El destino ha querido que mientras millones de contribuyentes empezaban a hacer sus cuentas y crecía su enfado para cumplir con Hacienda, comenzaba también el primer gran juicio por corrupción del Partido Socialista y del Gobierno. Una semana que ha condensado, como pocas, la sensación de hartazgo de una ciudadanía que no deja de pagar impuestos, pero que no lo ve reflejado en unos mejores servicios. Abril llega con el ritual fiscal, pero este año con algo distinto: la indignación de que una parte importante de ese esfuerzo brutal y creciente ha acabado en manos de presuntas tramas de corrupción que se habrían enriquecido con el dinero de todos.

El enfado es mayúsculo si observamos algunas cifras. Se estima que en esta campaña los ingresos de Hacienda aumentarán un 18%. Muchos trabajadores comprobarán como, por ejemplo, la falta de deflactación del IRPF les obliga a pagar más sin haber mejorado su poder adquisitivo. Un salario medio afrontará un incremento cercano a los 800 euros, mientras que en rentas más bajas, de apenas 18.000 euros, el impacto proporcional será aún más severo. España es el quinto país de la UE con mayor carga fiscal. Y, sin embargo, vemos un país que se cae a trozos. Los servicios públicos no funcionan, pero tampoco el transporte ferroviario, no se ha invertido en mejorar las carreteras, ni en las redes eléctricas ya colapsadas, una gestión pública que no está a la altura del esfuerzo exigido.

Es tremendamente corrosivo darse cuenta de que los mil millonarios ingresos públicos no se han dedicado al interés general, sino al enriquecimiento ilícito de unos pocos. Casos que ahora empiezan a dirimirse en los tribunales, impulsados por investigaciones periodísticas, policiales y judiciales. Durante años se insistió en que no había magia en la gestión del dinero público. Lo que hoy aflora ante la opinión pública es que más bien era un truco facilón que consiste en que el esfuerzo de millones de ciudadanos pase sin darnos cuenta al bolsillo de unos pocos que actuaban presuntamente como una mafia. El inicio de este primer juicio marca un punto de inflexión. No solo por las posibles responsabilidades penales, sino por la exigencia de responsabilidades políticas que, hasta ahora, no hemos visto. De lo que no hay duda es de que entre declaraciones fiscales y declaraciones judiciales, los ciudadanos comprueban que esta coincidencia resulta profundamente reveladora del momento que atraviesa el país.