El ex secretario general del PP Francisco Álvarez-Cascos, a su salida de la Audiencia.

Los ex secretarios generales del PP Javier Arenas y Francisco Álvarez-Cascos han negado que en el partido haya habido movimientos de dinero en B, rechanzando así la presunta contabilidad opaca, aunque han reconocido que no había por su parte un control de las donaciones porque consideraban que eso era competencia del tesorero, por entonces Álvaro Lapuerta. En su declaración ante el juez, los dos han negado haber percibido el dinero que figura en los apuntes contables de Bárcenas y han afirmado que todo lo que han recibido del PP lo han declarado a Hacienda.

Álvarez-Cascos ha declarado ante el juez Ruz por espacio de dos horas y posteriormente lo ha hecho Arenas durante una hora y media. Según los abogados de la acusación presentes en ambas comparecencias, la frase más repetida ha sido la de “no recuerdo” y ninguno ha negado el cobro de sueldos de forma tajante, sino utilizando fórmulas como “no tengo constancia” o que siempre han tributado por todo lo obtenido.

Sobre el control de las donaciones, las mismas fuentes señalan que no existía mecanismo alguno para hacer cumplir lo señalado en la Ley de Financiación de partidos políticos de 1985 o la de Régimen Electoral General, señalando que el competente para ello era el tesorero, y que nunca preguntaron si dicho control existía de algún modo.

Álvarez-Cascos ha reconocido que compatibilizó su puesto de secretario general con el de tesorero entre 1990 y 1993, tras ser inhabilitado Rosendo Naseiro. El juez Ruz no le ha dejado contestar a las preguntas que se le han formulado sobre lo que podría haber cobrado en su etapa como ministro, ya que dicha respuesta podría incriminarle y ha acudido como testigo.

Por su parte, Arenas ha admitido su presencia en la reunión de marzo de 2010 con Rajoy, Bárcenas y su esposa, aunque de ella sólo recuerda que se hablara de que el extesorero mantuviera su despacho en la sede de Génova y el coche del partido, sin recordar que se dijera del cobro de emolumentos. El actual responsable de Política Autonómica y Local del PP también ha sido interpelado en relación a lo que dijo Bárcenas el pasado 15 de julio cuando explicó que tras dejar su cargo de tesorero y liquidar esa supuesta caja B, entregó en marzo de 2010 a Arenas el “remanente” de 4.900 euros y éste le dijo: “Chico, cógelos, los metes en un sobre y se los dejas al presidente y el sabrá lo que tiene que hacer”. Arenas ha desmentido las palabras de Bárcenas señalado que él no se expresa en esos términos.
Maratoniana jornada

Arenas abandonaba el juzgado pasadas las 17.00 horas. Lo hacía “tranquilo” y seguro de que su declaración había ido “muy bien”, según apuntaba brevemente. Su salida cerraba una maratoniana jornada de declaraciones que arrancaba con la del cajero del PP Antonio Ortiz, quien ha negado haber tenido conocimiento del pago de sobresueldos en el PP con dinero procedente de una contabilidad B.

A continuación era interrogado el sucesor de Luis Bárcenas en la gerencia del Partido Popular, Cristóbal Páez, quien declaró durante más de dos horas ante Ruz. Páez, que ya no trabaja ni pertenece al partido, ha admitido al menos un pago que aparece en los ‘papeles de Bárcenas’, en concreto una entrega de 6.000 euros de 2 de junio de 2008, según fuentes jurídicas. La referencia es “concepto de gratificaciones” a “Cristóbal Páez”, aunque hay otra anotación de 25 abril de 2007 a nombre de “Cristóbal M. D. E. Z.” de 6.000 euros que podría pertenecer también al testigo. Páez dirigió la gerencia del PP entre 2009 y 2010, un periodo transitorio después de que Bárcenas dejara temporalmente sus responsabilidades en el partido tras ser imputado en el ‘caso Gürtel’ y hasta que Mariano Rajoy designó a José Manuel Romay Beccaría, actual presidente del Consejo de Estado, como tesorero nacional.

Tras estas declaraciones, y tras un breve receso, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que ha retirado los teléfonos móviles y las tabletas a los abogados de la acusación para evitar filtraciones, interrogaba a Francisco Álvarez-Cascos. El actual presidente de Foro Asturias, al que se le atribuyen pagos en los ‘papeles de Bárcenas’ por valor de 421.623 euros entre 1990 y 2004, había llegado a la Audiencia Nacional entre abucheos e insultos por parte de un grupo de preferentistas que se encontraban apostados en el lugar y que le gritaron “chulo” y “ladrón”, al tiempo que portaban pancartas pidiendo su ingreso en prisión. Pese a ello, recorría a pie y con paso lento los más de cien metros que separan el Paseo del Prado de la entrada a la sede judicial. Su declaración estaba prevista para las 11.30 horas pero se retrasó considerablemente. Dos horas después de comenzar el interrogatorio, abandonaba los juzgados sin hacer declaraciones a la prensa y protegido por la Policía, que le ha acompañado hasta el coche que le esperaba. Posteriormente le llegaba el turno a Javier Arenas, quien a su llegada a la Audiencia Nacional, pasadas las 12:20 horas, también había sido acogido con gritos de “corrupto” y “sinvergüenza”.

Semana clave

Lo que deparen esta semana las diligencias el ‘caso Bárcenas’ probablemente marcarán un antes y un después en la investigación de la supuesta financiación irregular del Partido Popular. Esta es la sensación que tiene el entorno del juez Ruz, que ha marcado en rojo las citaciones previstas para este martes y el miércoles en la Audiencia Nacional, con la testifical de la actual secretaria general del PP María Dolores de Cospedal en el centro de todas las miradas.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco ha hecho un paréntesis en su periplo vacacional para conocer las versiones de la ‘número dos’ popular y dos de sus antecesores en la secretaría general, Arenas y Álvarez-Cascos, sobre el sistema de donaciones y el pago de sobresueldos en ‘dinero negro’ a los principales dirigentes, tal y como denunció Bárcenas en su última declaración judicial.

Ruz quiere trazar una línea histórica de cómo funcionaba la financiación del partido en el Gobierno desde 1990 hasta la actualidad, la entrada y salida de fondos y el control de los mismos, pese a que ya ha recalcado en varios autos que los hechos que investiga anteriores a 2007 han prescrito. La traducción en el Código Penal sería el delito fiscal (si supera en un ejercicio los 120.000 euros de fraude), el cohecho (soborno o dádiva a cambio de realizar -u omitir- un acto) y la malversación de caudales plúblicos.

No obstante, pese a que la vigencia de los delitos investigados correspondería a la actual etapa de María Dolores de Cospedal, el juez considera que las citaciones de Arenas y Álvarez-Cascos son “pertinentes, útiles y necesarias” en atención a su responsabilidad interna en el partido “durante los distintos periodos en que se extiende la presunta contabilidad B y la realidad de los apuntes en ella contenidos (en referencia a las anotaciones de los papeles de Bárcenas entre 1990 y 2009)”.

El escollo de Cospedal

El miércoles le tocará el turno a María Dolores de Cospedal, que declarará como testigo a partir de las 10.30 horas en la Audiencia Nacional, tal y como ella prefirió pese a que su cargo como presidenta de Castilla-La Mancha le hubiese ahorrado este viaje.

Su interrogatorio es el más esperado. Primero porque es la actual secretaria general del PP desde 2008 y los hechos investigados por el juez que no han prescrito abarcan este periodo. Segundo porque deberá de aclarar el sistema de financiación del partido antes y después de que se reformase la ley, en julio de 2007, y las donaciones pasarán a ser nominales. En tercer lugar tendrá que responder por los sobresueldos que, según Bárcenas, cobró en negro hasta 2010.

Por último, Cospedal deberá de aclarar un asunto «muy sensible» para ella, según fuentes jurídicas. Se trata del recibí presentado por el extesorero en el que se aseguraba que el PP de Castilla-La Mancha recibió un pago de 200.000 euros de la constructora Sacyr para la campaña de la número dos del PP. Ello, después de que una filial de dicha empresa, Sufi, se hiciera con el servicio de limpieza del ayuntamiento de Toledo. El recibí entregado al juez está firmado por el gerente del PP manchego, José Ángel Cañas, y data de 2007, es decir, el supuesto cohecho no habría prescrito.