Lo ocurrido con el fiscal Alejandro Luzón en el juicio de las mascarillas del caso Koldo va mucho más allá de una discusión técnica sobre años de cárcel para el colaborador Víctor de Aldama. La lucha contra la corrupción necesita pruebas, los arrepentidos necesitan incentivos y la Fiscalía necesita algo que no se improvisa en los pasillos: autoridad moral.