Gabriela Moreno.- El decreto que emitió el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que apunta a la regularización masiva de inmigrantes que no cuenten con papeles, tiene letra pequeña. Uno de los puntos que más llama la atención al leer el documento está en la disposición adicional vigésima en su punto quinto. Este artículo autoriza la revocación de las órdenes de deportación. En concreto, la medida ordena archivar el procedimiento de expulsión o devolución de todo aquel al que alcance este beneficio.

El texto no deja espacio para interpretaciones. «Es una amnistía en toda regla», advirtió Patricia García-Gallardo, abogada. La jurista se basa en que la medida permitirá que hasta inmigrantes ilegales presos ingresen su solicitud de regularización, antes de ser juzgados o condenados. De esta manera podrían evitar la expulsión.

Otorgar residencia legal a reos extranjeros complica su deportación, recalcó García-Gallardo. Esto se debe a que solo los inmigrantes en situación irregular pueden ser expulsados del país. Sin embargo, este decreto va en sentido contrario.

De acuerdo con lo estipulado por el Ejecutivo español en el documento, se plantea con claridad que «en los supuestos en los que la persona solicitante se encuentre afectada por un procedimiento de devolución o expulsión por las infracciones previstas en el artículo 53.1.a) y b) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, la concesión de la autorización prevista en esta disposición supondrá el archivo del procedimiento de expulsión o devolución y, en su caso, la revocación de la orden».

Sobre el punto, la abogada recuerda que «la expulsión se impone cuando hay circunstancias agravantes (por ejemplo, algún antecedente penal menor o antecedentes policiales). Aquí dice que cualquier orden de devolución o expulsión que estuviera en trámite, o incluso ya acordada, dará lugar al archivo del procedimiento o a la revocación, respectivamente».

Impacto demográfico sin precedentes en España

Más allá de sus implicaciones jurídicas, el impacto de este proceso inédito en las últimas dos décadas ya es visible en Almería. En esa provincia, la población extranjera ya equivale al 23 % del total provincial. Esta cifra podría incrementarse hasta el 30 %. Esto sucedería luego de la recepción de 45000 expedientes en su sistema migratorio.

Incluso, las proyecciones estiman que España pasará de tener 10 millones de personas nacidas en el extranjero en su territorio a más de 12 millones al cierre de 2026. Esto significaría que uno de cada cinco habitantes es migrante. Además, las estadísticas indican que Marruecos es el país de donde provienen el mayor número de extranjeros, con 1,1 millones de empadronados. Le siguen los nacidos en Colombia, con casi un millón. Por su parte los venezolanos ocupan el tercer lugar con 700.000 registros. Por lo tanto, estas cifras reflejan el peso acumulado de las principales comunidades extranjeras en el país.

Una mirada al futuro arroja que el actual flujo migratorio cambiará la demografía del país ibérico desde 2035. A partir de ese año, autóctonos serían minoritarios en algunas provincias, y desde 2045, en todo el territorio nacional. Alicante, Barcelona, Gerona, Baleares, Lérida, Madrid y Valencia, serán las primeras en enfrentar el giro.

Proceso con menos requisitos

Llegar al panorama planteado para la población en España en la próxima década es muy probable. Esto se debe a que el proceso impulsado por el Gobierno apuesta a simplificar el trámite de la regularización de migrantes que se declaren como «vulnerables». Este es un término que por catalogarse como difuso, puede amparar 12 supuestos. Entre los que podrían ser más aludidos figuran: «aislamiento social», «situación de sinhogarismo», «carencia de ingresos suficientes», «riesgo de exclusión económica», «dificultad de acceso a empleo», «riesgos psicosociales» hasta un vago «otros».

los colombianos, peruanos y hondureños figuran entre los principales beneficiados, ya que representan cerca de 500.000 de los 840.000 extranjeros sin papeles que residen en España. Quienes necesiten regularizar un permiso de residencia pendiente o previamente denegado por retrasos administrativos solo deberán acreditar que se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026 para obtener la autorización.

De esa manera, el mandatario socialista exime a los extranjeros de la necesidad de presentar una oferta de trabajo, unidad familiar o situación de vulnerabilidad. Ahora es suficiente demostrar cinco meses de residencia en España. «De facto, están cambiando los requisitos», aseveró la abogada.

Expulsiones en lo mínimo

Suspender las expulsiones de extranjeros, como lo establece el real decreto sobre la regularización de migrantes en España, solo favorece al gobierno de Sánchez debido a que su Administración ha incumplido con el 92 % de las deportaciones previstas.

De hecho, el año pasado de las 41315 que debían concretarse se ejecutaron 3398 y, desde que tomó el poder en 2019, no supera las 18000. El mandatario alega por problemas de identificación, falta de cooperación consular o saturación administrativa. De esta forma, el Ejecutivo matiza que España está por debajo del 30 % que, en promedio, arrojan sus vecinos en esta materia.

Con la tendencia, Sánchez también marca un contraste con la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero que cerró con la deportación de 81000 inmigrantes en situación irregular. Su antecesor, Mariano Rajoy, se despidió con 47000 expulsados.

Frente a la situación, la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, solicitó ante el Tribunal Supremo la suspensión del real decreto aprobado por Sánchez. Entre los argumentos presentado se destaca que el proceso impacta «gravemente a la prestación de los servicios públicos madrileños sin articular mecanismos financiación y de provisión de medios». Asimismo, lo señala de «contravenir» la normativa de la Unión Europea y «afectar» a la seguridad. Sin embargo, el pronunciamiento del ente judicial demorará meses.