El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha matizado su propuesta de multar a los medios de comunicación que revelen filtraciones de sumarios secretos aclarando que no defiende la idea de penalizar a las empresas periodísticas por publicar ese contenido aunque considera que es necesaria una reflexión para encontrar un equilibrio razonable entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad y la presunción de inocencia de las personas investigadas en causas penales.

«He puesto encima de la mesa esta reflexión, que ha generado no sé si debate o ruido. Mi planteamiento no tiene nada que ver con penalizar a los medios, se trata de una consideración mucho más amplia», ha precisado en declaraciones efectuados a su salida de un acto celebrado en Madrid.

El ministro de Justicia planteó este miércoles «someter a debate y reflexión» si se debe sancionar la filtración de informaciones judiciales sobre casos bajo secreto de sumario y a los medios de comunicación por publicarlas, con el fin de salvaguardar la presunción de inocencia.

«Podríamos someter a debate y a reflexión dónde hay que poner los controles: si en la transmisión de información o en el medio que la publica», ha declarado a los medios tras mencionarlo a preguntas de los asistentes a un almuerzo-coloquio en el Círculo Ecuestre de Barcelona. Lo ha dicho al preguntale un asistente cómo se podría garantizar la confidencialidad en las investigaciones judiciales, lo que el ministro considera muy difícil de lograr, aunque una manera podría ser «prever las sanciones adecuadas para quien lleve a cabo esa filtración» o bien poniendo el foco en los medios de comunicación.

A preguntas de los periodistas, Catalá ha asegurado después que esta cuestión, que no está en el marco jurídico actual, tampoco forma parte de la agenda del Gobierno para esta legislatura. Durante la conferencia, el ministro también ha lamentado que se haya estigmatizado la figura del imputado, al que cree que se ha convertido en un precondenado: «Hemos mandado al garete la presunción de inocencia».

Más tarde el ministro matizó que su propuesta «no tiene nada que ver con penalizar a los medios». «He puesto encima de la mesa esta reflexión y se ha generado no sé si debate o ruido. Mi planteamiento no tiene nada que ver con penalizar a los medios de comunicación», ha señalado Catalá en declaraciones a los periodistas al término de la presentación de la obra Historia de la abogacía española.

Catalá ha incidido en que se ha limitado a plantear una consideración mucho más amplia y ha añadido: «Deberíamos reflexionar sobre si tenemos que encontrar un equilibrio razonable sobre esta cuestión».  Según ha explicado el Catalá, en los últimos días se ha dado «un caso relevante donde se ha puesto de manifiesto una anticipación de la censura social sin que haya ninguna resolución judicial que así lo acredite», en alusión a la investigación al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.

Al respecto, ha considerado «razonable» que los medios, la Justicia, la Fiscalía y el Gobierno discutan sobre este asunto. «No estaría mal que reflexionásemos si lo estamos haciendo bien, si estamos garantizando junto al derecho a la información los derechos de la presunción y la intimidad», ha aseverado.

En este sentido, ha destacado que el debate sobre esta cuestión no es exclusivo de España, al recordar que hace unos días el Parlamento Europeo planteó este asunto, que en algún países comunitarios ya está regulada. No obstante, ha aclarado que esta cuestión no esta en la agenda legislativa del Gobierno ni en ninguna de las leyes en tramitación parlamentaria, ni en el programa electoral del PP, si bien será un asunto que se tendrá que abordar ya en la próxima legislatura.

«Insisto, yo no tengo la solución, lo único que he hecho ha sido reflexionar en torno a una cuestión que en las últimas dos semanas ha protagonizado un debate en toda la sociedad española, en los medios, y que me consta que las personas que son sujetos pasivos de estas cuestiones sufren daño del ámbito reputacional muy importante», ha concluido.

La presidenta de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), Elsa González, ha mostrado un «absoluto rechazo» contra la propuesta del ministro de Justicia y ha indicado que «no es la primera vez que se pone este asunto sobre la mesa y desde el punto de vista periodístico merece un rechazo absoluto. ¿Qué periodismo de investigación se puede realizar si te cortan todas las alas?».

A su entender, tanto el periodista como el medio de comunicación «sabe de su responsabilidad y debe de ser consciente de ello», al tiempo que ha reiterado que ese es el motivo por el que se publica «aquello que se considera de interés público para todos los ciudadanos» y, tras ensalzar la labor de los periodistas de investigación, ha cuestionado «cuántos casos se hubieran hurtado al ciudadano» si no hubieran sido hechos públicos por los medios de comunicación y los informadores.

González ha pedido, en todo caso, «que se persiga a filtradores, funcionarios, jueces… pero precisamente al que lleva las misivas y al mediador, no tiene sentido» y ha manifestado la dificultad de aplicar las sanciones. «Si son los medios los repsonsables, un medio que este localizado en España puede ser castigado, pero el medio que esté localizado en otros sitios como las Islas Bermudas o cualquier medio online es muy complicado», ha indicado.

También la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) se ha referido a la propuesta y ve «intolerable» sancionar a los periodistas, entendiendo que se trata de una «censura previa» que intenta «presionar a los periodistas» para no difundir las informaciones que puedan molestar al poder.

El PSOE vincula la idea con la corrupción del PP

El PSOE ha exigido al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que rectifique las declaraciones sobre la idea de sancionar a los periodistas, que los socialistas creen que surge para salir al paso de los casos de corrupción que salpican al Gobierno y al PP.

La secretaria de Participación del PSOE y diputada por Murcia, María González Veracruz, ha remarcado que no se puede amenazar la libertad de prensa y el derecho de información y ha incidido en que «cuantos más problemas» tiene el PP, más «atacan» la libertad de expresión y de prensa, primero con la ley mordaza y ahora contra los medios y los periodistas, cuya labor ha permitido conocer muchos de los casos de corrupción que han salido a la luz pública.

«Es una casualidad poco casual que esas declaraciones se hagan por el Gobierno cuando más casos se conocen, como la trama ‘Gürtel’, los papeles de ‘Bárcenas’ o lo de Rodrigo Rato –ha declarado–. No se puede atacar la libertad de información por los problemas que tienen el PP».