La Liga Anticorrupción ha presentado en la Fiscalía Anticorrupción en Madrid una denuncia por supuesta prevaricación contra el Presidente de Melilla y Senador del Partido Popular Juan José Imbroda por un delito de prevaricación por el Caso Tribugest.

La Liga Anticorrupción, que esta misma semana abrió su delegación territorial en Melilla con Mari Nieves Vida al frente, ha interpuesto esta mañana ante la Fiscalía Anticorrupción en Madrid una denuncia por presunta prevaricación contra el presidente de Melilla y senador del Partido Popular Juan José Imbroda, por permitir la venta del contrato de recaudación de los tributos de Melilla de una empresa a otro, en el llamado Caso Tribugest.

Una cesión que incumple la ley a todas luces

La empresa Tribugest Gestión de Tributos S.A. con un capital social de 9,9 millones de euros resultó adjudicataria en 2006 del servicio de recaudación de los tributos de los melillenses hasta el año 2016, por la que actualmente se facturan unos dos millones de euros al año. Unos meses después, en 2007 Tribugest creó la empresa Gestión de Tributos y Recaudación S.L. con un capital social de 3.000 euros. Unos meses más tarde le cede a la nueva empresa la adjudicación del contrato de recaudación de los impuestos de Melilla. Finalmente en 2008 vende esta sociedad al empresario Salvador Cambló, con la consiguiente venta del contrato de recaudación. La Liga Anticorrupción ha denunciado ante la Fiscalía que en la práctica se ha vendido un contrato con la administración pública, sin que el Presidente de Melilla Juan José Imbroda se opusiera y sin que la nueva empresa cumpliera con los requisitos establecidos en la ley para ello, entre otros el de que sea aprobada esa cesión por la mesa de contratación de Melilla, que la nueva empresa estuviera clasificada y que su solvencia estuviera acreditada, tal y como marca la ley, por lo que el Presidente de Melilla y Senador del PP habría incurrido en un delito de prevaricación.

Una venta que se ha ocultado a la opinión pública durante cinco años

Durante cinco años el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla ha ocultado a la opinión pública y a los propios diputados de la Asamblea de Melilla que la empresa que gestionaba sus impuestos no era Tribugest, pese a ser la concesionaria hasta 2016. El escándalo ha saltado a la opinión pública tras una queja planteada ante Tribugest por el diputado socialista Dionisio Muñoz, a la que el vicepresidente de Tribugest contestó por carta que ellos no tenían nada que ver con la gestión de tributos en Melilla desde 2008. Como refleja la denuncia, sólo una semanas antes, y como ejemplo del oscurantismo en que se ha movido el gobierno presidido por Juan José Imbroda, el Consejero de Economía de Melilla Daniel Conesa respondía al diputado de Coalición por Melilla Mustafa Aberchán a preguntas sobre la gestión de Tribugest en la recaudación de los impuestos, sin desvelar en ningún momento que esta no era ya la empresa que realizaba esas funciones para la Ciudad Autónoma de Melilla. Desde la Liga Anticorrupción señalan que esto demuestra el claro interés por ocultar un hecho que el Presidente y el Consejero de Economía de Melilla saben que es ilegal.

El beneficiario es el controvertido empresario Salvador Cambló, investigado por el cobro de los recibos del agua con Jesús Gil en la Costa del Sol.

Tal y como refleja la denuncia presentada por la Liga Anticorrupción ante la Fiscalía esta mañana el beneficiario de la operación es el controvertido empresario Salvador Cambló Moyano, quien ya logró el contrato de recaudación de los impuestos en Melilla en 1999 dentro de un gran escándalo producido por el hecho de que las tres empresas que concursaban eran de su propiedad. No menos controvertida fue su gestión al frente del cobro de los recibos del agua de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol durante la presidencia de Jesús Gil y Gil como alcalde de Marbella o la no menos polémica participación de miembros de su empresa en un caso de falsificación de firmas para el cobro de multas de tráfico en Santander. Salvador Cambló no es por tanto una persona ajena a la vida política melillense, y tal y como refleja la denuncia, es amigo personal de Juan José Imbroda y de numerosos cargos del Partido Popular de Málaga, ciudad en la que él trabajó como empleado de la Diputación.

No puede ser una cesión de una rama de actividad

La Liga Anticorrupción también ha señalado en su escrito de denuncia que esta venta del contrato de la recaudación de los impuestos de los melillenses no puede ser considerada como una cesión de una rama de actividad tal y como alega el Consejero de Economía de Melilla Daniel Conesa, puesto que esa figura está reservada para otras funciones y para llevarla a cabo también habría que cumplir otros requisitos que no se cumplen en este caso.

Para la Liga Anticorrupción, el Caso Tribugest, que es como ya se le conoce en Melilla a este asunto, es la demostración de la opacidad con que habitualmente se ha movido la administración pública en esta ciudad, opacidad de la que siempre nace la corrupción. Por ello la Liga Anticorrupción ha señalado que como anunció durante la presentación de la delegación territorial en Melilla, “la impunidad se ha terminado en la ciudad y los políticos deben saber que vamos a pedir responsabilidades políticas y judiciales a todo el que incumpla la ley y utilice dinero público para beneficio propio, el de sus correligionarios o amigos”.