Castilla-La Mancha, una de las regiones más desfondadas por la crisis, gastó en 2012 un total de 160.890,11 euros en mantener en Toledo la oficina que permanece al servicio de José Bono, el que fuera presidente de la autonomía hasta que en 2004 renunció para ser ministro del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Se trata de una «Secretaría de apoyo», de la que Bono podrá disfrutar hasta mayo de 2024, cuando se extinguirá para él este derecho legal, previsto para prolongarse en el tiempo tanto como duró su mandato: exactamente 20 años, 10 meses y 11 días. De agotar esa posibilidad, la carga para las arcas castellano-manchegas de su despacho de representación habrá supuesto un coste superior a los tres millones de euros, destinados a pagar principalmente un chófer y dos empleados eventuales a disposición del expresidente, que no recibe de forma directa ni un céntimo de ese dinero. Aunque por ley, si lo deseara, podría incorporarse al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha como miembro nato y cobrar un sueldo vitalicio igual al de un viceconsejero (58.000 euros brutos anuales), que en todo caso sería incompatible con cualquier otro ingreso público o privado.

Del exceso a la crisis

José Bono fue uno de los dirigentes regionales que en su día sucumbieron a la tentación de dejar bien atado un retiro de oro para sí mismo y para quienes le sucedieran. Lo hizo en 2003, poco antes de saltar a la política nacional. Antes habían regulado privilegios semejantes Eduardo Zaplana en la Comunidad Valenciana y los había apuntado Juan Carlos Rodríguez Ibarra en Extremadura (ambos en 2002), o Jordi Pujol en Cataluña (2003), aunque el pionero en dotar a los expresidentes regionales de un estatus especial fue Juan José Ibarretxe en el País Vasco con un decreto firmado en 1999.

En época de esplendores económicos, tales distinciones se justificaron en la voluntad de reconocer el trabajo de los próceres autonómicos y en el deseo de seguir contando, aun de forma indirecta, con su experiencia fundamental y prestigiosa para la buena marcha de las andaduras autonómicas. Pero hoy algunas de las prerrogativas que se regularon se antojan excesos, y más de una Comunidad ha empezado a liquidar atenciones y suntuosidades, empezando por las que afectan al talonario público.

En Castilla-La Mancha, el PP lo ha intentado un año tras otro, pero sin éxito. En 2003, su apoyo valió para que efectivamente fuera aprobada por unanimidad la «Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha», contra la que, y a medida que se deterioraba el escenario económico, han pedido «todos los años la modificación del artículo 25 de los Presupuestos» que regula la partida que nutre los privilegios previstos para los expresidentes. Los votos del PSOE han frenado sistemáticamente tal reforma, así como una proposición de ley en 2010 y una enmienda a las Cuentas de 2011 presentadas por el PP en las Cortes castellano-manchegas en idéntico sentido: que los ciudadanos dejen de pagar de una vez por todas de su bolsillo los futuros de lujo que ciertos políticos se preparan mientras gobiernan. No ha sido posible.

El PSOE se resiste

En virtud de esa norma vigente, la Comunidad de Castilla-La Mancha ha pagado mientras José Bono ha sido ministro de Defensa, presidente del Congreso y aún hoy, retirado ya de la primera línea política y dedicado a actividades privadas, los gastos de dos secretarias y un conductor, cuyas retribuciones deben ser «las mismas que las que perciban el secretario y el conductor de la Junta de Comunidades».

Según los datos de esta institución, esas partidas supusieron en 2012 las cantidades de 110.949,72 y 48.792,58 euros respectivamente, incluida Seguridad Social. Luego, está el «automóvil de representación» también previsto en la ley, un coche de 2002 con un precio de compra de 3.530 euros del que la Junta certifica no haber pagado mantenimiento alguno, aunque sí gasolina por un importe de 517,81 euros.

La factura se completa con el contrato de 630 euros anuales con una empresa de seguridad electrónica y el ahorro del local, que no supone costes añadidos, puesto que el despacho de José Bono se ubica en un edificio de la Dirección General de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha.

Una experiencia semejante se ha recorrido en Extremadura, aunque en esa región el PP e IU se aliaron para acabar con el estatuto de los expresidentes autonómicos, que establece un universo de consideraciones materiales desarrollados por Juan Carlos Rodríguez Ibarra en 2007, poco antes de dejar el poder, y de los que ha disfrutado principalmente él.

Quien fuera dirigente extremeño durante 24 años, hasta junio de 2007, entregó en 2011 las llaves de su correspondiente oficina de apoyo, para la que fuentes parlamentarias de esa región aseguran que se compró un edificio y se llegaron a librar otros gastos superiores a los 2 millones de euros, 1,6 de ellos en decoración que —ratifican— incluía «sofás de 8.000 euros, ceniceros de 200 y ordenadores Apple. No había límite presupuestario».

Extremadura, fin de una era

Toda vez que los 29 diputados socialistas se opusieron a la derogación del catálogo de derechos de los expresidentes, la Mesa de la Asamblea accedió a dar una oportunidad para que los tres grupos, PP, PSOE e IU, formulen por acuerdo una nueva regulación, que se espera que esté lista en marzo de 2013. Hasta entonces, el viejo estatuto de los privilegios no está del todo abolido, lo que permite a Rodríguez Ibarra mantener todavía prebendas como la «cesión física de un coche», no sus gastos, y tres empleados (secretaria, jefe de gabinete y conductor) con cargo al Parlamento regional, que están trabajando para él en la Fundación que dirige y que lleva su nombre.

Ese ordenamiento que está en vías de decaer suma muchas más ventajas, de las que por distintos motivos ni Ibarra ni su sucesor Guillermo Fernández-Vara han hecho uso, lo que no impide poder situar aún a Extremadura entre las Comunidades que mayores agasajos previeron sobre el papel para sus dirigentes, quizá solo superada por Cataluña. Y es que, junto a la mencionada secretaría de apoyo y personal, el estatuto todavía vigente asegura a los expresidentes un futuro económico: bien incorporarse al Consejo Consultivo con su correspondiente salario, bien cobrar el equivalente al 80% del sueldo del presidente en ejercicio durante un periodo igual a la mitad de años que el beneficiario estuvo al mando de la Junta de Extremadura. Y hay más, porque está prevista también una pensión, a la que en su caso tendrían derecho las viudas. La normativa tampoco escatima en atenciones en términos de pago de dietas, gastos de viaje para representar a la región, seguro de vida o servicios de seguridad.

Otro coche oficial

Rodríguez Ibarra se incorporó primero como profesor titular de la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura, donde se jubiló, y desde junio de 2001 es miembro electo del Consejo de Estado. Los ingresos que ha recibido y recibe no pueden simultanearse con ninguno de los recogidos en la ley que diseñó en su mandato, y de los que nunca ha disfrutado, según fuentes de la Junta de Extremadura. Guillermo Fernández Vara, por su parte, es desde su cese como presidente diputado en el Parlamento autonómico, donde el Grupo Socialista le proporciona un coche oficial por su condición de portavoz.

En Andalucía y la Comunidad Valenciana, el ordenamiento también prevé despachos representativos. Ningún presidente los ha abierto.