Un total de 186 personas han sido detenidas en Baleares en un año como parte de una red de supuestos empresarios que vendía contratos de trabajo falsos para que sus beneficiarios, la mayoría marroquíes, cobraran el paro, regularizaran su situación en España o consiguieran ayudas sociales.

Según informa hoy la Policía Nacional en un comunicado, el fraude a la Seguridad Social alcanzaría los 700.000 euros y los responsables de la trama cobraban entre 300 y 600 euros por cada contrato, importe que variaba en función de su duración o de la habilidad del comprador para negociar el precio.

Entre los detenidos figuran los cinco supuestos empresarios que hacían los contratos, indica la policía, que apunta que la investigación comenzó a raíz de un informe de la Inspección de Trabajo y añade que aún se esperan nuevas detenciones.

En el informe se ponía atención en una serie de empresas recién creadas con un gran número de trabajadores, casi todos de origen marroquí, y en las que se detectaron muchas irregularidades, principalmente en las obligaciones fiscales.

Cuatro supuestos empresarios, con domicilio en Felanitx, crearon las mercantiles en connivencia con una quinta persona de origen marroquí. Este último era el encargado de la captación de los supuestos trabajadores y a cambio recibía aproximadamente un 50 % de la venta de los contratos, mientras que el otro 50 % era para el empresario.

Los arrestados creaban en primer lugar empresas ficticias, solicitando el alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos con base mínima en la actividad de construcción y de empleadas domésticas.

Estas mercantiles dejaban de tener actividad alguna desde el primer momento y no pagaron ninguna obligación fiscal inherente a toda empresa constituida. Las empresarios vendían luego contratos de trabajo, sobre todo a personas extranjeras, que constituyen un porcentaje superior al 95 % de los implicados en la operación.

En concreto, los beneficiarios de los contratos son mayoritariamente marroquíes y abonaban diferentes cantidades de dinero a cambio del documento, con el que eran dados de alta en la Seguridad Social.

Estos contratos eran utilizados para renovar los permisos de residencia -entre cuyos requisitos se encuentra una oferta de empleo-, para solicitar la prestación por desempleo o el subsidio de empleo, para acumular días de cotización y para solicitar la incapacidad laboral o las bajas por maternidad.

La banda, apunta la policía, actuaba de una forma organizada y presentaba indicadores por los que se puede calificar de organización criminal, como la permanencia en el tiempo, estructura jerárquica, sospecha de comisión de delitos graves, búsqueda de beneficios o poder y uso de estructuras empresariales y testaferros.

Los investigadores han localizado 318 contratos falsos de trabajo y atribuyen a los arrestados los delitos de falsedad documental, estafa, contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social y pertenencia a grupo criminal, según los casos.

En la mayoría de los casos los imputados han negado haber pagado por los contratos, otros han manifestado obras que luego se ha comprobado su inexistencia, o bien porque que no figuraba la dirección facilitada en las declaraciones o porque los trabajos de construcción eran en casas abandonadas, en ruinas o en solares.

El éxito de la operación, destaca la policía, ha sido posible gracias a la colaboración con la Inspección de Trabajo, la Seguridad Social, las oficinas de empleo y el Ministerio de Hacienda, que han cruzado todos sus datos para desarticular la trama. La operación continúa abierta y se esperan nuevas detenciones por este fraude a la Seguridad Social.