Enrique Palacios, tránsfuga del PP.

Julio Liarte Parres.- Unos pocos meses más tarde del cambio en la Delegación del Gobierno, durante el verano de 1996, ocurrió un hecho crítico que definió la legislatura 1995-1999, y que prácticamente dio al traste con ella, propiciando una crispación social y política tan grande, que llevaría después, junto a otros factores añadidos, a la caída del propio gobierno, a pesar de su mayoría absoluta holgada y la proximidad aún de las elecciones que le había validado democráticamente.

El Gobierno local decidió, repentinamente y en pleno verano, llevar a la Asamblea una modificación del plan urbanístico de la explanada de San Lorenzo, al objeto de hacer posible la instalación de un gran Centro Comercial, que, según decían, habían solicitado realizar empresas como Pryca, Alcampo, Continente o Hipercor, y ello a pesar de la conocida postura de los empresarios de Melilla, los cuales, a través de sus instituciones representativas, como la Cámara de Comercio o la CEME-CEOE, se oponían rotundamente a una posibilidad como esta. Incluso tales organizaciones empresariales habían encargado un informe técnico, que recientemente, unos meses atrás, había preparado una Consultora contratada al efecto, y que advertía de las potenciales consecuencias negativas de su posible implantación, principalmente en términos de destrucción neta de empleo.

Este informe había sido divulgado ampliamente, y había llegado a calar entre el empresariado, que temía unos apocalípticos efectos adversos de llevarse a cabo la contingencia de la implantación del Centro. Y aquí es donde entró a jugar el error político, cometiendo el gobierno, por pura prepotencia, soberbia, mal asesoramiento recibido y exceso de confianza, unos fatales errores de cálculo.

En lugar de intentar contrapesar las opiniones negativas del informe con otras, al menos igual de fundamentadas, de signo contrario, y tratar de calmar y convencer, en la medida de lo posible, a los empresarios, aunque hubiera tenido que retrasarse unos meses el proyecto, decidieron cortar por el camino de en medio, utilizando su mayoría absoluta, para aprobar el expediente en plena canícula de agosto y primeros de septiembre, imagino que pensando que luego, entre la feria y el control que disponían ya de los medios de comunicación con la inestimable y bien pagada ayuda del editor, que ahora también controlaba la televisión pública, conseguirían diluir las voces críticas como un azucarillo en un vaso de agua y así, entre la misma feria, el cumpleaños de la ciudad y demás, llevar las quejas a un modo fácilmente controlable, de forma que pudieran personificarse en unas pocas personas, que son las que esperaban quedarían en cuanto pasara el intervalo de tiempo descrito, sobre las que volcarían presumiblemente toda la presión, principalmente en el ámbito de los medios de comunicación que controlaban, que eran prácticamente todos, hasta conseguir desacreditarlas o, incluso, removerlas. Pero despreciaron a su rivales, que supieron conseguir unirse todos entre sí para luchar vehementemente contra el gobierno.

Además, a pesar de los esfuerzos del editor para aminorar las críticas e intentar desprestigiar a los discrepantes, el boca a boca funcionó muy eficazmente, y la percepción, fundada o no, de que había algo muy raro, y con muchos ceros a la derecha, impregnó rápidamente entre la ciudadanía. Incluso la gente que podría haber estado conforme con la posibilidad de la gran superficie comercial, cambiaba de posición en cuanto conocía los hechos descritos, que eran de enumeración y comunicación fácil y, por tanto, de deducción inmediata. Más o menos diciendo: ¡Así no!

Los comerciantes y empresarios se sintieron traicionados por la nocturnidad y alevosía de la propuesta y su inmediata aprobación en la Asamblea celebrada el 2 de septiembre, y encontraron la comprensión y participación de los sindicatos mayoritarios, para ponerse todos en contra del gobierno autonómico, llegando a un cierre patronal durante la celebración de las fiestas patronales a principios de septiembre de tal año. Al frente discrepante se le unieron todos los partidos de la oposición, para luchar todos como una piña en contra del gobierno de la Ciudad Autónoma a través de la “Mesa por el futuro de Melilla”, en la que todos estaban representados.

Uno de los Diputados Locales del grupo popular, comerciante para más señas, había anunciado que votaría en conciencia, y pronto toda la ciudad estaba totalmente convulsionada. Fue tal el nivel de crispación que, al cabo de unos días, Velázquez tuvo que dar marcha atrás, pero la llama de la contestación social, con un notable apoyo entre la ciudadanía, y de la oposición al gobierno, incluso a nivel de la calle, ya estaba encendida.

El editor echó el resto en apoyo de Velázquez, lo cual llevó a la “Mesa” a llamar a la ciudadanía a un boicot contra el periódico, bajo el argumento que “desde la línea editorial de Melilla-Hoy se viene desinformando permanentemente”. La contestación fue en forma de editoriales y artículos contra cada uno de ellos: la Presidenta de los empresarios, el secretario general de CC.OO, y los políticos involucrados, en especial Aberchán, aunque también contra la UPM de Juan José Imbroda.

El Presidente tuvo que dar marcha atrás, y de la gran superficie no ha vuelto a saberse nada hasta la actualidad, 14 años después, que ya son años, cuando precisamente en estos días acaba de anunciarse el interés de un grupo empresarial por llevar a cabo el proyecto. Los populares en el poder mostraron su gran torpeza en la gestión del asunto: menospreciaron a sus oponentes, despreciaron las razones que tenían, consiguieron revolucionar la ciudad, y, principalmente, extendieron el caldo de cultivo del descontento hacia los gobernantes, que serviría para justificar o, mejor dicho, para auto-justificar cualquier intento para tirar abajo al gobierno que pudiera realizarse en el futuro. Después de la mayoría absoluta y el peloteo recibido de algunos medios de comunicación y demás tiralevitas, el Presidente Velázquez despertó de sus sueños en medio de una terrible pesadilla. Y es que el pueblo de Melilla es muy pasota…pero hasta un cierto punto.

En Septiembre de 1996, también inició su andadura el periódico semanal “El Faro de Melilla”, fundado por el anterior Director de El Telegrama de Melilla, Juan José Medina, el cual, después de un año sabático tras su despedida del periódico y de CNM, reinició, desde el primer número, la línea de periodismo de investigación, aderezado con altas dosis de sarcasmo y un poquito de mala leche, que se cebaría, aún más si cabe, con el gobierno de Velázquez y también con el editor.

En uno de sus primeros números, denunció una supuesta trama de un empresario gallego en el intento de implantar la gran superficie en los terrenos de la explanada de San Lorenzo, aportando incluso pruebas gráficas. El inicio del semanario cayó como una bomba en la ciudad. Después de un año de “pax romana” y la eliminación de la agresividad periodística contra el gobierno, volvía, con más fuerza aún si cabe, el incansable Juan José Medina, que había refinado sus maneras y afilado su ya incisiva pluma. El periódico nació en el momento justo para recoger y extender la convulsión social sobre lo que acababa de pasar con la gran superficie frustrada. La llama del descontento popular ya no podría apagarse fácilmente a cambio de dinero público, sino que podría convertirse en un verdadero incendio, que las sucesivas ediciones semanales iban consiguiendo reavivar y azuzar cada vez más.

También en ese mes de septiembre de 1996, empezó a operar una nueva compañía aérea en Melilla, que fue promovida por Enrique Remartínez. En esta compañía, bautizada como Melilla Jet, SA, aunque la marca comercial fue denominada “Pauknair” en honor a su principal accionista, participaba Remartínez indirectamente en un 20% y la misma Promesa en un 2%, mientras que el accionista de referencia era un ciudadano alemán, Gerd Peter Paukner, con un 78%. La compañía utilizaba dos aviones a reacción tipo BAE146, cuya puesta en marcha implicó un salto cualitativo muy importante para los ciudadanos de Melilla, que empezaron a disfrutar de un confort y rapidez desacostumbrados, gracias a una duración del vuelo Melilla-Málaga de 20 minutos, o un Melilla-Madrid de 55 minutos. Este tipo de aeronave pudo entrar a operar en el aeropuerto de Melilla una vez que la pista alcanzó una longitud ligeramente superior a los 1,4 km gracias a unas inversiones realizadas por AENA y cofinanciadas por el FEDER.

El Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla apoyó decididamente a la empresa desde sus inicios, política y económicamente, la segunda vía mediante la compra por anticipado de un gran número de billetes que después iban utilizándose en los diferentes viajes oficiales y de entidades de la ciudad, principalmente relacionados con el V Centenario. Sin duda, se trataba del tipo de aeronave más adecuado para operar en el aeropuerto de Melilla, y probablemente lo seguirá siendo, y sólo la fatalidad de un desgraciado accidente ocurrido el 26 de septiembre de 1998, que fue ocasionado por un error humano según se desprende del informe oficial al respecto, evitó la consolidación de la compañía aérea, su éxito nacional e internacional, y la solución, al menos en términos de calidad y confortabilidad, de las comunicaciones aéreas en Melilla. Tenía una capacidad óptima, ligeramente menor a 80 pasajeros, y ofrecía unas altas prestaciones. Como curiosidad, hay que comentar que Bohórquez, quién iba a ser si no, criticó la iniciativa durante su corta vida empresarial, mediante algún artículo publicado en “Melilla-Hoy”, me imagino que derivado de la inquina que siempre había expresado hacia Enrique Remartínez.

Mientras que El Telegrama de Melilla nunca pudo obtener las subvenciones a las que tenía perfecto derecho debido a la presión del editor, como hemos explicado anteriormente, este sí pudo usar plenamente el derecho que le correspondía para disfrutarlas, y así pudo conseguir unas generosas subvenciones, de unos siete millones de pesetas, que le sirvieron para financiar los costes del traslado de su industria al Polígono Industrial y renovar su maquinaria y equipos. La diferencia consistió en que nadie se opuso a ello. Tenía perfecto derecho a conseguirlas, pero valga señalar la diferencia.

La presión contra Enrique Palacios, primero por su condición de Presidente del Comité Electoral del PP melillense, y luego por sus discrepancias con el Presidente, había llevado a una campaña de Bohórquez contra él, que tuvo su colofón cuando este último, con un artículo de opinión publicado el día 3 de febrero de 1997, no sólo lo menospreciaba públicamente, sino que lo insultaba gravemente, tildándole de gafe y de payaso.

Pocos días más tarde, concretamente el sábado día 8, durante la celebración de los carnavales, dos diputados locales del grupo popular se pasaron súbitamente al grupo mixto de la Asamblea de Melilla. Se trataba de los diputados Enrique Palacios y Tahar. El grupo popular quedaba en minoría frente a la suma de los diputados de todos los restantes grupos políticos. Una moción de censura contra el Presidente con posibilidades de éxito se convertía en una posibilidad cierta. A la llama de la crispación encendida por el frustrado intento de instalar una gran superficie, extendida después por el nuevo medio de comunicación “El Faro de Melilla” había que añadirle, en un cocktail explosivo, el descontento entre los diputados locales del grupo popular que ostentaban cargos de segundo o tercer nivel y la campaña abierta por Bohórquez para desprestigiar e insultar a Enrique Palacios.

La oposición aceptó el regalito con verdaderas ansias: la moción de censura para expulsar al gobierno de Velásquez era inminente y todo indica que estaba negociada con anterioridad. No obstante, los diferentes partidos con representación en la Asamblea la llevaron a sus respectivas organizaciones para guardar las formas: CpM obtuvo la autorización sin problemas; el PSOE decidió apoyarla incluso en contra de la doctrina de los órganos centrales del partido en Madrid que ya negociaban entonces, a nivel central, el pacto anti-transfuguismo, que finalmente fue una realidad cuando fue suscrito por los partidos políticos el 7 de julio de 1998 bajo la denominación de “Acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales”. UPM fue el último partido en hacer una Asamblea interna, en la que acordó no pactar con el PP, ya que este partido había acudido a ellos para negociar desesperadamente un nuevo pacto de gobierno, siempre que Ignacio Velázquez siguiera como Presidente, en cuyo caso apoyarían decididamente la moción; y, en caso contrario, es decir: con la dimisión de Velázquez, podrían estudiar una oferta concreta del PP para gobernar conjuntamente, y luego decidirían. Más claro, agua.

El día 16 del mismo mes, una portada del periódico Melilla Hoy advertía que “numerosos melillenses expresan su indignación por el posible pacto de gobierno a cuatro bandas”. Más de uno pensó que la táctica utilizada para hacer fracasar la moción de censura de 1992 se intentaba repetir, y es que todo el mundo esperaba una sorpresa de última hora, y esta llegó finalmente cuando, el mismo día uno de marzo, durante el propio acto de la votación de la moción de censura, el Diputado Local Sr. Palacios fue privado de su derecho al voto mediante un Decreto del Presidente Velázquez en el que lo inhabilitaba, según las consideraciones del documento, por tener un interés personal y directo en el tema objeto de la resolución. Sinceramente, esto fue de chiste, porque implicaría, por ejemplo, que ningún Alcalde pudiera votarse a sí mismo en cualquiera de las mociones de censura que constantemente se están votando en España, y también en las de confianza. O que ningún Presidente pudiera votarse a sí mismo en su sesión de investidura. En resumen, era un caso judicialmente perdido casi con toda probabilidad, y lo único que conseguía el Presidente con este truco era ganar tiempo, con la consideración de que la cuenta atrás para que la Justicia se pronunciara empezaría justo en ese momento, pero todo ello sin olvidar las consecuencias penales que un acto como ese podría derivar en el futuro.

A partir de ahí, el espectáculo ofrecido por nuestros políticos fue bochornoso y esperpéntico, tanto por unos como otros. Para empezar, comenzaron a sacarle trapos sucios a Tahar, cómo no a través del editor: que si era ciudadano marroquí, que si tenía una licencia marroquí de taxi en Farhana, que si tenía no sé qué problema conyugal…olvidando el hecho de que si todo eso era verdad, también lo habría sido cuando aceptaron su afiliación al PP, y también cuando decidieron incorporarlo a la lista electoral. Luego, como sabían que era el eslabón más débil de la cadena, intentaron “convencerlo” con muchos y variados argumentos, incluso en las islas canarias donde permanecía escondido, no se sabe con la financiación de quién, hasta que tuviese que repetirse la votación de la moción de censura, cuyo fallo del Tribunal se esperaba de forma inminente. Al final los “argumentos” ofrecidos dieron su fruto, y Tahar cambió de nuevo su posición, y decidió, entonces, que él era todavía un “fiel y leal” militante del partido popular, añadiendo que Palacios lo había manipulado y engañado y que, por tanto, renunciaría a su escaño “voluntariamente”. Dicho y hecho, poco más tarde de su dimisión, otro componente de la lista popular lo sustituyó, en concreto Antonio Miranda Montilla.

El truco parecía que había dado resultado, y cuando los Tribunales resolvieran, una vez agotados todos los recursos y apelaciones, la moción de censura contra el Presidente sería rechazada, y todos contentos, especialmente el editor, que podría seguir disfrutando de las generosas ayudas y aportaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla. En primer lugar, a través de la publicidad institucional, cuyos presupuestos prácticamente se los comía en su totalidad, ya que en el período 1991 a 1996, ambos inclusive, cerca del 85% del presupuesto total de la publicidad institucional del Ayuntamiento-Ciudad Autónoma de Melilla fue a parar a las arcas del editor.

En segundo lugar, en la televisión local, de la que cobraba por la realización de los informativos y, además, también cobraba directamente la publicidad que hacían las empresas en el medio público, aunque tales anuncios eran realizados por la televisión pública que aportaba todos los recursos necesarios excepto la comercialización, facturación y cobro de la publicidad, los cuales, eso sí, realizaba Bohórquez indirectamente, para, finalmente, abonar a la empresa pública un porcentaje menor, alrededor del cuarenta por ciento, de la facturación conseguida. Para estos menesteres, había fundado una nueva sociedad en su grupo de empresas, bautizada como AKM Boro, SL, una sociedad familiar en tanto que el acrónimo está formado por las iniciales de los nombres de sus tres hijos unidos a los apellidos del matrimonio, que entró en funcionamiento en mayo de 1995, pocos días antes de celebrarse las primeras elecciones autonómicas, y que tenía como su objeto el asesoramiento a empresas, la compra-venta y alquiler de bienes inmuebles y Agencia de Publicidad.

En tercer lugar, las contrataciones obtenidas de la sociedad pública V Centenario de Melilla, que distribuía y gastaba profusamente un elevado presupuesto público aportado, prácticamente en su totalidad, por la Ciudad Autónoma de Melilla, y al que el editor se propuso hincarle el diente de una manera u otra, motivo por el que consiguió, además de publicidad para publicitar el evento entre los melillenses, lo cual era, en mi opinión, tirar el dinero porque no servía para nada, ya que, con lo pequeño que es Melilla, todos los melillenses sabíamos ya qué era eso del V Centenario, así como varios contratos, por ejemplo la realización de unos fascículos sobre Melilla cobrados a precio de oro y que después iban a distribuirse con la edición dominical de Melilla Hoy.

Entre tales fascículos, el relativo a las ayudas públicas era una burda copia de nuestros folletos, y ni siquiera se habían molestado en disimular un poco. Incluso en una multimillonaria campaña contratada por la sociedad pública con la empresa de publicidad “Llorente y asociados” parecía estar relacionado, de una forma u otra, el editor. Estaba claro: allí donde había un “pastelito”, allí que acudía a comérselo el editor, y si no lo había, se le fabricaba para que pudiera hacerlo. En cuarto lugar, las subvenciones y la concesión de naves, y, como todo lo anterior aún le parecía insuficiente, más cosas que ya tenía apalabradas con su nuevo y queridísimo amigo Nicolás Sánchez, como veremos dentro de poco, y que ya había adquirido alguna “deuda de sangre” con el editor.

A tal efecto, también casualmente, solicitó, y obtuvo, en los primeros meses de 1997, puesto que cumplía los requisitos, una nueva nave industrial en el Polígono SEPES, en la que pretendía crear una empresa dedicada a impartir cursos de formación.

EL AUTOR

Julio Liarte Parres es economista y funcionario de la Ciudad Autónoma de Melilla. Prestó sus servicios en el Ministerio de Trabajo, precisamente en el departamento encargado de las ayudas a empresas de nueva creación; y luego ha hecho lo propio como gerente de la empresa pública Proyecto Melilla, SA, entidad especializada creada por el entonces Ayuntamiento de Melilla para fomentar la creación de empresas y empleos en la ciudad.

En la actualidad es diputado autonómico y portavoz del grupo Populares en Libertad (PPL), un partido escindido del PP y que lidera el ex presidente de la Ciudad de Melilla, Ignacio Velázquez Rivera.