La reciente concesión de un régimen de semilibertad al exjefe de ETA, Garikoitz Aspiazu Rubina, más conocido por su alias de “Txeroki”,ha desatado toda una ola de estupor en España.

Desde este domingo el preso puede salir del centro penitenciario de Martutene, en San Sebastián, después de que lo haya autorizado el Gobierno Vasco a propuesta de la Junta de Tratamiento de la prisión donostiarra, en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Con su liberación programada para los días laborables (¿quién le habrá hecho el contrato de trabajo?), es obligatorio preguntarse si estamos ante una amnistía encubierta que pone en riesgo la seguridad pública.

Txeroki, condenado a casi 400 años de prisión por numerosos crímenes, ha sido un símbolo del terror que ETA infligió en España. En 2011 fue sentenciado a penas que sumaban 377 años de cárcel por 21 intentos de asesinato y actos terroristas.

Su salida de prisión, aunque sea parcial, ha generado la lógica reacción entre las víctimas del terrorismo y la sociedad en general. Las asociaciones de víctimas han denunciado esta medida como un acto de impunidad que ignora el sufrimiento de aquellos que perdieron a sus seres queridos a manos de la organización terrorista ETA, de la cual era considerado jefe hasta su detención en 2008.

La percepción de que la liberación de Txeroki es una forma de amnistía encubierta se ve reforzada por las negociaciones políticas existentes entre el Gobierno vasco y partidos como el PSOE y Bildu. Este tipo de decisiones no solo menoscaban el prestigio de la justicia y su imprescindible independencia sino que también envían un mensaje peligroso sobre la impunidad de los crímenes de ETA. En España parece salir más barato proporcionalmente, asesinar que cometer un delito fiscal por parte de un empresario.

La posibilidad de que un asesino regrese a la sociedad sin haber mostrado ningún tipo de arrepentimiento añade un nivel de preocupación que no puede ser ignorado en modo alguno, máxime cuando no estamos ante la figura de un activista político violento amante por romanticismo del acto terrorista, sino más bien de un sicario que nadie asegura que no pueda matar por encargo.

En nuestro país hoy no estamos para bromas. Se viviría más tranquilo si aquellos violentos que eligieron como modus vivendi el asesinar o mandar hacerlo a sangre fría y el vivir de las extorsiones económicas a empresarios, aceptasen democráticamente vivir donde les corresponde por sentencia judicial firme, que no es otro lugar que en un centro penitenciario, donde pueden leer, formarse, redimirse y jugar a la pelota vasca.

La reacción a esta decisión, ya se ha comprobado, ha sido de gran intensidad. Grupos de víctimas han organizado manifestaciones y han hecho llamados a la acción para impedir que se consolide lo que consideran una clara «amnistía encubierta». Políticos de diversas ideologías han expresado su desacuerdo, advirtiendo sobre los peligros de normalizar la presencia de figuras como Txeroki en la vida pública.

La liberación total de Txeroki se prevé para 2027 y plantea preguntas cruciales sobre la justicia en España.

Es cierto que todas las sociedades que han sufrido los zarpazos del terrorismo buscan avanzar y sanar, pero no es menos importante recordar el pasado y reconocer el dolor de las víctimas.

La seguridad pública y la justicia no deben ser sacrificadas a cualquier precio en el altar de la política.