Luis Bárcenas, extesorero y exsenador del PP, acudió a un notario de Madrid el pasado 14 de diciembre para certificar un documento en el que asegura que ha sido responsable junto a Álvaro Lapuerta -anterior extesorero del partido- del “control de los ingresos y gastos del Partido Popular entre los años 1994 y 2009”, según recoge el último informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía, que ha sido remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

Bárcenas señaló al notario que esta cuenta “analítica” refleja exclusivamente los ingresos obtenidos por el concepto de donativos y su correspondiente aplicación en concepto de gastos, “encontrándose visado el correspondiente soporte documental por ambos como responsables de la utilización de dichos fondos y reflejando con detalle los nombres de los donantes y los perceptores de fondos…”.

La UDEF señala en su informe sobre las cuentas suizas del extesorero del PP que “el cliente tiene la voluntad de dar todas las justificaciones necesarias para cada movimiento que hace desde 2004 si el banco está satisfecho con ello. Que antes de esa fecha, los fondos provienen de la venta de cuadros así como del negocio inmobiliario cuyos beneficios son muy jugosos”, asegura Bárcenas.

Esta afirmación la desmienten las conclusiones del informe de la UDEF, que señala que los beneficios con estos negocios y las inversiones bursátiles, más de 2,7 millones, no se justifican con la fortuna de hasta 22 millones que llegó a amasar Bárcenas en Suiza.

“Estrategia” para proteger su dinero

El documento de la UDEF concluye asimismo que Bárcenas, implicado en el caso Gürtel en febrero de 2009, diseñó una “estrategia” para proteger su patrimonio en el exterior “de cara a posibles intervenciones judiciales”. En este sentido, el informe indaga en el origen de los 22 millones de euros que el extesorero llegó a tener en las cuentas suizas, así como los pasos dados tras su implicación en el caso, con especial atención a las fechas posteriores al inicio de la operación policial contra la trama (6 de febrero de 2009) y el día que Bárcenas fue implicado en la trama (el día 23).

El extesorero habría liquidado su cartera de inversión y diversificado su patrimonio mediante transferencias de fondos, “encubriéndolo todo como inversiones en proyectos económicos (empresa de producción agrícola en Argentina y de maderas preciosas en Brasil) e inmobiliarios”. Días después de su implicación en Gürtel, el 20 de febrero de 2009, el extesorero del PP hasta 1990 Ángel Sanchís -implicado en el caso Naseiro- se presentó en el banco suizo con una carta firmada por Bárcenas en la que le otorgaba su representación. Allí preguntó por la forma de liquidar la cartera de inversión de Bárcenas y de retirar los fondos de las cuentas, “en efectivo o mediante transferencia”.

Unos movimientos para “enmascarar” el origen de sus fondos “en operaciones de inversión colectiva con otras personas”, cuando, “hablando en nombre propio y de los que dice otros amigos”, puso en conocimiento de la persona del banco que gestionaba sus activos que iba a invertir con varios socios y retiraría dinero de la entidad, según el informe, que apunta a que Bárcenas comunicó al banco que las inversiones en Argentina y Brasil las iba a realizar en empresas pertenecientes a “su amigo” Sanchís.

Fraude fiscal

Por otra parte, el informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) del Ministerio de Hacienda presentado ante el juez Ruz señala que Bárcenas dejó de ingresar un total de 1.085.416 euros en concepto de IRPF e Impuestos de Patrimonio correspondientes al ejercicio 2007, cuando el extesorero acumulaba más de 22 millones euros en cuentas a nombre de la sociedad Sinequanon en el Desdner Bank de Suiza.

Según el informe entregado por la Agencia Tributaria al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, la cuota tributaria dejada de ingresar correspondiente a Bárcenas, casado en régimen de separación de bienes con Rosalía Iglesias, ascendió a 500.693,38 euros en 2007, a los que habría que sumar otros 584.724,23 euros correspondientes al IRPF de ese mismo año. Hacienda deduce que las cuotas dejadas de ingresar a la Hacienda Pública por ambos impuestos “superan ampliamente” el importe de 120.000 euros en el que se sitúa el límite del delito fiscal.