Víctor Manuel Vaca Arcila.- Cada vez que el humo oscurece los cielos por los incendios forestales de verano, o cuando las riadas y las recientes DANAs transforman nuestras calles en trampas de barro, la escena en España siempre se repite: la solidaridad ciudadana acaba desbordando a las instituciones. Sin embargo, mientras en las «zonas cero» faltan manos para repartir comida, limpiar escombros o ayudar en los traslados, el Estado mantiene desaprovechado un capital humano inmenso. Hablo del contrato social implícito en nuestras ayudas públicas, un debate que, por incómodo que le resulte a algunos sectores de la política, debemos abordar con urgencia y madurez.

Para entender mi propuesta, es necesario mirar hacia el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas. La actual Ley de Tropa y Marinería establece que los militares que finalizan su compromiso de larga duración al cumplir los 45 años pueden adquirir la condición de Reservistas de Especial Disponibilidad (RED). A efectos prácticos, estas personas quedan desvinculadas de la vida militar activa para integrarse en el mercado laboral civil, pero perciben una asignación económica mensual, que en la actualidad ronda los 725 euros.

¿Es este un pago a fondo perdido? En absoluto. A cambio de esta prestación, mantienen un compromiso inquebrantable con el país: en situaciones de crisis, y mediante autorización excepcional del Consejo de Ministros, estos efectivos deben estar dispuestos a ser activados y reincorporarse para servir al Estado. Es un sistema inteligente basado en la reciprocidad: el Estado protege económicamente a quienes le sirvieron, pero ellos siguen a disposición de la sociedad en caso de necesidad extrema.

En el otro extremo de la balanza de nuestro Estado de bienestar tenemos el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Esta prestación no contributiva, nacida en 2020, es una herramienta indiscutiblemente necesaria para proteger a aquellos hogares que caen en la pobreza severa. Miles de personas en edad de trabajar, y en plenas facultades físicas, reciben esta ayuda pública para asegurar su subsistencia y la de sus familias. Sin embargo, la contraprestación que se exige a los beneficiarios desempleados se limita, esencialmente, a estar inscritos como demandantes de empleo en los servicios públicos.

Llegados a este punto, la pregunta es inevitable: si un militar de 45 años, tras décadas de servicio y desgaste físico, se convierte en un «reservista» sujeto a la llamada del Estado a cambio de una prestación, ¿por qué los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, que están en edad de trabajar y gozan de buena salud, no adquieren una figura similar?

Mi propuesta es la creación de un modelo de Disponibilidad Civil. No se trata, bajo ningún concepto, de criminalizar la pobreza, imponer trabajos forzados o precarizar el mercado laboral. Se trata de redefinir la solidaridad ciudadana. Quienes cobran el IMV y se encuentran físicamente capacitados podrían formar parte de una bolsa pública y organizada de apoyo a la protección civil. Cuando nuestra sociedad enfrente una catástrofe —inundaciones devastadoras, grandes incendios que amenazan núcleos urbanos o crisis sanitarias— el Estado debería tener la potestad de activar a estas personas.

No estamos hablando de enviar a ciudadanos sin formación técnica a la primera línea de fuego; de eso ya se encargan con maestría los bomberos y la Unidad Militar de Emergencias (UME). Hablamos de tareas vitales de retaguardia y logística, tales como ayudar en la evacuación ordenada de personas mayores o con movilidad reducida, preparar y distribuir raciones de comida y mantas en los polideportivos habilitados, organizar logísticamente las donaciones de ropa y alimentos que colapsan los ayuntamientos y colaborar en la limpieza de calles y edificios públicos una vez que el peligro directo ha pasado.

Implementar una medida de este calibre tendría un triple beneficio para España. En primer lugar, dotaría al Estado de un «ejército civil» de retaguardia masivo y organizado en momentos donde la burocracia suele ir un paso por detrás de la tragedia. En segundo lugar, blindaría la legitimidad de nuestro sistema de bienestar y de nuestros impuestos, desarmando los discursos más reaccionarios que tildan las ayudas sociales de «subvenciones pasivas».

Pero el beneficio más importante sería para el propio perceptor del IMV. Sentirse útil, ayudar a tu comunidad en su momento más oscuro y formar parte de la solución es un motor de dignidad y autoestima. Y esa dignidad es, muchas veces, la herramienta más poderosa para combatir la exclusión social que el Ingreso Mínimo Vital intenta erradicar.

La solidaridad, para ser verdaderamente justa, debe ser siempre un puente de doble sentido. Es hora de exigir a nuestros gobernantes altura de miras para construirlo.