Una familia de inmigrantes marroquíes recibe más de 4.000 euros al mes de ayudas en Navarra sin trabajar: «Nos tratan muy bien»
Inmigrantes con velo en Pamplona. Redes sociales
Una familia de inmigrantes marroquíes afincada en Navarra está recibiendo más de 4.000 euros mensuales procedentes de diferentes prestaciones públicas pese a que ninguno de sus miembros cuenta actualmente con un empleo. El hogar, compuesto por una mujer de 46 años y sus dos sobrinos de seis y nueve, reside además en una vivienda pública de la comarca de Pamplona y se beneficia de diferentes bonificaciones vinculadas a gastos cotidianos.
La principal fuente de ingresos está relacionada con el acogimiento de los dos menores. Según las cantidades que la familia ha accedido a mostrar al Navarra.com, percibe 850 euros mensuales por uno de los niños y otros 635 por el segundo. A estas cantidades se añaden 1.120 euros correspondientes al acogimiento especializado, lo que sitúa en 2.607 euros al mes las prestaciones relacionadas con el sistema de protección de menores.
El presupuesto familiar se completa con el Ingreso Mínimo Vital (IMV). La mujer y sus sobrinos constituyen una unidad de convivencia de tres integrantes y, según la información aportada, reciben 1.321 euros mensuales por esta vía. Otros 132 euros proceden del Complemento de Ayuda para la Infancia. La suma de las cantidades declaradas rebasa así los 4.000 euros cada mes.
La mujer asegura que nunca ha cotizado en Navarra y actualmente tampoco se encuentra buscando trabajo. Explica que dedica su tiempo al cuidado de sus dos sobrinos, de quienes se ha hecho cargo mediante la figura del acogimiento familiar. La familia ha preferido mantener en secreto tanto su identidad como el municipio concreto en el que vive y las circunstancias que llevaron a que los menores quedaran bajo la responsabilidad de su tía.
Las ayudas, además, no se limitan a las transferencias económicas mensuales. Los tres residen en una vivienda pública de Nasuvinsa cuyo coste ronda los 500 euros al mes, aunque la mujer afirma beneficiarse de una subvención equivalente al 75% de ese importe. De ser así, el desembolso efectivo destinado al alojamiento quedaría reducido a aproximadamente una cuarta parte del alquiler.
También disponen de diferentes mecanismos para abaratar los suministros. Su condición de consumidor vulnerable severo les permite acogerse al bono social eléctrico, con los descuentos previstos para este tipo de hogares. A ello se incorpora el Bono Social Térmico, destinado a contribuir al pago de calefacción y agua caliente.
Los dos menores pueden beneficiarse igualmente de ayudas relacionadas con comedor escolar, libros y material educativo. La familia afirma haber recibido además alimentos a través de su trabajadora social y de organizaciones como Banco de Alimentos y Cruz Roja, mientras que determinadas tarifas sociales permiten reducir también el coste del transporte público.
La estructura económica del hogar presenta así una particularidad: mientras sus ingresos monetarios proceden íntegramente de prestaciones, una parte importante de sus principales desembolsos está simultáneamente subvencionada. Conviene, no obstante, diferenciar estas ayudas de una nómina: las prestaciones sociales tienen regímenes fiscales y de cotización propios, por lo que no resulta preciso equiparar automáticamente su importe bruto con el salario neto de un trabajador.
El caso se conoce además en pleno debate sobre el peso de los extranjeros entre los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital en Navarra. Los datos correspondientes a agosto citados en la información sitúan en el 32% la proporción de titulares extranjeros en la Comunidad foral, frente al 17,4% señalado para el conjunto de España.
La situación vuelve a poner bajo el foco las políticas sociales desarrolladas en Navarra durante la etapa de María Chivite y el debate sobre la acumulación de distintas prestaciones en un mismo hogar. En este caso concreto, la familia declara recibir más de 4.000 euros mensuales sin ingresos laborales, al tiempo que cuenta con ayudas para afrontar vivienda, energía, educación, alimentación y transporte.
