Imágenes del incidente de Aguirre con los agentes de movilidad

El Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid ha acordado el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas sobre el incidente de tráfico que tuvo la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre con agentes de movilidad, tras aparcar su vehículo en el carril bus de la calle Gran Vía de Madrid.

Así consta en un auto, fechado a 19 de enero, donde recoge que no ha quedado «suficientemente acreditada la desobediencia y las lesiones por imprudencia» denunciadas. Tampoco ve que sean «constitutivos de infracción penal» los daños de la motocicleta de uno de los agentes. Contra esta resolución cabe interponer recurso de reforma en el plazo de tres días o bien de apelación en el plazo de cinco.

En sus argumentos, el magistrado asegura que se aprecia «una frontal oposición» de las versiones de los agentes de movilidad y la expresidenta de la Comunidad y un «resultado igualmente contradictorio de los medios de prueba» practicados durante la instrucción.

Así pues, entiende que la solución no puede ser otra que el sobreseimiento de la causa pues la denuncia inicial «ha sido rebatida» por Esperanza Aguirre, «existiendo incluso más apoyos a su versión que a la de los agentes de movilidad denunciantes» además de «dudas serias acerca de la credibilidad» de éstos.

En este sentido, cita las aludidas declaraciones del instructor y secretario del atestado, «las variaciones y omisiones del agente presuntamente lesionado en sus manifestaciones ante la policía y el juzgado o el contenido del informe médico forense».

También señala que si bien parece «incontrovertible» que los agentes de movilidad le dieron orden de alto, «no ha quedado indiciariamente acreditado que concurra un elemento esencial, conforme a jurisprudencia, para que se pueda hablar de desobediencia cual es que se percatase de la orden de la detención que se le daba».

Este dato viene avalado, según el juez, por la declaración de un policía municipal quien, pese a estar en el momento de la incidencia, «tampoco vio la orden de alto por parte de los agentes de movilidad» a la denunciada. También negó que uno de ellos tuviera que desplazarse, «aunque lo hiciera instintivamente», para no ser atropellado por Aguirre.

Esto, añade, «viene a corroborar en alguna medida la versión de Esperanza Aguirre cuando afirma que no cree que se diera cuenta de la orden de alto que él mismo le dio, ya que no le miró» y tampoco llevaba puestas en el vehículo patrulla las señales acústicas sino las luminosas. Incluso, agrega, estas estuvieron «brevemente» ya que las apagó en cuanto entraron en la calle donde se le impuso la sanción administrativa, en su casa.

La Audiencia lo calificó de delito

El altercado de tráfico llegó a los tribunales madrileños después de que la Policía Municipal remitiera el atestado policial sobre lo sucedido el 3 de abril del año pasado. Ese día, la expresidenta de la Comunidad de Madrid se marchó con su coche tras supuestamente arrollar la moto de un agente que la había multado por aparcar en un carril bus de Gran Vía.

En septiembre, la Audiencia Provincial de Madrid calificó de un posible delito de desobediencia el incidente de tráfico, en contra de la postura mantenida por el juez Carlos Valle, quien consideraba los hechos como una falta leve de desobediencia. Concluida la instrucción, la semana pasada la Fiscalía de Madrid calificaba en su informe de falta el incidente.

La última diligencia que se realizó en la instrucción fue un careo entre dos policías nacionales y varios agentes de Movilidad ante las contradicciones existentes en sus declaraciones relativas al incidente. En su declaración, los agentes de la Policía Nacional manifestaron que los de Movilidad nunca les entregaron parte de lesiones, a pesar de que en su día su sindicato denunció que sí lo intentaron. La propia Aguirre comentó que uno de los agentes de Movilidad manifestó en su declaración que un policía nacional le había impedido presentar el parte de lesiones, algo que la dirigente popular tachó de «mentira».

Ya en mayo, los médicos forenses determinaron que uno de los agentes que denunció a Aguirre al ser supuestamente golpeado cuando ésta arrancó su vehículo no sufrió lesiones de relevancia penal. Según los denunciantes, se presentó un parte de lesiones con un certificado médico de la mutua Asepeyo que confirmaba una lesión muscular. De hecho, el policía municipal estuvo varios días de baja, documento que obra también en manos del instructor.