Ignacio Andrade.- Hay una pregunta que cada vez resulta más difícil esquivar: ¿en España se juzgan las ideas con el mismo rasero o depende de quién las pronuncie?

Núcleo Nacional ha decidido entrar en un terreno político incómodo, precisamente ese en el que demasiados actores prefieren no pisar. Sus planteamientos pueden gustar, molestar o provocar rechazo. Es perfectamente legítimo combatirlos políticamente. Lo que resulta mucho más discutible es pretender que determinadas ideas sean expulsadas del debate democrático simplemente porque incomodan al establishment político o mediático.

Una democracia segura de sí misma no necesita perseguir opiniones. Las combate con argumentos.

Es aquí cuando aparece la gran contradicción de nuestro tiempo: mientras a determinadas posiciones se las somete inmediatamente al examen más severo, existen otras trayectorias políticas cuya relación con un pasado de violencia y terrorismo parece recibir una consideración mucho más indulgente. Conviene ser precisos: ETA fue una organización terrorista, y no hay equiparación posible entre una organización terrorista y una formación política legal. Pero precisamente por eso la exigencia de coherencia resulta imprescindible: no se puede utilizar la historia, las simpatías, los símbolos o las declaraciones de unos como arma arrojadiza y, al mismo tiempo, exigir que otros queden fuera de todo escrutinio.

Si una sociedad considera intolerables determinadas expresiones por su supuesto carácter extremista, debe explicar con criterios objetivos dónde está la frontera. Si determinadas ideas son legales, no pueden convertirse por decreto mediático en ilegales. Y si una conducta es delictiva, debe perseguirse con independencia de la ideología de quien la cometa.

Ese es el verdadero principio que debería defenderse: ni privilegios para unos ni criminalización preventiva para otros.

Núcleo Nacional merece ser criticado allí donde sus propuestas sean equivocadas. Merece ser confrontado políticamente. Sus dirigentes y simpatizantes deben responder de sus propias palabras y actos, como cualquier otro ciudadano. Pero también merecen algo que parece haberse vuelto extraordinariamente difícil de conceder: que sus ideas sean escuchadas antes de ser etiquetadas.

Llamar «nazi» o «terrorista» a una corriente permite ahorrarse el esfuerzo de responder a sus argumentos. Es una estrategia políticamente cómoda: primero se coloca la etiqueta y después se evita la discusión, pero una democracia no puede funcionar sobre la base de categorías morales prefabricadas y tampoco debería funcionar con una memoria selectiva.

España tiene todo el derecho a mirar con severidad su pasado reciente. Precisamente por eso debe hacerlo sin excepciones partidistas. La violencia política, la intimidación y la justificación del terrorismo no pueden ser aceptables cuando las practica o reivindica «el adversario», pero convertirse en una cuestión secundaria cuando afectan al espacio político que resulta conveniente para determinadas mayorías parlamentarias.

La coherencia democrática no consiste en proteger a los nuestros y perseguir a los otros sino en aplicar la misma vara de medir a todos.

Ese principio es mucho más importante que Núcleo Nacional, que cualquier partido concreto y que cualquier polémica pasajera, porque mañana las etiquetas pueden cambiar de destinatario. Y una sociedad que acepta que determinadas ideas sean silenciadas por decreto puede descubrir demasiado tarde que el mecanismo también puede utilizarse contra ella.

Así que más argumentos y menos etiquetas; más libertad política y exactamente el mismo rasero para todos.