L.G.- El Tribunal de Cuentas ha detectado múltiples “deficiencias” en los contratos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género en los años de 2008 y 2009, con Miguel Lorente al frente y con Bibiana Aído como ministra de Igualdad.

En su informe, el Tribunal de Cuentas ha detectado que en 2008 los órganos de contratación de la delegación de Violencia de Género “no utilizaron, como regla general, el procedimiento abierto como procedimiento de adjudicación” pese a ser el que la Ley de Contratos fija como ordinario, “lo que podría haber afectado al cumplimento efectivo de los principios de publicidad, transparencia y concurrencia que deben regir todo el procedimiento de contratación pública”.

Señala en concreto dos expedientes por un importe total de 5,5 millones que fueron adjudicados de forma directa a la misma empresa alegando razones de urgencia que, según el Tribunal, “no estaba debidamente justificada”.

A su juicio, ello pudo comportar una “falta de transparencia” por parte del órgano de contratación, que debería haber utilizado otro procedimiento.

La “utilización reiterada” de la tramitación de urgencia continuó en 2009 y volvieron a repetirse casos en los que no estaba justificada, según se reconoce en el informe aprobado el 27 de enero y que acaba de remitirse al Parlamento.

También cita tres expedientes tramitados en 2008 mediante procedimiento negociado sin publicidad para premios a guiones cinematográficos en los que la cuantía prevista para premios superaba el máximo permitido para su financiación, así como otros tres contratos administrativos “con objeto distinto pero todos íntimamente relacionados”, que podrían indicar “fraccinamiento en el objeto del contrato con la finalidad de disminuir su cuantía y eludir así los requisitos de publicidad”.

Tampoco ve justificada la declaración de emergencia de otros tres expedientes que debieron pasar por Consejo de Ministros y que recayeron en la misma empresa adjudicataria, por lo que entiende que hubo una “adjudcación directa” que vulnera “los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia en los procedimientos, no discrimnación e igualdad de trato entre los candidatos”.

Sospecha de fraccionamiento de contratos

Igualmente, ha observado una “excesiva acumulación de contratos menores (el 90,12% del total de contratos adjudicados), con carácter especial en el último trimestre del ejercicio 2008, así como una reiterada adjudicación por su importe máximo permitido (12.020,14 o 20.880 euros), “lo que puede ser indicativo de un incumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia, así como un posible fraccionamiento en el objeto de los contratos con la finalidad de disminuir la cuantía de los mismos y eludir así el procedimiento o la forma de adjudicación que hubiera procedido”.

Es más, en tres de esos contratos menores el gasto se aprobó después de la emisión de la factura, por lo que el servicio debía de estar ya prestándose, lo que supone “un incumplimiento del artículo 95.1 de la Ley de Contratos que exige la aprobación previa”, y que en otros cuatro se trataba de “contrataciones de personal encubiertas al margen de los procedimientos públicos de selección de personal”.

Al año siguiente, en 2009, hubo un “importante descenso (del 45%) en el número de contratos”, especialmente los de menor cuantía, debido a una planificación más adecuada, pero la entidad fiscalizadora sigue recomendando “restringir la utilización del procedimiento de contratación menor, así como su reiterada adjudicación por el importe máximo permitido en la Ley”.

En cuanto al sistema de seguimiento en los casos de la violencia de género, el Tribunal de Cuentas ha observado que no se determinó el número exacto de dispositivos a suministrar, provocando una indefinición en el objeto del contrato que también incumple lo previsto en la Ley de Contratos.

En ese contexto, el Tribunal de Cuentas considera necesario que la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género “adopte las medidas necesarias tendentes a centralizar todo el procedimiento de contratación administrativa (preparación, licitación, adjudicación, formalización y ejecución) en una unidad orgánica, con independencia de su procedimiento de adjudicación (procedimiento abierto, negociado o contrato menor), con el fin de homogeneizar criterios de actuación en esta materia, lo que facilitaría el seguimiento de los contratos adjudicados para el desarrollo de sus funciones y, podría resolver algunas de las deficiencias señaladas”.

Las incidencias afectan también a los convenios de colaboración y las subvenciones. No hubo plan de actuación en 2008 y el de 2009 no se aprobó hasta diciembre de ese año, precisamente a requerimiento del Tribunal de Cuentas.

En cualquier caso, se recomienda “iniciar los oportunos expedientes administrativos de reintegro en relación con las subvenciones públicas concedidas a la comunidad autónoma de Galicia y a la ciudad autónoma de Melilla, exigir el ingreso del preceptivo interés de demora con respecto a los reintegros efectuados por Aragón y Cataluña y los ayuntamientos de Alcalá de Henares, Santa Cruz de Tenerife y Valencia, y reclamar a Extremadura interés de demora derivado del reintegro efectuado por una subvención directa concedida en 2009.

El observatorio no cumple sus funciones

Por otro lado, el Tribunal cuestiona el papel del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer durante 2008 y 2009, un órgano de asesoramiento y colaboración institucional que elabora informes y propuestas de actuación, porque considera que el pleno del mismo no celebró el número de reuniones establecidas en su reglamento, lo que, a su juicio, podría afectar a su función como órgano de asesoramiento y evaluación.

Igualmente, ha verificado que no tiene constancia de que colabore con el resto de observatorios estatales sobre salud, convivencia, o trato a las mujeres, constituidos en otros departamentos ministeriales, o incluso con otros observatorios autonómicos de violencia de género; una coordinación que considera “necesaria”.

En otro orden de cosas, y aunque no figura en los aspectos centrales del informe, el Tribunal de Cuentas destaca que la delegación que dirige Miguel Lorente no ha acreditado haber remitido al Gobierno los informes anuales que marca la Ley Igualdad sobre la distribución por sexos de los puestos de trabajo en cada departamento.

Nueve mujeres y un solo hombre

Aún así, tomando como referencia las Relaciones de Puestos de Trabajo de enero de 2008 y noviembre de 2009, certifica que la presencia de mujeres es abrumadoramente mayor a la de los hombres en este organismo.

En concreto, del total de 19 funcionarios que prestaban sus servicios en la delegación en enero de 2008, la distribución por sexos era del 94,74 por ciento de mujeres, “mientras que tan solo el 5,26 por ciento eran hombres”. Casi dos años después el porcentaje masculino habría crecido 15 puntos, hasta el 20 por ciento, pero el 80 por ciento restante seguía copado por féminas.