Junts ha dado un golpe sobre la mesa en la sesión de control de este miércoles en el Congreso. La diputada Miriam Nogueras ha sido especialmente dura con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que le ha reprochado “los casos de corrupción que le rodean” y aprobar “políticas por la puerta de atrás” como la regularización de inmigrantes. “Lleva mucho tiempo ocupando el poder sin una mayoría […] ¿Qué argumento democrático le queda para no convocar elecciones?” le ha lanzado. Sánchez le ha respondido que no sabe qué problema tiene con la “normalización” y con “reconocer los derechos de quien vive aquí”, no obstante, ha tratado de apaciguar el malestar de la formación independentista asegurando que este Gobierno “va a reconocer derechos” y “va a hacer de Cataluña y España países mejores”, palabras que han generado bastante revuelo entre los diputados y diputadas de la Cámara.

Las relaciones entre el PSOE y Junts llevan rotas medio año, pero no es habitual que los posconvergentes pidan elecciones al presidente o le echen en cara asuntos como la corrupción. Este miércoles Nogueras lo ha hecho con bastante claridad. “No aplica las políticas que se aprueban en este Parlamento y la guinda del pastel son los casos corrupción que le rodean”, le ha espetado. No sin antes reprocharle los incumplimientos con su partido, en concreto, la exención del IVA a los autónomos que cobren menos de 85.000 euros al año; la bajada de la cuota a estos trabajadores o la ley que propuso Junts para desalojar a los okupas en 48 horas.

Sánchez ha preguntado a la diputada que si lo que le “molesta” es que la primera cumbre iberoamericana entre España y Brasil es que se ha celebrado en Barcelona. Además de cuestionarle su posición sobre la regularización de inmigrantes, también lo ha hecho sobre el “empobrecimiento” que le ha reprochado Nogueras. Sánchez ha asegurado que lo que “empobrece” son las “guerras unilaterales”, y por eso el Gobierno ha aprobado un decreto que destina 5.000 millones de rebajas fiscales a los sectores afectados. “Estamos viendo que la inmigración está contribuyendo al crecimiento económico. España está creciendo”, ha abundado.

No obstante, Nogueras ha dejado clara su posición, sobre todo, en lo que tiene que ver con los casos de corrupción que rodean al Gobierno. “Lleva demasiado tiempo ocupando el poder sin una mayoría, señor Sánchez, y culpa de todo a la derecha con la que pacta cuando el conviene”, le ha espetado. Se ha referido así al juicio del caso mascarillas que ha sentado al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García en el banquillo del Tribunal Supremo por presuntas irregularidades, comisiones ilegales y tráfico de influencias en la compra de material sanitario durante la pandemia de la covid en España, o el procesamiento de la mujer del presidente por presuntos delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, malversación o apropiación indebida.

Y mientras Sánchez se enfrentaba a las palabras de Junts en el Congreso, el president de la Generalitat, Salvador Illa, aseguraba en una entrevista en Onda Cero desde Barcelona que el partido de Carles Puigdemont “no es racista” como lo calificó la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, la semana pasada. “No se definen como partido de derechas, pero tienen políticas de centro-derecha. Incluso hay alguna voz, pero racistas no son. Los dirigentes de Junts con los que trato no son racistas; me parece una calificación desafortunada”, ha aclarado Illa.

Pero Sánchez no solo está tratando de amainar las presiones de sus socios de Junts, también de Bildu, a quien ha querido dejar claro que su disposición es dar un “acelerón” y cumplir con todos los retos pendientes antes de que concluya la legislatura. El presidente se ha comprometido así con la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, durante el Pleno, tras advertirle ella de que sólo queda un año de legislatura y que “no son pocas” las cuestiones que quedan por cumplir. Como ejemplo ha citado la necesidad de acabar con “el gran fraude” de las horas extra no pagadas, de prohibir la compra de vivienda especulativa, de recuperar indemnizaciones justas por despido improcedente o de tener una nueva Ley de Secretos que “acabe con la impunidad”, además de hacer real la oficialidad del euskera, el catalán y el gallego en la Unión Europea.