«Yo nací aquí en el Maresme, cerca del mar; me fui a vivir a Alemania con mi marido, pero soñaba con regresar para siempre a vivir en Sant Vicenç de Montalt. Pero ahora no podré ver el mar…» Desde el país germano, por teléfono, Neus Serena se lamenta.

Neus, junto a otros cuatro vecinos de la urbanización de viviendas unifamiliares del Mirador de Sant Vicenç, situado en la falda montañosa del municipio costero de Sant Vicenç de Montalt (Barcelona), han presentado una denuncia ante el Consistorio en la que la exigen que se paralice la construcción de una de la treintena de casas de su zona residencial, y que se derribe en parte, porque sostienen que tienen una altura ilegal. En un principio estaba planificada por la promotora para ser de planta baja, pero se está construyendo con planta baja y un piso. Se está levantando justo enfrente a la de Neus y le tapa en parte las vistas al Mediterráneo.

El Ayuntamiento, gobernado por CiU junto a un concejal del PSC, sostiene que la obra es legal, según señalaron desde Urbanismo. También la promotora. Pero a unos y otros les unen unos lazos que siembran la sospecha de un supuesto «trato de favor», como así se atreve a llamarlo otro vecinos denunciante, Pere Sibina.

La arquitecta municipal, que en su día informó favorablemente sobre la licencia para construir la casa denunciada, es Marta Pujol Ferrusola, una de las dos hijas del expresidente de la Generalitat. Y resulta que la empresa promotora de la urbanización, que también construyó algunas de las casas hasta que por la crisis optó por vender sólo las parcelas a medio construir -como es el caso de la casa de enfrente a la de Neus, que desde el año 2012 construye otra empresa-, es Bluegreen Village S.L.. Pertenece al grupo Teyco, propiedad de la familia Sumarroca. Su «pater familias», Carles Sumarroca, fue fundador de Convergència y es íntimo amigo de Jordi Pujol. La esposa de Sumarroca creó junto a la esposa de Pujol la empresa Hidroplant.

Publicidad engañosa

En su denuncia presentada ante el Ayuntamiento la semana pasada, los vecinos afirman que la casa que priva de vistas a Neus infringe los límites legales de altura. Según ellos, la empresa promotora proyectó para este conjunto residencial -formado por 34 viviendas unifamiliares- una altura máxima de una planta. «En su publicidad», y al vender las viviendas, afirman los denunciantes, la promotora garantizaba a los compradores «que todas las unidades constructivas dispondrían de vistas al mar, sin perjudicarse unas a otras». Pero Neus se queja de que su casa tiene vistas a un techo, no al Mediterráneo.

«La vivienda es legal y no se ha hecho ninguna modificación de la altura», afirma sin embargo Marta Pujol a ABC. La arquitecta argumenta, al igual que la promotora, que la urbanización se ajusta a lo que dicta el Plan Parcial de la zona, aprobado definitivamente en 1990, aunque las primeras casas no se empezaron a construir hasta 2002, y que contemplaba para todas las viviendas a construir en la urbanización una altura máxima de 9,15 metros. La mayoría tienen un piso.

En 2002 se aprobó un Estudio de Detalle de la urbanización, que se completó con un anexo en 2007. Para los vecinos, dicho anexo define el número de plantas y altura de las distintas casas, y es vinculante, extremo que niega el Consistorio, Pujol y la promotora. «No dice nada de las alturas, y se remite al Plan Parcial», afirma Pujol. Desde Bluegreen Village, Rubén Fontdevila, representante de su departamento técnico, la secunda. Y afirma que nunca se comprometieron con los vecinos a no alcanzar el límite de altura edificable del Plan Parcial.

La versión de los denunciantes es otra muy distinta y pese a las explicaciones oficiales, los vecinos por ahora han pedido paralizar la obra. Incluso, no descartan acabar ante la justicia ordinaria.