Los termómetros no subían de los 14 grados ayer en Sevilla cuando la manifestación convocada por sindicatos de funcionarios y colectivos afines a estos echó a andar frente al palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía. Tras una pancarta que rezaba «Derogación de decreto ley 5/2010 ¡ya! Por una Administración imparcial y no politizada», varias miles de personas (10.000 según la Junta y 45.000 según el CSIF) hicieron frente al frío húmedo de la capital hispalense y se dispusieron a recorrer durante dos largas horas las calles del centro de Sevilla hasta la sede del Parlamento andaluz.

Con esta segunda protesta, catorce organizaciones, entre ellas los sindicatos CSIF, Ustea y Safja, volvieron a reclamar al Gobierno andaluz la derogación del decreto, aprobado en julio y modificado en noviembre, que reordena el sector público. Los sindicatos hicieron ver claramente a la Junta que no aceptan la oferta de diálogo para realizar propuestas en el Parlamento al proyecto de ley que sustituirá al decreto, pero que, en realidad, parte del mismo texto. Es decir, la oferta del Gobierno y del PSOE consiste básicamente en que los sindicatos hagan modificaciones a lo que afecta al personal de las nuevas agencias para que quede claro que no se hará funcionario a quien entre como laboral o contratado fijo. Pero no están dispuestos a modificar lo que es estrictamente reordenación administrativa, algo que el Ejecutivo de Griñán entiende que concierne sólo al que gobierna y al Parlamento, pero no a los sindicatos. Aquí subyace la principal discrepancia.

Manifiesto

Como se recordará, el polémico decreto -dos veces modificado con el acuerdo de CC OO y UGT – suprime 111 empresas públicas y aglutina las restantes, otro centenar, en una docena de grandes agencias empresariales públicas. Estas tendrán actividad regidas tanto por el derecho público como privado, por lo que convivirán en ellas lo mismo personal funcionario que laboral, además del contratado de las empresas, más de 26.000 personas, la mayoría fijas.

En un manifiesto que los convocantes leyeron al final de la protesta, se dice que se oponen a un modelo de reordenación que legalice «situaciones irregulares», en referencia a los contratados, ya que se oponen a que se les considere empleados públicos; rechazan las agencias o cualquier otra fórmula de administración que consideran «paralela o de gestión privada». «Queremos un modelo de reordenación en el que las potestades públicas sean ejercidas de forma independiente y en defensa del interés general, con objetividad e imparcialidad, por funcionarios públicos», argumentan. La portavoz de Ustea, Rocío Luna, manifestó que la norma es una pérdida de derechos para los ciudadanos porque coloca a la Administración «en manos de quien gobierne». La responsable de CSIF, Alicia Martos, advirtió a los políticos que tomen nota del «grado de disconformidad generalizado de los empleados públicos andaluces».

Durante el recorrido, los manifestantes corearon frases como «pumba, pumba, pumba, el cortijo se derrumba», «a la Administración por oposición», «no al enchufismo ni a la privatización» y «Griñán, cateto, deroga el decreto».