Dos policías salen de la sede del PP en Génova.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz notificó la tarde de ayer un auto por el que ordenaba requerir al PP la entrega de la “totalidad de la documentación de cualquier género que obrara en las dependencias de la Tesorería, Gerencia, Contabilidad, Caja, Auditoría Interna o cualesqueria otros archivos” relacionada con las obras llevadas a cabo por Unifica para la reforma de la sede del PP, así como cuanta información y documentación adicional hubiera sobre la supuesta contabilidad B de los populares.

En el auto, el magistrado explica que el PP aportó la pasada semana un informe a la Fiscalia Anticorrupcion en el que “se ponen de manifiesto nuevos documentos de relevancia penal para la presente instruccion”. En total, se trata de 17 indicios -hojas de facturación, ordenes de pago, recibís-, de los que solo cinco habían sido aportados al juzgado en agosto pasado, cuando se los reclamó el juez.

Segun el auto, se constata que obra en los archivos del PP entregados a la Fiscalía “determinada documentación relativa a los extremos objeto de investigación , cuyos originales y/o correspondientes archivos informáticos deben ser definitivamente traidos a las actuaciones, al resultar ello necesario e ineludible para la correcta investigacion”.

Facturación ficticia

El auto señala que de lo investigado hasta el momento se desprendería “indiciariamente una actuación coordinada en el proceder tanto de Unifica como de los entonces responsables de la Tesorería y Gerencia del PP” entre 2005 y 2011, fecha de las remodelación de Génova 13. Se refiere a Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Cristóbal Páez.

Ruz considera que la certificación y facturación de determinadas reformas llevadas a cabo en la sede central del PP pudieron dar cobertura “a una facturación oficial ficticia”, que sería liquidada con fondos existentes en el sistema económico vía cheque contra presentación de factura, y presumiéndose de forma indiciaria el abono de la parte restante de los trabajos ejecutados mediante “fondos ajenos” y que pudieren guardar correspondencia con las anotaciones contables reflejadas en los denominados papeles de Barcenas.

Suspensión de las declaraciones

El requerimiento judicial fue el colofón a una jornada en la que un nuevo informe de la Policía remitido a Ruz estrecha el cerco sobre dos personas que tuvieron vinculación con la ejecución de las obras realizadas: el exjefe de seguridad del edificio de la calle Génova número 13 de Madrid, Antonio de la Fuente, cuñado del extesorero Luis Bárcenas, y de la encargada de ejecutar las obras y empleada de Unifica, Laura Montero. Ambos tenían que haber comparecido ayer como testigos en la Audiencia, pero en vista de las nuevos datos aportados por la Policía a partir de correos electrónicos personales el fiscal ha pedido al juez la suspensión de las declaraciones para que comparezcan como imputados.

Romeral considera que en los nuevos informes hay pruebas que incriminan a De la Fuente y Montero. De ahí la suspensión de las declaraciones acordada por el juez Ruz, a la que se han sumado las acusaciones populares de la causa sobre la supuesta contabilidad secreta del PP. Ahora el juez tendrá que decidir en un auto su imputación y fijar las fechas de las declaraciones para que vengan con abogado defensor.

Presupuesto falso

En el caso de De la Fuente, la Policía Judicial ha incorporado a la causa un correo en el que el cuñado de Bárcenas pidió al arquitecto Gonzalo Urquijo, dueño de Unifica e imputado por delitos fiscales, que le hiciera «un presupuesto ficticio» para pedir al banco una ampliación de su hipoteca. Mientras que las sospechas sobre Laura Montero se centran en su papel en la ejecución de las obras de Génova 13 y el conocimiento de las facturas y los pagos de las mismas.

Los investigadores sugieren que hubo descuadres contables en una factura de febrero de 2008. Se trata de la certificación final de la obra de una planta por 701.000 euros, mientras que 12 días antes esa misma factura era de 483.000 euros. «¿A qué se debe la diferencia?», preguntó el fiscal a uno de los testigos, Juan Rodríguez, contable de Unifica. «No lo sé, no se lo puedo contestar», declaró el empleado, según señalaron fuentes jurídicas presentes.

Rodríguez, que fue despedido el verano pasado por incumplimiento de sus funciones y desobediencia, añadió que siempre hacía lo que ordenaba Urquijo, con el que no tuvo contacto desde su despido hasta el pasado lunes, cuando le avisó de que iba a ser llamado a declarar. Según manifestó, los pagos por las obras nunca se produjeron con dinero negro o con efectivo, pero sí con transferencias y talones, tal y como defendió el PP en un escrito remitido la semana pasada al fiscal del caso.

El informe policial remitido al juez también ha abierto otras vías de investigación a raíz de los correos personales de los trabajadores de Unifica. En varios de ellos se pone de relieve las millonarios inversiones que hizo la empresa en 2007 y 2008, coincidiendo con los pagos de las obras de Génova 13.

En un correo de mayo de 2008, el contable de Unifica da la orden a un gestor de Banca March, con copia a Urquijo, para que coloque 3,5 millones a vencimiento de un mes al 4,3% de interés. En otra comunicación, Juan Rodríguez pide al mismo gestor en enero y marzo de 2008 que invierta en Londres a vencimientos cortos. Se trata de tres partidas de 650.000, 1.500.000 y 800.000 euros, en total 2,95 millones de euros.

La investigación de la remodelación de la sede de los populares parte de un auto del juez Ruz de noviembre en el que confirma la coincidencia de tres pagos por valor de 888.000 euros, computados en 2008 en la supuesta contabilidad secreta de Bárcenas, con anotaciones halladas en el registro de Unifica.