A la Audiencia Nacional ha llegado ya una denuncia por la “entrada masiva y coordinada” de migrantes en Ceuta procedentes de Marruecos. Iustitia Europa ve indicios de la posible comisión de delitos contra la seguridad del Estado y contra la Nación, favorecimiento de la inmigración ilegal y tráfico ilegal de personas, organización criminal y omisión del deber de perseguir delitos.

Y pide al tribunal que investigue a “las personas físicas, integrantes de organizaciones criminales, funcionarios, autoridades, agentes, estructuras estatales o paraestatales extranjeras y autoridades de Marruecos o Españolas que resulten identificados”, así como que esclarezca si los estos hechos “responden nuevamente a una instrumentalización de los flujos migratorios como mecanismo de presión contra España”.

En esa denuncia, insta al tribunal a reclamar al Ministerio del Interior un “informe detallado” sobre el número de entradas de migrantes hoy en Ceuta, “medios empleados y comunicaciones mantenidas con las autoridades marroquíes”, así como durante todo el mes de julio.

Informes al CNI y a Defensa

Del mismo modo, pretende que la Audiencia pida al CNI, al Departamento de Seguridad Nacional y al Ministerio de Defensa informes sobre la existencia de convocatorias previas en redes sociales y la posible implicación de servicios extranjeros. Y que la Guardia Civil aporte “las grabaciones de las cámaras térmicas y radares de la frontera del Tarajal y zonas adyacentes”.

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Para la formación que lidera Luis María Pardo, esa llegada de miles de migrantes a nado a la playa de El Tarajal desde territorio marroquí “no puede analizarse como un fenómeno migratorio espontáneo, sino que presenta características que justifican una investigación penal para determinar la posible existencia de una actuación organizada, coordinada y con capacidad para comprometer la seguridad nacional y la integridad de la frontera española”.

“La dimensión temporal y la concentración de miles de individuos lanzándose simultáneamente al mar desde las costas marroquíes”, pone de relieve el partido denunciante, “evidencia una planificación logística que excede la capacidad de auto-organización de los inmigrantes”.

“Pasividad” de Marruecos

A este respecto señala que los puntos de partida de esta incursión masiva “se sitúan en playas y zonas litorales sometidas a la soberanía y control policial efectivo de las autoridades marroquíes”, por lo que en su opinión “resulta técnicamente imposible que centenares de personas se concentren en áreas restringidas o vigiladas, permanezcan en ellas y procedan a un cruce marítimo coordinado sin que las fuerzas de seguridad Marruecos tengan conocimiento o intervengan”.

Iustitia Europa -que ejerce la acusación popular en las principales causas de corrupción que cercan al Gobierno de Pedro Sánchez- achaca a la “pasividad observada en las costas de origen” y a una “relajación deliberada de los controles fronterizos” por parte de Marruecos lo que en su opinión sería una “cooperación necesaria o una tolerancia consciente” para permitir la salida masiva hacia España, utilizando la presión migratoria “como una herramienta de coacción política o diplomática”. Como sucedió, recuerda, en 2018 a consecuencia del “caso Ghali” (la hospitalización en España del líder del Frente Polisario de espaldas a Rabat que abrió un conflicto diplomático que solo se cerró con el sorpresivo apoyo de Pedro Sánchez al plan marroquí de autonomía para el Sáhara).

Según pone de relieve, “la simultaneidad de los hechos y el uso de rutas idénticas apuntan a la existencia de una estructura criminal organizada” que debe investigarse. “La logística detectada -transporte coordinado hasta la costa marroquí y provisión de medios de flotación- responde a una planificación previa que busca minimizar la eficacia de los sistemas de vigilancia españoles”, añade.

“Una red con capacidad de movilización masiva”

Asimismo, alude a la “difusión de convocatorias digitales con instrucciones precisas sobre horarios y puntos vulnerables de la frontera”, lo que según apunta demuestra “un reparto de tareas” (captación digital, logística de transporte y ejecución del cruce) y “una estructura con capacidad operativa para sincronizar a cientos de personas”. No estamos por tanto, concluye, ante un “consocio meramente transitorio”, sino ante “una red con capacidad de movilización masiva que requiere una infraestructura estable”.

Esta operación, alerta, “afecta directamente a la soberanía nacional, la seguridad de las fronteras y la estabilidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta”.

Iustitia Europa también quiere que se investigue la posible responsabilidad de las autoridades competentes por su negativa “a utilizar los instrumentos legales disponibles para proteger la frontera y asistir a la población de Ceuta ante una incursión de miles de personas en pocas horas”.

“Hay que actuar ya”

En relación con esta cuestión, aboga por esclarecer si las autoridades españolas, “teniendo conocimiento previo de las concentraciones masivas en Marruecos y de la existencia de redes de tráfico ilegal, omitieron las acciones necesarias para impedir la entrada o perseguir a los responsables”, así como si la negativa a declarar la situación de interés para la Seguridad Nacional “facilitó la consumación de los hechos”.

Por último, considera que “la instrumentalización de la frontera como arma de presión política” por parte de un tercer Estado, “mediante la inducción de flujos migratorios masivos”, constituye “un ataque a la integridad nacional que debe ser investigado por la Audiencia Nacional”.

El presidente de Iustitia Europa, el letrado Luis María Pardo, asegura que “hay que actuar ya” porque “la seguridad nacional está por encima de ideologías y de partidos políticos”. “No podemos abandonar a Ceuta y Melilla. Son España. Defender nuestras fronteras, nuestra soberanía y la seguridad de los españoles no admite cálculos políticos ni demoras”, sostiene al tiempo que hace hincapié en que la Justicia tiene que “investigar unos hechos de extraordinaria gravedad y depurar, en su caso, todas las responsabilidades que procedan”.