Italia y Dinamarca se plantan contra la inmigración masiva y exigen centros de repatriación fuera de la UE: «Defenderemos Europa»
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su homóloga danesa, Mette Frederiksen, han reclamado este lunes un endurecimiento de la política migratoria europea y la creación de centros de repatriación en terceros países para trasladar fuera de la Unión Europea parte de la gestión de los extranjeros que no tengan derecho a permanecer en territorio comunitario.
Las dos mandatarias, procedentes de familias políticas muy diferentes, han difundido un comunicado conjunto en el que reivindican su coincidencia en una cuestión que consideran esencial para el futuro del continente: frenar la inmigración ilegal, proteger las fronteras y preservar los valores europeos.
«No aceptamos la inmigración descontrolada a Europa y hemos promovido una política migratoria rigurosa, tanto en nuestros países como en Europa», sostienen Meloni y Frederiksen. Ambas subrayan que sus diferencias ideológicas no les impiden colaborar en este terreno y aseguran que las une «el deseo de defender Europa».
Centros de repatriación fuera de Europa
La principal propuesta del documento es avanzar hacia la creación de centros de repatriación en terceros países, así como estudiar nuevas fórmulas para tramitar fuera del territorio comunitario determinados procedimientos migratorios.
Italia ya ha impulsado un modelo semejante mediante su acuerdo con Albania, mientras Roma explora otras posibilidades de cooperación con países africanos.
El objetivo es impedir que la llegada física a territorio europeo termine convirtiéndose, de hecho, en una garantía de permanencia incluso cuando las autoridades hayan rechazado el derecho del inmigrante a permanecer en el país. Meloni y Frederiksen reclaman por ello «soluciones innovadoras fuera de Europa» capaces de reforzar la capacidad de expulsión de los Estados.
«Nadie puede negar las consecuencias negativas»
El comunicado emplea un lenguaje especialmente duro sobre los efectos de la inmigración ilegal. Las dos primeras ministras sostienen que «nadie puede negar las consecuencias negativas de la inmigración ilegal en nuestras sociedades» y citan entre ellas el aumento de determinados problemas de seguridad, una mayor presión sobre los servicios públicos y el deterioro de la confianza ciudadana.
Meloni y Frederiksen consideran especialmente grave que personas sin derecho legal a permanecer en sus países terminen implicadas en delitos violentos, narcotráfico o delitos sexuales.
Estas afirmaciones forman parte del diagnóstico político expresado por ambas mandatarias para defender un sistema europeo de expulsiones más eficaz. «Es nuestro deber continuar nuestros esfuerzos decididos para ofrecer respuestas concretas a los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables, y garantizar una mayor seguridad y protección para nuestra ciudadanía», señalan.
Italia mantiene la presión tras la crisis de Ceuta
La declaración llega además en medio de las tensiones provocadas por la reciente entrada masiva de inmigrantes ilegales en Ceuta.
Italia decidió establecer controles en aeropuertos y puertos para determinados viajeros procedentes de España como consecuencia de la crisis fronteriza. El Gobierno de Pedro Sánchez reclamó posteriormente su retirada y, ante la negativa de Roma, respondió imponiendo controles equivalentes a los viajeros procedentes de Italia.
La disputa ha convertido nuevamente la inmigración en uno de los principales puntos de fractura dentro de la Unión Europea, con España defendiendo una política más abierta y países como Italia reclamando mayores mecanismos de contención y retorno.
«Estamos orgullosas del patrimonio cultural cristiano de Europa»
El comunicado conjunto trasciende además la cuestión estrictamente fronteriza. Meloni y Frederiksen reivindican de forma expresa las raíces cristianas de Europa y sostienen que la integración de los extranjeros no puede limitarse al cumplimiento formal de la legislación. «El respeto a nuestras leyes debe ir de la mano del respeto a los valores europeos», afirman.
Las mandatarias añaden que este principio debe aplicarse tanto a las personas en situación irregular como a los millones de extranjeros que residen legalmente en los países europeos. «Ambas estamos orgullosas del patrimonio cultural cristiano de Europa y queremos protegerlo», señalan.
Y lanzan posteriormente una advertencia clara sobre el modelo de integración que defienden: quienes elijan Europa como lugar para vivir «deben respetar nuestros valores y no intentar imponernos estilos de vida que no compartimos».
