Cristina y Timerman

Ester Sisack*/Especial para AD.- El 18 de julio de 1994 una bomba destrozaba la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires, Argentina, y causaba 85 muertos y 300 heridos. Después de 20 años, la causa  judicial sigue abierta y el fiscal Alberto Nisman, en recientes declaraciones destacó que las escuchas de conversaciones entre un iraní y un agente de la  inteligencia argentina, que trabajaba bajo órdenes directas de la presidenta Cristina Fernández, dejaban en evidencia lo que llamó un “pacto de impunidad” para iraníes acusados como responsables y prófugos de la justicia.

Con estos datos, Nisman presentó en la semana un pedido de declaración indagatoria al agente de inteligencia, y una acusación contra la Presidenta, su canciller Héctor Timerman, el diputado, de la agrupación La Cámpora, Andrés Larroque, el dirigente Luis D’Elia y otros agentes de inteligencia. Se los acusa de pactar la impunidad de los cinco iraníes prófugos acusados de la tragedia terrorista.

La impunidad en Argentina se lleva una vida más, la del doctor Alberto Nisman, el día antes que debía presentarse en el Congreso a explicar la envergadura de su denuncia. La falta de respuesta de las autoridades políticas para impulsar las acciones judiciales durante veinte años, proclives a los avances y retrocesos, a las desmentidas y acusaciones domésticas, a denunciar inexistentes maniobras desestabilizadoras o difamatorias, actos inconducentes a la espera angustiante de justicia de familiares y amigos y de la ciudadanía toda frente a hechos deleznables como el atentado a la Mutual judía.

Hoy, en cambio, debería el Gobierno, sorteando las gacetillas de prensa del Jefe de Gabinete o del mismo Canciller en Nueva York, salir a dar a los argentinos, a todos, las explicaciones del descontrol de los “servicios de inteligencia”, si fuera el caso, de la falta de atención de quienes debían custodiar y del por qué del hostigamiento mediático contra el hoy fallecido fiscal en los últimos tres días en que funcionarios, representantes, seguidores se propusieron dicotomizar la sociedad, una vez más, entre los que queremos ejercer nuestros derechos de preguntar, denunciar, peticionar y los simpatizantes del gobierno dueños de la verdad revelada.

Empero, nos encontramos frente a un grupo de legisladores oficialistas que, en un gesto de suprema soberbia, sin un ápice de autocrítica, frente a los periodistas convocados, con una carencia total de respaldo en sus aseveraciones cuestionaron a la víctima, sobre todo, por su “dramática decisión” –dando por sentado que se trató de un suicidio- y, también hablaron de “grupos mafiosos” enquistados en los servicios de inteligencia… Gobierna este signo político-familiar desde hace doce años!

Tres posibles perpetradores (intelectuales y/o materiales) del crimen: 1.- el mismo gobierno más por omisión que por acción, 2.- los servicios de inteligencia enredados en sus luchas intestinas o 3.- los iraníes, estos últimos tenían una fatwa contra Nisman. (“Cualquier extranjero que encontrándose en el exterior cometa un delito contra la república islámica puede ser perseguido”, dice la ley iraní)

Sí, el Gobierno resulta perjudicado con esta muerte… pero, es así? O peor hubiera sido el panorama si el fiscal se presentaba en el Congreso? Sin entrar en las conspiraciones golpistas, en la inversión de la carga de la prueba que vuelve sospechosa a la víctima, en la mediatización e idiotización de la cuestión de fondo o cualquier otra que pudiera pensarse resulta que, en cualquier caso, quienes seguimos esperando justicia, como dije al inicio, durante veinte años, más allá de las ideologías partidarias y mezquindades políticas merecemos una respuesta inmediata.

*Periodista argentina y colaboradora de AD