Francisco Rubiales.- Existen pruebas suficientes para saber que la actual política económica española conduce a la recesión y al empobrecimiento. Los resultados están a la vista: record mundial de parados, avance de la pobreza y recesión creciente. El gobierno de Rajoy, con el beneplácito de la Europa del norte y de sus bancos, cuyo principal objetivo no es que España salga de la crisis sino que pague los préstamos que le hizo la banca alemana y europea, está realizando, conscientemente, un diagnóstico erróneo y aplicando una receta que es dañina para España y sus intereses, lo que constituye una traición al bien común y una agresión imperdonable al alma y al futuro de la nación.

Si es cierto, como parece evidente, que el gobierno es consciente de que la política que aplica conduce al abismo, eso es prevaricación. Abrumar al ciudadano con impuestos insoportables y desmontar la sanidad y la educación, antes que reducir el número de políticos inútiles mantenidos por el Estado y las instituciones que sólo sirven de parking para enchufados, también huele a prevaricación.

No hacen falta más pruebas para concluir que los recortes, ahorros y subidas de impuestos solo conducen a la recesión y que la economía española, con las recetas aplicadas hasta ahora por Zapatero y Rajoy, apoyadas por Europa, no hace otra cosa que retroceder, empobrecerse, destruir su tejido productivo, aniquilar a las clases medias, vitales para la prosperidad del país, e hipotecar su futuro como nación.

Si esa política fuera sólo un error o una equivocación, el asunto tendría solución, pero se trata de una demolición controlada y vergonzosa de la riqueza nacional y de la prosperidad alcanzada en las anteriores décadas.

La verdadera razón de la enfermedad de España no son sus altos costes de producción, ni sus salarios, que son de los mas bajos de Europa, sino la vigencia de un modelo de Estado inviable e insostenible, minado por el nepotismo y la corrupción, impuesto por una oligarquía de partidos en connivencia con las oligarquías financiera y económica, con la connivencia del poder judicial, de los grandes medios de comunicación y otros mecanismos de control.

En España no existe separación de poderes, ni independencia del poder judicial, ni existe una sociedad civil autónoma del poder político, ni controles democráticos al poder político, ni una ley igual para todos, ni prácticamente ninguna de las normas básicas que rigen la democracia. Los diputados españoles no representan a los ciudadanos, sino a los partidos que los ponen en una lista y la corrupción y el abuso de poder campean por las instituciones y las tierras de España sin que el sistema le ponga freno. Los casos de corrupción que afloran apenas son el 10 por ciento del total y la mayoría de los expedientes y denuncias son escondidos en los cajones para que prescriban y los bandidos nunca paguen sus crímenes, ni devuelvan un sólo euro de lo que han robado.

El gobierno es plenamente consciente de que en España sobran más de 300.000 políticos que viven a costa del Estado, sin aportar nada al bien común, pero no hace nada por cambiar esa vergüenza y prefiere reducir los servicios sociales y freír al ciudadano con los impuestos y tasas mas altos y desproporcionados del continente europeo.

Lo que está ocurriendo en España es una auténtica conspiración del poder político contra los ciudadanos y contra la nación, plenamente conocida y consentida por los grandes partidos políticos, por el gobierno, por las instituciones europeas y por los gobiernos hegemónicos que, con Alemania a la cabeza, comandan los destinos de la Unión Europea.

Todos ellos saben que el Estado español, tal como está construido, no es viable y que sus costos son tan elevados que no queda dinero para la sanidad, la educación, los servicios sociales y pronto para mantener las pensiones. Las recetas eficaces son conocidos, pero los políticos, tercos, insensibles y sin alma ni grandeza, se niegan a aplicarlas. Bastaría con suprimir el costoso e irracional sistema autonómico, con 17 gobiernos y otros tantos parlamentos, además de empresas publicas e instituciones de todos tipo para que el país volviera a la prosperidad. Si además se unieran municipios y se suprimieran los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, como han hecho otros países de Europa, habría dinero suficiente para garantizar las pensiones y para financiar una educación y un sistema sanitario de lujo.

En España sobran el talento, la capacidad de crear y de trabajar duro y hasta sería fácil, si alguien lo pretendiera, despertar ilusión y entusiasmo, pero los miserables políticos que controlan los destinos de España prefieren seguir empujando al ganado hasta el abismo.

La solución para España ya no está en su gobierno, incapaz de renunciar a su política obtusa y antidemocrática, ni en los partidos políticos, organizaciones que están infectadas por la arrogancia, la corrupción y la lejanía del pueblo y de la democracia, sino en los gobiernos y las instituciones europeas, que deberían imponer a Mariano Rajoy un rotundo y profundo cambio en la estructura del Estado y una intensa democratización del país, que desinfecte el vertedero nacional y erradique el robo, el saqueo y la corrupción.

España no debería recibir más dinero de Europa sin que se garantice antes la democracia, sin que cambie a fondo el sistema político y económico, hoy en manos de una oligarquía política aliada con la oligarquía económica y financiera, y sin que se aumente el protagonismo y la participación ciudadana en las decisiones políticas, como establece la democracia.

Europa y, sobre todo, Alemania, debería comprender que por el camino actual ni siquiera podrá cobrar las deudas porque España se desmoronará y será presa de profundas convulsiones sociales en un futuro no lejano. La única manera de cobrar es devolviendo a España aquello que su miserable clase política le ha arrebatado: democracia, decencia, limpieza y honor.

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