La batalla judicial entre la cantante colombiana Shakira y la Agencia Tributaria ha dado un giro de enorme trascendencia tras la sentencia de la Audiencia Nacional que anula las liquidaciones y sanciones impuestas por el ejercicio fiscal de 2011.

El tribunal concluye que Hacienda no logró acreditar que la artista tuviera en aquel año su residencia fiscal en España, requisito indispensable para exigirle tributar como residente. El origen del conflicto se remonta a la interpretación de la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que considera residente fiscal en España a quien permanezca más de 183 días durante un año natural en territorio español.

La Agencia Tributaria sostuvo que Shakira cumplía esa condición y le reclamó cerca de 55 millones de euros por IRPF e Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes a 2011. Sin embargo, la Audiencia Nacional ha desmontado esa tesis. La sentencia sostiene que la Administración no consiguió demostrar que la cantante permaneciera en España el tiempo exigido por la ley.

Por ello, declara contrarias a derecho las liquidaciones y sanciones que se apoyaban en la presunción de que la artista tenía en 2011 su domicilio fiscal en España. Hacienda, por tanto, deberá devolver a la artista las cantidades abonadas, junto con los intereses legales generados durante el proceso y las costas judiciales y que ascenderían a más de 60 millones de euros.

Más allá de la relevancia mediática del caso o de la identidad de la contribuyente, la resolución supone un severo revés para los métodos de comprobación empleados por la Agencia Tributaria. La sentencia habla de mala fe, de temeridad y falta de fundamento y vuelve a situar bajo escrutinio la actuación inspectora en procedimientos de gran impacto económico y reputacional, especialmente cuando los tribunales terminan corrigiendo los criterios utilizados por la Administración.

El caso también reabre un debate recurrente sobre la desigualdad de recursos entre la Administración y los contribuyentes. Litigios de esta complejidad exigen años de procedimientos, equipos jurídicos especializados y elevados costes económicos. La victoria judicial de Shakira demuestra que es posible discutir con éxito las conclusiones de Hacienda, pero también que pocos ciudadanos disponen de la capacidad financiera necesaria para sostener una batalla legal de semejante envergadura.

La sentencia deja, además, una enseñanza de fondo: en un Estado de derecho, las presunciones administrativas deben estar respaldadas por pruebas sólidas. Cuando estas no existen, corresponde a los tribunales restablecer las garantías del contribuyente frente al poder de la Administración. Y, en mi opinión, sería de justicia que los inspectores no cobraran un plus de productividad del 25% de su salario, menos cuando no depende de sí se gana o no el procedimiento.