LG. +- El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado una de las medidas migratorias más ambiciosas de los últimos años: la regularización de más de medio millón de inmigrantes ilegales. Lo que el Ejecutivo presenta como un «proceso de integración» y «una solución humanitaria» está alentando el «efecto llamada» hacia España.

La noticia ha cruzado fronteras con rapidez. Uno de los medios más influyentes del Magreb, Hespress (Marruecos), publicó de inmediato un artículo en árabe (traducción: El Gobierno español establece plan para regularizar medio millón de migrantes irregulares). El texto describe la medida como un «avance humanitario» que «otorgará derechos laborales, acceso a la seguridad social y estabilidad» a miles de magrebíes y otros africanos ya presentes en España. El tono es claramente una llamada a la comunidad marroquí: destaca las oportunidades económicas y la mejora en las condiciones de vida para los inmigrantes. No hace falta ser un experto en comunicación migratoria para entender el mensaje que llega al otro lado del Estrecho: «España está abriendo una puerta grande y fácil».

En las redes sociales, especialmente en Facebook, la reacción ha sido aún más explícita y preocupante. Grupos y perfiles de origen magrebí y subsahariano celebran la medida como una «victoria histórica». Influencers con miles de seguidores explican paso a paso cómo acreditar la residencia mínima, qué documentos presentar y cómo acelerar el trámite. Pero lo más grave es la actividad en grupos cerrados o semipúblicos donde se observa una dinámica mucho más oscura: traficantes y facilitadores de rutas ilegales promocionan la regularización como un «premio garantizado» al final del viaje. Se comparten contactos, precios de travesías en patera, rutas por tierra desde Marruecos o Argelia, e incluso consejos para entrar por vía aérea con visado turístico y quedarse. La inmigración ilegal se está comercializando en tiempo real como una inversión con alto retorno.

Esta dinámica recuerda poderosamente al efecto provocado por la acogida del Aquarius en junio de 2018. Aquel gesto simbólico disparó las llegadas ilegales en los meses siguientes, con un incremento notable de pateras y cayucos hacia Canarias y el Mediterráneo. Hoy, con una regularización masiva anunciada de forma explícita y con plazos claros, el incentivo es mucho mayor. No se trata de un caso aislado, sino de una política de Estado que promete papeles a cientos de miles de inmigrantes con requisitos irrisorios y perversos. Sindicatos policiales ya han alertado de que esta medida rompe cualquier consenso europeo de contención migratoria, satura las oficinas de extranjería, beneficia directamente a las mafias y genera un «efecto llamada brutal» que colapsará fronteras por tierra, mar y aire.

Las consecuencias son previsibles y ya visibles en otros países que han aplicado regularizaciones amplias sin controles estrictos: listas de espera sanitarias eternas, presión insostenible sobre el parque de vivienda, incremento de la inseguridad en barrios saturados y un descrédito creciente hacia las instituciones. Medio millón regularizados hoy pueden convertirse en varios millones de intentos de llegada ilegales en los próximos meses y años si no se corrige el rumbo con urgencia.