El proceso de excarcelación de presos políticos en Venezuela avanza a su siguiente fase: una amnistía general, como venía pidiendo la oposición y en concordancia con las exigencias de Estados Unidos, donde tanto el presidente Donald Trump como el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtieron que no se estaban avanzando con la celeridad necesaria.

«Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente», anunció este viernes Delcy Rodríguez, encargada de la Presidencia tras la captura de Nicolás Maduro, en el acto del inicio del año judicial, en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), transmitido por el canal oficialista Venezolana de Televisión (VTV).

Para cumplir con los trámites requeridos para aprobar esta amnistía general, Rodríguez encargó a la Comisión de Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia y la Paz para que en las «próximas horas» presenten la ley ante la Asamblea Nacional (AN), así como la «máxima colaboración» al cuerpo legislativo para su aprobación.

«Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos», añadió.

Rodríguez indicó que esta propuesta de ley de amnistía general excluye a aquellos procesados o condenados por homicidios, tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos, de acuerdo con las exenciones para amnistías establecidas en la Constitución.

Adicionalmente, Delcy Rodríguez pidió este viernes convertir el Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas, señalada como un centro de torturas por distintas ONGs y de acuerdo con testimonios de quienes estuvieron recluidos allí, en un centro social y deportivo, en medio de su propuesta para declarar una amnistía general para los presos políticos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que abarca los gobiernos del chavismo.

La propuesta la dio a conocer semanas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, con quien el Gobierno encargado de Rodríguez mantiene contactos diarios, hablara del cierre de una «cámara de torturas» en la capital venezolana, en clara alusión al Helicoide.

Varias ONG han insistido desde hace años en una amnistía general para todos los presos políticos, presentando, al mismo tiempo, varios proyectos de ley. El último fue propuesto el martes por la organización Surgentes y el Comité de Madres por la Verdad.

El texto de la ONG y el Comité incluía 12 artículos y proponía la amnistía para «todas esas personas que han sido perseguidas, luchadores sociales, periodistas, integrantes de comité de víctimas, militares y personas perseguidas o privadas de su libertad en el contexto de movilizaciones postelectorales».

A principios de mes, una fracción parlamentaria de Venezuela planteó también una ley de amnistía para, argumentó, llevarle «sosiego» a los familiares de las personas «que están injustamente detenidas».

Actualmente, según la ONG Foro Penal, hay 711 presos políticos, pero el régimen venezolano negaba que en el país hubiera personas detenidas por estos motivos y señalaba que los encarcelados cometieron delitos, en su mayoría, relacionados con terrorismo.

La última vez que se promulgó una ley de amnistía en Venezuela fue en diciembre de 2007, cuando el fallecido dictador Hugo Chávez perdonó a personas involucradas en los sucesos de abril de 2002 que terminaron con su salida del poder por un par de días.

En 2016, la AN, para entonces controlada por la oposición, aprobó una ley de amnistía, declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) chavista y nunca se pudo aplicar.

En agosto de 2020, Nicolás Maduro otorgó, mediante decreto, 110 medidas de indultos a opositores, sindicalistas y actores sociales acusados de diversos delitos, de cara a elecciones legislativas que se celebraron en diciembre de ese año, un evento al que el grueso de la oposición no se presentó por haber sido convocadas por una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima.