.

En el imperio turco los sefarditas estuvieron protegidos por los sultanes, en Constantinopla; a diferencia de las capitales de la Europa cristiana, los judíos actuaban sin dificultades e influían en las esferas más altas del gobierno. Cuando los sefarditas destacaron en el comercio de los Balcanes, los estados italianos se vieron obligados a permitirles instalarse en su territorio y pronto comenzaron a rivalizar con ellos. Tras la guerra entre Venecia y el Imperio otomano a finales de 1530 y, con el deterioro del comercio veneciano en Levante, las autoridades venecianas se sintieron obligadas a conceder cartas de privilegios a los judíos levantinos.

En 1589 las autoridades de Venecia concedieron a todos los judíos, la mayoría antiguos conversos de la península ibérica, el derecho a instalarse permanentemente en Venecia a pesar de la acérrima oposición de los cargos eclesiásticos.

Cuando en 1570 se produce otra guerra entre Venecia y el Imperio otomano, los venecianos tendieron a contemplar a los judíos sefardíes como traidores y colaboradores del enemigo. La participación de los judíos sefardíes en el comercio mediterráneo fue evidente. Pero a mediados del siglo XVI el comercio mediterráneo fue superado por el atlántico. Los estados del norte eran conscientes de la actividad e importancia de la red comercial de los sefarditas en Portugal y España; Amberes y el Mediterráneo tomaron medidas para atraerlos.

En la segunda mitad del siglo XVII, la diáspora ya incluía el asentamiento en el sudoeste francés, Hamburgo, Holanda, Londres, Brasil y el Caribe. No deja de ser paradójico que los que más sufrieron la discriminación basada en el linaje y pureza de sangre recurrieran a los mismos conceptos para estructurar jerarquías internas o diferenciarse de otros grupos de judíos; los judíos “asquenazis” (descendientes de los judíos alemanes medievales, una comunidad fuerte y bien establecida a lo largo del Rin y que se asentaron en la Europa central y oriental, Polonia, Ucrania, Rusia y otros países germánicos y eslavos del centro y este de Europa). Tan singular como el afán nobiliario, era la fidelidad que los judíos de Ámsterdam frecuentemente profesaban a su antigua patria, su amor a lengua española, o su identificación con el siglo de oro de las letras, las representaciones teatrales o su academicismo literario, y seguían demostrando una insospechada fidelidad hacia las tierras ibéricas que tuvieron que dejar.

Los judíos recién llegados a Ámsterdam, al no haber tenido una enseñanza rabínica, no conocer el hebreo ni tener acceso al Antiguo Testamento, su judaísmo se limitaba a la observancia de algunas fiestas y algunas prácticas que al cabo de generaciones se vaciaron de su sentido. La religión marrana se componía de unas migajas de tradiciones y variaba según las regiones, las clases sociales y los individuos. Tradiciones que la Inquisición ayudaba a perpetuar al recordárselas a la población, para que ésta pudiera más fácilmente denunciar a quienes las practicaban.

Aquellos judíos de Ámsterdam llevaban consigo algo de desequilibrante y que consistía en que en España muchos se habían convertido al cristianismo, aunque secretamente siguieran observando el judaísmo, pero al no practicar la lengua hebrea se les llegó a olvidar casi por completo, y cuando llegaron a Holanda se volvieron a convertir al judaísmo y apenas la recordaban. Era, por tanto, muy difícil su integración, debido al tiempo que pasaron en España practicando como cristianos, lo que les dejó en inferioridad de condiciones frente a la constituida comunidad judía holandesa.

Al tiempo que estos judíos holandeses miraban con recelo a aquellos nuevos judíos que durante tanto tiempo habían practicado el marranismo y que podrían hacer lo mismo en Holanda. Esta situación de desarraigo interior llevó a los judíos españoles de Holanda a atacar al Imperio Español por dos razones: demostrar a sus correligionarios que la huida de España fue consecuencia de su conversión sincera y que odiaban y combatían a aquel país que tan mal se había portado con ellos, y que estaban al lado de los Países Bajos en su lucha contra el Imperio Español que controló y dominó aquellos países con una gran intolerancia religiosa. Conviviendo con esta situación, estaba su orgullo de españoles exhibiendo una cultura, un idioma y un comportamiento con los que querían diferenciarse de los demás correligionarios que los vinculaban a su país de origen, a pesar que odiaban a algunas de sus instituciones como la Inquisición, pero al que amaban como lo prueba el hecho de que estos mismos judíos piden a las autoridades de Ámsterdam permiso para representar dos veces una obra de teatro en español en 1702 cuando ya llevaban casi cien años residiendo allí con sus familias.

“Los judíos de Ámsterdam se consideran españoles, en sus conciencias se mezclaban el odio y el apego, las lamentaciones, las añoranzas, las angustias y el miedo” – según expresa Henry Mechoulan (doctor historiador especialista en temas de judíos españoles y portugueses). Los sefarditas también comenzaban a asentarse en Inglaterra, y lo mismo que en los Países Bajos, se convirtieron en enemigos de los españoles; pero al mismo tiempo se sentían orgullosos de haber pertenecido a España – según describe el que fue primer ministro de Inglaterra, el sefardita de origen italiano, Benjamín Disraeli, en su novela “Conisgby”. La primera consecuencia de la expulsión de los judíos fue: la mezcla de amor y odio a España.

El siglo XVIII: Reformismo borbónico e ilustración

Felipe V

Felipe V siguió casi por inercia la tendencia a la prohibición de entrada a los judíos en territorio nacional. Como consecuencia de la guerra de Sucesión y por tanto del Tratado de Utrecht de 1713, por el cual, entre cosas, se cedía Gibraltar a los ingleses y aunque Gibraltar no caía en sus dominios, dejó estipulado “que no se permitiera en aquella plaza la permanencia de moros ni judíos “, sin embargo Inglaterra hizo caso omiso a esa cláusula y permitió la entrada de judíos a la plaza, sobre todo del norte de Marruecos. El origen de esa decisión de Felipe V fue el que su adversario al trono español, Carlos de Austria, fuera apoyado por los ingleses y su ejército apoyado y financiado por importantes banqueros sefarditas asentados en Inglaterra. A partir de ese momento, Gibraltar se convirtió en una colonia con una fuerte población judía, que mantuvo contactos con la Península permanentemente, sobre todo en los siglos XIX y XX.

Durante los reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II se continúa con la misma línea de actuación, pero ya en tiempos de Fernando VI, Carlos III y Carlos IV no se seguía estrictamente esta filosofía. Mientras tanto, las actuaciones del Santo Oficio en el interior de la Península en contra de los conversos y en busca de delatores, continuaban, aunque con mayor laxitud y los asentistas portugueses, tan visibles en épocas anteriores, se fueron diluyendo entre el pueblo, aunque hubo algunos varios autos de fe contra conversos. Continuaron los contactos de los conversos peninsulares con sus familiares en Francia, Holanda e Inglaterra, y sobre todo con Gibraltar, pero con menos intensidad. Fue destacada la influencia destacada de los judíos sefarditas ingleses ante el Gobierno inglés sobre la permisividad de este asentamiento de judíos en la reciente colonia inglesa de Gibraltar. La penetración judía en España a través de Gibraltar fue regular, prolongándose en el tiempo prácticamente hasta nuestros días.

En la sociedad española de la época, se seguían viendo a los judíos como apátridas, al tiempo que en otros círculos de poder prevalecía la idea de hacer retornar a los judíos expulsados para remediar las graves crisis económicas que sacudían a España. Esta línea de pensamiento, ambivalente y dual, a favor y en contra de los judíos, continuó utilizándose políticamente hasta nuestros días. El reformismo borbónico y las corrientes de la Ilustración no escaparon a estas ideas. Pero los filósofos ilustrados procedentes de Europa, comenzaron a entrar en España y de nuevo se retomó la cuestión judía. Los principales ministros de Carlos III (Floridablanca, Campomanes, Ensenada) comienzan a no ver con buenos ojos “la distinción que se hacía entre cristianos nuevos y viejos”. Aunque en la Península no había comunidades judías, en la isla de Mallorca quedaban vestigios evidentes de su larga estancia ya que pocos años antes la Inquisición se había empleado a fondo quemando en el castillo de Bellver a treinta y seis chuetas en 1691.

El 1 de marzo de 1492, el decreto de expulsión de los judíos marca el fin del judaísmo en España

En la confrontación acerca de los judíos, los ilustrados lograron imponerse promulgándose reales cédulas de 1782 y 1783, por medio de las cuales se rehabilitaba a los chuetas mallorquines y a otros grupos marginados: pasiegos (Cantabria), agotes (valles del Baztán y Roncal, en Navarra), vaqueiros (Asturias) y maragatos leoneses. El levantamiento de la situación segregacionista chueta es completado en la misma cédula con el permiso de poder trabajar en los mismos oficios que los demás ciudadanos.

La acusación de criptojudío en el pasado de España, a la que tanto se invocaba como justificación de un mecanismo de opresión, comienza a ser poco a poco desmitificada a través de grupos de intelectuales: Feijoo, Jovellanos, Juan Antonio Llorente (canónigo e historiador), Juan Antonio Puigdeblanch (filólogo hebraísta) y el abate Marchena (político liberal, escritor, publicista, erudito y traductor). Estos intelectuales esgrimen el argumento de que, en realidad, lo que se pretendía con la acusación de judaizar no era otra cosa que una maniobra o mecanismo de control del poder y, siempre se utilizaba la imagen deformada e intencionadamente difundida entre el vulgo, la idea de atribuir a los judíos todos los tópicos al uso: la usura, prácticas secretas de su religión e incluso la práctica del crimen ritual, que consistía en la exacerbación máxima de acusación a los judíos como “raza deicida”. Estas ideas, fuertemente instaladas en la opinión de la gente, eran manipuladas continuamente y la Inquisición se encargaba de materializarlas a través de sus mecanismos de represión. Esta corriente de pensamiento tuvo su paralelismo y connotaciones en las decisiones gubernamentales.

A finales del siglo XVIII varios ministros de Carlos IV (Urquijo, Pedro Varela) retoman de nuevo las ideas proclives a la abolición de la Inquisición y solicitan al rey la admisión de lo que llaman “la nación hebrea”, estimulados en la creencia de que los judíos serían importantes para remediar la bancarrota económica, proponiendo a Carlos IV “entrar en negociaciones con algunas casas hebreas de Holanda y otras ciudades para establecer factorías en Cádiz”. Esta fue la primera larga y balbuciente fase del reencuentro entre judíos y españoles, en la que ya algunos españoles consideran que la expulsión judaica fue un error. Pero la mayor parte del pueblo llano y determinados sectores de la Iglesia, los intereses vinculados a la aristocracia o al absolutismo estaban totalmente en contra como lo demuestra el decreto de 1802 en el que se prohíbe de una manera tajante y explicita la entrada en España de cualquier judío y el castigo con las máximas penas del Santo Oficio. Pero ahora ya no aparece el tema en memoriales, decretos, etc., sino que aparece en debates políticos.

En casi todas las discusiones parlamentarias que hubo en las constituciones españolas el problema judío aparece siempre adoptando muchas variables: el problema de la nacionalidad, el retorno, la derogación de la Inquisición o los estatutos de sangre, la acusación de sus enemigos políticos de cristianos nuevos o judíos solapados y también la acusación contraria: la intolerancia y sobre todo el hecho de culpabilizar a los judíos del atraso cultural y económico español con respecto a Europa. Los descendientes de aquellos judíos expulsados ya se interesan por la evolución política española. Por ambos lados se inician los primeros contactos reales a niveles oficiales y en los medios políticos intelectuales españoles, incluso en la opinión pública. Esta relación reaparece con gran intensidad durante casi todo el siglo XIX.

El siglo XIX. El debate político

Constitución de Cádiz 1812

Fue en la constitución de la primera constitución en 1812 (La Pepa) cuando aparecerá de una manera más palmaria el debate sobre las críticas a la Inquisición, por sus excesos cometidos sobre los conversos y pidiendo su abolición, y de una forma colateral al error de la expulsión de los judíos en 1492. En aquellos debates se veían claramente los procesos seguidos: la alusión ya directa de los partidarios del absolutismo y de la ortodoxia católica a la relación directa entre liberales y cristianos nuevos y judaizantes (el canónico Ostolaza y el padre Hermida, entre otros) y, después, la defensa de los liberales ante esta situación invocando la causa de que eran defensores de la unidad católica pero sin Inquisición y tratando de disipar cualquier relación con los judíos (Ruiz Padrón y Capmany, entre otros). En esas Cortes, el tribunal de la Inquisición fue abolido en 1813 por amplia mayoría de 90 a 60 votos. Quedaban sentadas las bases para una polémica ideológica, política y religiosa en la interpretación de la cuestión judía en el siglo XIX español.

Por un lado fueron continuas las connotaciones de aquellos que defendían la abolición de la Inquisición conocidos como “liberales” con los judíos y por otro lado, se consolidó la formación de una corriente absolutista e integrista defensora de la reimplantación del Santo Oficio. En el primer periodo del reinado de Fernando VII (1814-1820), el Sexenio Absolutista, se vuelve a implantar el Santo Oficio que la Constitución de Cádiz había derogado, y se restablece el 21 de junio de 1814, siendo su actividad escasa y utilizada especialmente con fines políticos contra los liberales. El rey decretó en 1816 un decreto en el que se prohibía la entrada en los dominios españoles de los judíos, sin previo aviso a la Inquisición.

Tres años después, en 1819, y como habían llegado noticias a la corte que judíos procedentes del norte de África y Gibraltar habían entrado en España, Fernando VII volvió a renovar la prohibición de entrada de hebreos en España. Ese era el ambiente en España durante el llamado Trienio Liberal (1820-1823) en el que se produce la abolición de la Inquisición. Hubo reacciones violentas del pueblo contra los edificios que habían sido sedes inquisitoriales (Barcelona en 1820 y Valladolid en 1821).

Con la vuelta al absolutismo, la Década Ominosa (1823-1833), hubo un intento de reimplantar el tribunal, que el propio rey consideró inútil aunque se restableció de derecho, pero no de hecho. Finalmente, a la muerte del rey, la reina regente María Cristina de Borbón (1806-1878) decretó la disolución definitiva del tribunal inquisitorial el 15 de junio de 1834. En el proyecto de la Constitución de 1837 se vuelven a derogar los estatutos de la “limpieza de sangre para ingresar en determinadas carreras”. La abolición de la Inquisición supuso, de momento, para los judíos chuetas mallorquines una liberación pues fueron suprimidos los sambenitos y las corozas que permanecían en los templos mallorquines como testimonio contra los judíos.

Tribunal de chuetas

Al ser suprimida la Constitución, todo volvió a su estado anterior. De lo dicho, nada y la ley del péndulo de Fernando VII siguió funcionando. El miedo y la angustia de los chuetas vuelven a aflorar. Durante el Trienio Liberal se vuelven a quitar las prohibiciones y los chuetas vuelven a disfrutar de los mismos privilegios que los demás ciudadanos; muchos de ellos ingresaron en la Milicia Nacional, fuerza paramilitar que cuidaba y protegía la Constitución de 1812, aunque durante la Década Ominosa se produce en Mallorca el primer pogromo al barrio judío volviendo en la península una especie de antisemitismo popular, que se canalizó políticamente hacia los liberales.

En la Constitución de 1837 y, con la Inquisición definitivamente abolida, el debate central era la tolerancia en materia de cultos; “la nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica que profesan los españoles”, pero por otro lado, esta Constitución consiguió abolir definitivamente los estatutos de limpieza de sangre, gran paso adelante en materia de tolerancia religiosa. Sin embargo, en el ruido de la calle, el problema judío aparece como arma de acusación por parte de los absolutistas, especialmente contra el político liberal que más protagonismo tenía entonces; Juan de Dios Álvarez Méndez, que para disimular su origen judío, tuvo que cambiar su apellido por el más conocido Juan Álvarez Mendizábal; gaditano, de origen humilde, que llegó a Ministro de Hacienda por ofrecimiento del conde de Toreno (José María Queipo de Llano) y que posteriormente llegaría a ser presidente del Consejo de Ministros. Desarrolló la Ley de Desamortización del año 1836 lo que le acarreó severas críticas, especialmente por su condición de judío.

A partir de esa época se producen las primeras solicitudes de judíos para entrar en España, libres ya de las prohibiciones políticas y religiosas que pesaban sobre ellos. Este hecho provoca la reacción de los políticos españoles que se decantan sobre ese asunto y ponen de manifiesto las filias y fobias, y especialmente se retoma de nuevo el debate sobre la expulsión de los judíos, que concitó una nueva y polémica revisión de este asunto.

La Constitución de 1854-1855. Los debates sobre la cuestión judía

Rincón de la Judería de Córdoba

La Constitución conservadora de 1845 apenas si afecta a la cuestión, pero la de 1854-1855 (llamada la “Non nata” porque no llegó a proclamarse), sí produjo una autentica catarsis sobre el tema. El reencuentro entre los judíos sefarditas y los españoles se inicia a partir de la segunda mitad del siglo XIX y se produce por dos vías: la primera a través de las solicitudes de las comunidades sefardíes de Francia, Países Bajos, Inglaterra y Alemania que aparte de seguir con atención los acontecimientos que ocurren en la península intervienen cerca de los personajes que fueron protagonistas: Prim y González Bravo. La otra vía fue la penetración de judíos a través del norte de África, sumados por los judíos gibraltareños y que progresivamente se irá ampliando a la península.

A partir de la Constitución de 1854, se establece un flujo ininterrumpido de solicitudes de judíos a las autoridades españolas solicitando la entrada en España, poder ejercer libremente su religión mosaica y pidiendo la derogación del Edicto de Expulsión de 1492 aduciendo siempre el cambio político que se había producido en España referido sobre todo a la libertad religiosa y de prensa. Parten estas peticiones de judíos cuyos ascendientes habían sido expulsados de España y que se asentaron en las ciudades del sudoeste francés, en Inglaterra, y en Holanda y que de una manera más o menos clandestina habían mantenido contacto con los conversos españoles y que ahora lo hacían de una manera oficial. Incluso el rabino de Magdeburgo, Philipson, envió una carta al general Espartero y otra al futuro presidente de las Cortes acompañada cada una de una petición firmada por judíos pidiendo la revocación del Edicto de Expulsión y la libertad de cultos. Fue una especie de caja de Pandora que hizo aflorar la situación latente de la cuestión judía en España. Los diputados se dividen en torno a este asunto. El diputado antisemita Modesto Lafuente, máximo representante del liberalismo español, junto con Moreno Nieto, Nocedal, Olózaga y otros estaban en contra de acceder a las pretensiones de Philipson, mientras que a favor estaban Godínez de Paz, Alonso Bayarri, Corradi y algunos más. Finalmente fue Modesto Lafuente el que rechazó la petición del rabino alemán. Este tira y afloja, aparte de debates políticos, pasó a la prensa que también tuvo sus defensores (“El Clamor Público”) y detractores (“Diario Católico, La Esperanza”). El debate ya era notoriamente público.

La revolución de 1868 y las cortes de 1869. Apertura

Vista aérea de la zona de la Judería de Lucena

Las fuerzas políticas que trajeron la revolución de 1868 y que fueron decisivas en la Constitución de 1869, crearon el inicio de lo que podría llamarse la idea revisionista del pasado judío en España; de esta manera, fenómenos históricos como la expulsión de los judíos, la Inquisición, etc., suscitarán las mayores polémicas que tuvieron muchas repercusiones nacionales. La discusión en las Cortes del nuevo texto constitucional dio lugar a debates de extremo apasionamiento, especialmente al tratarse de la forma de Gobierno (republicanos frente a monárquicos, las relaciones Iglesia-Estado, partidarios de la unidad católica frente a los de libertad de cultos, etc.).

El Parlamento de dichas Cortes estaba compuesto en su mayoría por el ala radical, integrada por el Partido Progresista, Republicano Federal, quedando en minoría el Partido Carlista y el Liberal. Entre los primeros, los conservadores, se encontraban los diputados Manterola, Ríos Rosas, Estrada, Álvarez Bugallal, Ortiz de Zárate, Díaz Caneja o el obispo de Jaén. En el bando opuesto, los que defendían la libertad de cultos, se encontraban Castelar, Garrido, García Ruiz, Suñer y Capdevila, Godínez de Paz, Romero Girón, Pi y Margall, el general Prim y Ruiz Zorrilla, entre otros. Estos diputados, especialmente Castelar, argumentaron con gran ardor la vuelta de los judíos a España por dos razones fundamentales: la reparación histórica de los hebreos y, por enésima vez, la utilidad que suponía su regreso para la economía nacional. Estos apasionados debates, consecuencia de la revolución de 1868 (La Gloriosa) tuvieron un gran impacto en las comunidades judías sefarditas europeas y propiciaron una serie de acercamientos a las autoridades españolas, intentándose ya la creación de las primeras comunidades judías a nivel oficial en España.

En este ambiente convulso que vivía España (Sexenio Revolucionario) es cuando los judíos, especialmente los sefarditas europeos, trataron con mayor ahínco de presionar por la libertad de cultos y por asentarse en España y pidiendo nuevamente la revocación del Edicto de Expulsión de 1492, y por vez primera, solicitando autorización para construir una sinagoga en Madrid. El primero en ponerse en contacto con las autoridades españoles fue el presidente de la comunidad sefardita inglesa, Haim Guedalla, judío de origen portugués, que tenía varios títulos nobiliarios que le fueron arrebatados a raíz de la expulsión, pidiendo de nuevo las ya muy conocidas solicitudes: revocación del Edicto de Expulsión, la posibilidad de volver a España y poder formar comunidades judías. El primer judío instalado en España, del que se tiene noticia, fue Alidor Lewy, que por carta, pidió al Gobierno español autorización para la construcción de una sinagoga en Madrid, alegando que también había sido concedido permiso a los protestantes para construir una iglesia. También ya existían pequeñas comunidades hebreas en San Sebastián, sabido por “Les Archives Israelites” (Revista de judíos franceses fundada en 1840). Pero habrá que esperar al 6 de junio de 1869 para que los principios liberales queden consagrados definitivamente. No hubo ninguna revocación oficial del Edicto de Expulsión.

Decreto de expulsión de los judíos

Al parecer, el general Prim, en carta dirigida a las comunidades judías de Bayona y Burdeos, decía que el Edicto quedaba abolido por la revolución de septiembre de 1868, tras haberse proclamado los principios de todas las libertades, y, en particular, la libertad de cultos e invitándoles a que “son libres de entrar en nuestro país y ejercer libremente el culto, así como a los miembros de todas las religiones”. Automáticamente las otras comunidades sefarditas europeas tomaron posiciones ante el cambio político producido en España.

La “Alianza Israelita Universal” de Burdeos escribe al gobierno felicitándole por el cambio y por la apertura que manifestaba en las costumbres y la libertad religiosa. Pero siempre invocando en sus peticiones la derogación del Edicto de Expulsión. Era la primera vez que esta institución, creada en 1860, para defender y difundir la cultura judía por todo el mundo, se dirigía de una manera oficial a un Gobierno español. Esta línea se intensificó durante casi todo el siglo XIX. El reencuentro entre los judíos expulsados de España y la propia España y ya nunca cesará hasta nuestros días, si bien tendrá muchas variables, distintas formas y adaptaciones a la situación del momento, pero tanto en unos como en otros permanecerá latente. También los judíos sefarditas holandeses se dirigieron el Gobierno español.

En 1868 la congregación israelita portuguesa y la de judíos españoles de Holanda y del consejo de ancianos hace lo propio; se dirigen al Gobierno provisional español pidiendo que la libertad religiosa sea una realidad, haciendo referencia a sus orígenes españoles. Lo mismo hacen los sefarditas ingleses que entonces era una de las comunidades más importantes de toda Europa, especialmente en los círculos financieros y políticos. Es importante recordar que en la misma época que el conde duque de Olivares intentó, en el siglo XVII, repatriar a los judíos expulsados de España, Oliver Cromwell les abrió las puertas, entrando un número importante de judíos sefarditas en Inglaterra.

Los judíos ingleses piden, como todos, por carta, la derogación del Edicto de Expulsión de 1492 y que las comunidades hebreas puedan instalarse en España firmada entre otros, por Lionel Rothschild. Guedalla diseña un plan internacional y entra en contacto con muchos de sus correligionarios en Francia, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos. El general Serrano confirmó lo que había dicho Prim. Los periódicos españoles de la época comentaban a toda plana el tema. “La Gaceta de Madrid, Igualdad, La Correspondencia de España, La Iberia, El Imparcial” estaban a favor, pero también hubo los que opinaban de una manera contraria “Las Novedades, Regeneración”. Este último periódico, de tendencia carlista, lanzaba duras críticas contra el entonces ministro de Hacienda, Figuerola, autor del famoso arancel librecambista, acusándole de estar corrompido por los judíos.

Guedalla hizo una intensa labor diplomática a fin de conseguir permiso para edificar sinagogas y reunir fondos suficientes para tal efecto de las comunidades judías europeas y americanas con el apoyo de la prensa hebrea, reorganizó las pequeñas comunidades judías ya existentes en España y, consiguió levantar sinagogas en Madrid, Cádiz, Sevilla, Málaga, Ceuta, Gerona y San Sebastián y el no menos importante regreso e instalación de judíos sefarditas en España. Habían pasado 376 años.