La infanta Cristina se enfrentará a una petición de cárcel de ocho años. Manos Limpias, la única parte del ‘caso Nóos’ que acusará a la hermana del Rey en el juicio, considera, tal y como señaló la Audiencia Provincial de Palma, que la duquesa fue «cooperadora necesaria» de los dos delitos fiscales que cometió su marido, Iñaki Urdangarin, en los IRPF de 2007 y 2008.

Pero Manos Limpias, en su escrito de acusación al que ha tenido acceso este periódico, va más allá del tribunal palmesano, pues considera que Cristina de Borbón incurrió en la agravante de esconderse detrás una sociedad “instrumental”, Aizoon, la mercantil que comparte al 50% con su marido, para cometer estos delitos.

La letrada Virginia López-Negrete invoca el artículo 305.1.b del antiguo Código Penal (ya que los hechos tuvieron lugar antes de la entrada en vigor del nuevo en 2010), que establece como agravante la “existencia de una estructura organizativa que afecte o pueda a afectar a una pluralidad de afectados tributarios”. Este precepto abre las puertas, entiende el sindicato, a pedir para la infanta el máximo que establecía el Código Penal derogado, o sea cuatro años por cada uno de los dos delitos fiscales. (En la actualidad esos mismos delitos están penados con hasta cinco años de cárcel).

El texto insiste en que la “«cooperación necesaria” de la duquesa en el doble fraude fiscal de Urdangarin (la Agencia Tributaria considera que dejó de ingresar 182.005 euros de IRPF del duque en 2007 y 155.138 euros en 2008,) es equivalente a considerarla “coautora” de ambos ilícitos porque sin la participación activa de la hermana de Felipe VI en Aizoon su marido nunca podría haber defraudado al tributar a través de esta sociedad sus trabajos “personales” de consultoría a varias multinacionales.

“La defraudación que realiza Urdangarin en sus IRPF nunca hubiera podido tener lugar sin la decisiva intervención de la persona jurídica Aizoon, y con ella, de sus dos únicos socios al 50%. Es decir, no podía haberse realizado sin la necesaria intervención de la figura de la Infanta Cristina”, apunta el escrito de acusación que Manos Limpias presentará en breve en los tribunales de Palma.

El texto, que insiste en que la hija de don Juan Carlos jamás mostró su «disidencia» a las actividades irregulares de su marido en Aizoon, recuerda que la infanta y su marido se “repartían temporalmente la presidencia de la entidad» y que «ambos contrataban personal a sabiendas de que los contratados nunca habrían de prestar servicios para la sociedad, en la que se cargaban gastos personales del matrimonio y donde compartían tarjetas de crédito”.

Doble

“La Infanta Cristina se ha prestado, tanto en su inicio como en su trayectoria posterior, a que su sociedad sirviera de andamiaje imprescindible para la comisión de los delitos fiscales de su esposo”, apunta la acusación popular, que ve en la actividad de la imputada una doble versión delictiva.

Por un lado, afirma Manos Limpias, la duquesa se lucró “en su propio beneficio”, y, de otra, “facilitó los medios para que lo hiciera su marido, mediante la colaboración silenciosa de su 50% del capital social” para que llegaran a Aizoon fondos “ilícitamente” desviados desde el Instituto Nóos.

“Cristina de Borbón, desde el momento en el que era copartícipe de la sociedad ficticia, estaba contribuyendo con su participación en dichas sociedades simuladas o meras pantallas a defraudar al fisco, beneficiándose además de ello, ya que el dinero que recibía Aizoon no se quedaba en su cuenta, sino que se disponía del mismo por sus socios sin que tampoco éstos declarasen esos dividendos en su impuesto sobre la renta, de manera que la infanta colaboró en la ocultación de tales beneficios”, abunda López-Negrete.

Manos Limpias afianza su acusación de cooperación necesaria en el hecho de que la imputada, según el sindicato, fue siempre “plena conocedora de todo lo que ocurría” en Aizoon y de que esta sociedad tenía como único propósito la defraudación, “lo cual se demuestra con la firma de todas y cada una de las actas de la misma, las cuales son el elemento formal de expresión de la voluntad de los socios, es decir, la voluntad de que el acto, así como los acuerdos, han existido”.