Los socios parlamentarios de Pedro Sánchez han construido buena parte de su legitimidad política sobre una supuesta superioridad moral frente a la derecha. Nos dijeron que la corrupción era incompatible con la democracia, que cualquier sombra exigía dimisiones inmediatas y que sostener a un gobierno salpicado por escándalos convertía a sus aliados en cómplices necesarios. Lo proclamaban con solemnidad, con indignación teatral y con una agresividad política que no admitía matices.

Hoy, sin embargo, esa retórica ha quedado reducida a cenizas por una evidencia imposible de ocultar: no están dispuestos a romper con Sánchez. Y esa decisión revela algo mucho más profundo que un simple cálculo parlamentario. Demuestra que para ellos la corrupción nunca fue un principio ético innegociable, sino un arma política útil contra el adversario.

La diferencia entre un valor y una herramienta es sencilla: los valores se mantienen aunque resulten incómodos; las herramientas se usan mientras son rentables. Los socios del Gobierno acaban de dejar claro en qué categoría encajaban sus discursos sobre regeneración democrática. Si realmente creyeran todo lo que dijeron durante años sobre la gravedad moral de la corrupción, la ruptura sería automática. No habría excusas tácticas, ni silencios prudentes, ni apelaciones al “contexto político”. Habría una línea roja. Pero esa línea roja ha desaparecido exactamente en el momento en que afecta al bloque ideológico propio.

Lo más llamativo no es el cinismo, habitual en política, sino la magnitud de la hipocresía acumulada. Quienes exigían responsabilidades inmediatas al PP incluso antes de que existieran sentencias firmes, quienes hablaban de “corrupción estructural”, quienes convertían cualquier investigación judicial en una condena moral definitiva, hoy descubren súbitamente la complejidad institucional, la prudencia procesal y la necesidad de “estabilidad”. Exactamente los mismos argumentos que ridiculizaban cuando los utilizaba la derecha.

La conclusión es devastadora para su credibilidad: nunca les indignó verdaderamente la corrupción; les indignaba quién gobernaba. Tampoco defendieron nunca estándares éticos universales; defendieron intereses políticos disfrazados de ética pública. Su problema no era la degradación institucional, sino que el poder estuviera en manos ajenas.

Por eso sus antiguos reproches al PP quedan hoy completamente desacreditados. No porque el PP quede absuelto de sus propios errores o escándalos, sino porque quienes ejercían de fiscales morales han demostrado actuar con idéntico sectarismo. Y en algunos casos, incluso con mayor descaro, porque después de haber elevado la corrupción a categoría casi existencial, ahora aceptan convivir con aquello que presentaban como intolerable.

El mensaje que trasladan a la sociedad es demoledor: la corrupción no merece una respuesta firme si el beneficiario político pertenece al propio bloque ideológico. Todo depende de la utilidad parlamentaria, de los equilibrios de poder y del miedo a perder influencia. La ética queda subordinada a la aritmética.

Esa es la verdadera erosión democrática que dejan estas semanas. No solo por los casos conocidos o las investigaciones abiertas, sino porque una parte de la clase política ha dinamitado deliberadamente la idea de que existan principios comunes aplicables a todos. Han convertido la moral pública en propaganda de trinchera.

Cuando la corrupción deja de ser un límite moral para convertirse simplemente en un instrumento contra el rival, la política entra en una fase mucho más peligrosa: la de la impunidad tribal. Allí donde todo se perdona a los propios y todo se exagera en los demás. Allí donde la indignación no depende de los hechos, sino del color del acusado.

Los socios de Sánchez han decidido no romper. Están en su derecho político. Pero ya no pueden fingir superioridad ética. Ya no pueden presentarse como guardianes de la regeneración democrática. Y, sobre todo, ya no pueden exigir a otros una ejemplaridad que ellos mismos han demostrado no estar dispuestos a aplicar cuando afecta a su propio poder.

Los dos partidos que integran el Gobierno mantienen un difícil equilibrio. Si este sábado fue Más Madrid, hoy Izquierda Unida ha acusado al PSOE de estar colapsado por la corrupción y exige una explicación. El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha exigido este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicaciones “claras y convincentes” por los casos de corrupción que afectan al PSOE.

Le ha reclamado que asuma su responsabilidad por haber elegido a dos secretarios de Organización cuyas prácticas ha calificado de “rechazables”.

Maíllo: mucho ruido y pocas nueces

Los dos partidos que integran el Gobierno mantienen un difícil equilibrio. Si este sábado fue Más Madrid, hoy Izquierda Unida ha acusado al PSOE de estar colapsado por la corrupción y exige una explicación. El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha exigido este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicaciones “claras y convincentes” por los casos de corrupción que afectan al PSOE.

Le ha reclamado que asuma su responsabilidad por haber elegido a dos secretarios de Organización cuyas prácticas ha calificado de “rechazables”.

“El PSOE tiene un problema con la corrupción. Si tuviera la casa limpia no habría base para esa estrategia de derribo. Sánchez tiene que dar explicaciones claras y convincentes y asumir la responsabilidad de haber elegido a dos responsables de Organización con prácticas rechazables y absolutamente desaconsejable”, ha señalado Maíllo durante la presentación de su informe político ante la Coordinadora Federal de IU.

Críticas que no parecen hacer mella en el partido socialista. La secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra Diana Morant, eludía el fondo de esta crisis y acusaba a los populares de querer desmovilizar a la izquierda.

Y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, insistía de nuevo en la connivencia interesada de ciertos poderes y políticos para derribar al Gobierno. Ha criticado que dentro del Poder Judicial “hay quienes quieren acabar con el Gobierno de España” y ha pedido “poner fin a estas actitudes”.

“No es un fin legítimo de ningún poder del Estado acabar con otro poder del Estado. No lo es”, ha insistido el ministro en relación a las investigaciones judiciales que afectan al entorno del PSOE y del presidente Pedro Sánchez.

Por su parte, desde Junts han asegurado que la legislatura está acabada pero que no apoyará ninguna fórmula de censura que incluya a VOX.