El Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado 73,5 millones de euros al mantenimiento del Falcon y el Airbus oficiales utilizados para el transporte de autoridades, una decisión que coincidió con la cancelación del contrato destinado a modernizar parte de la flota de hidroaviones Canadair empleada en la lucha contra los incendios forestales.

La resolución que puso fin al proyecto de actualización de los aviones anfibios fue firmada el 10 de julio por el Ministerio para la Transición Ecológica. El expediente, adjudicado en 2022 por un importe de 22,8 millones de euros y financiado con fondos europeos, contemplaba el diseño, certificación e instalación de once kits de modernización para los Canadair CL-215T del Estado.

La paralización del contrato se produjo después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales estimara el recurso presentado por la empresa Avincis. La impugnación cuestionaba la adjudicación a la unión temporal de empresas integrada por Gestair Maintenance y Sirium Aerotech, al considerar que carecía de las autorizaciones necesarias del fabricante para ejecutar las modificaciones previstas.

Antes de la anulación definitiva, el Ejecutivo había elevado el presupuesto inicial hasta los 24 millones de euros con el objetivo de facilitar que la adjudicataria pudiera obtener las licencias exigidas. Sin embargo, el procedimiento terminó extinguiéndose tras agotarse los plazos legales, mediante una resolución suscrita por la directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, María Jesús Rodríguez de Sancho.

Ese mismo 10 de julio se inició también la tramitación de un nuevo contrato para garantizar el mantenimiento de la flota de transporte de autoridades del Ejército del Aire. La licitación enviada al Diario Oficial de la Unión Europea contempla una inversión global de 80,5 millones de euros, de los que 73,5 millones corresponden al sostenimiento de cinco Falcon 900 y dos Airbus A310, mientras que el resto se destina a tres aeronaves Cessna Citation V.

En concreto, el mantenimiento de los Falcon 900 está presupuestado en 34 millones de euros para un periodo de cuatro años, mientras que el de los Airbus A310 alcanza los 39,5 millones. Los trabajos incluyen revisiones estructurales, mantenimiento de motores y sistemas, cumplimiento de directivas de aeronavegabilidad, incorporación de modificaciones técnicas y suministro de materiales y servicios de ingeniería.

Gestair, una de las empresas implicadas en el contrato anulado de los hidroaviones, es además la compañía encargada desde hace años del mantenimiento de la flota VIP del Ejército del Aire y también presta servicios relacionados con los aviones privados utilizados por Pedro Sánchez en sus desplazamientos.

La cancelación del programa de modernización coincidió pocas semanas antes de los grandes incendios registrados en Madrid y Ávila, cuando el dispositivo estatal disponía únicamente de siete hidroaviones plenamente operativos. Aunque la flota incluye catorce aeronaves anfibias —diez CL-215T y cuatro CL-415—, varias permanecen fuera de servicio por diferentes motivos técnicos.

Ante esa situación, el Gobierno solicitó apoyo a otros países europeos durante la campaña de incendios. Italia y Grecia desplazaron cuatro hidroaviones Canadair CL-415 para colaborar en las labores de extinción, mientras los nuevos DHC-515 adquiridos por España no comenzarán a incorporarse progresivamente hasta 2028, prolongando durante varios años la limitación de medios aéreos disponibles.