AD.- La política española atraviesa un momento de extraordinaria gravedad institucional. El Gobierno de Pedro Sánchez, sostenido por una amalgama de intereses contradictorios, ha convertido la supervivencia en el poder en su único proyecto político reconocible. Está dispuesto a todo con tal de conseguirlo. Lo último ha sido el anuncio de la regularización de más de medio millón de inmigrantes que entraron ilegalmente en España para incrementar el censo electoral y exacerbar las tensiones sociales.

Ante esta situación, resulta cada vez más evidente que la división entre los principales partidos de la oposición no solo debilita su capacidad de respuesta, sino que refuerza al propio Ejecutivo. PP y Vox comparten, les guste o no admitirlo, un diagnóstico común sobre el rumbo del país. Ha llegado el momento de que también compartan un objetivo estratégico.

España asiste a un proceso preocupante de degradación del Estado de derecho: concesiones al independentismo a cambio de votos, erosión de la separación de poderes, uso partidista de las instituciones y una política exterior errática que compromete la credibilidad del país. Todo ello se produce mientras los problemas reales de los ciudadanos —inflación, presión fiscal, acceso a la vivienda, deterioro de los servicios públicos— quedan relegados a un segundo plano. Frente a este escenario, la oposición no puede permitirse el lujo de la fragmentación permanente.

PP y Vox representan sensibilidades distintas dentro del espacio de la derecha, pero coinciden en cuestiones esenciales: la defensa de la unidad nacional, la necesidad de estabilidad institucional, el respeto a la civilización que nos alumbra desde hace siglos y el rechazo a que minorías radicales condicionen el rumbo del país. Insistir en subrayar exclusivamente las diferencias tácticas o ideológicas, sin atender a la urgencia del momento, solo beneficia a quien gobierna.

La lucha contra la inmigración y el cambio demográfico, objetivo irrenunciable

Si hay un asunto que hace imperativa la unidad estratégica de PP y Vox es la lucha contra el cambio demográfico en España que Sánchez ha puesto en marcha, acaso el asunto más determinante de cara a la supervivencia nacional.

De lo que PP y Vox hagan para revertir este proceso de inmolación nacional  dependerá el futuro de las próximas generaciones de españoles. Nunca antes el desafío había sido tan grande. Ni siquiera en el año 711. Don Julián ha resucitado y vive en la Moncloa.

Algunos sectores conservadores y la misma Iglesia deben entender que la compasión mal entendida está destruyendo a la civilización occidental. España es un país superpoblado. Es falso que España necesite más población, especialmente hoy cuando se tiende a la automatización de los procesos de producción industriales y de los trabajos agrícolas. Por lo tanto, la inmigración no es lo que necesita España en este momento. La introducción de población extranjera en España, en especial la procedente de otros continentes, tiende a romper la homogeneidad cultural que siempre ha existido en nuestro territorio. La condición mínima para la existencia de una nación es la homogeneidad de su población. De lo contrario esa nación es inestable.

Las oleadas migratorias actuales son una consecuencia secundaria de la globalización, que tiende a abaratar el precio de la mano de obra en España. La fuerza de trabajo es uno de los factores sometidos a las leyes del mercado. Por eso puede afirmarse rotundamente que a medida que hay más trabajadores que aspiran a un mismo puesto de trabajo, el valor de ese puesto tiende a disminuir.

El mito del progresismo en materia de inmigración es la integración. Se entiende por integración la aceptación de la cultura autóctona por parte del inmigrante que conserva, al mismo tiempo, sus señas de identidad. La integración es un mito voluntarista que hasta ahora nunca ha alcanzado sus objetivos en ningún país europeo. La integración supone el mantenimiento de la identidad de las comunidades inmigrantes y, quien dice identidad, dice, finalmente, territorialidad: quien tiene identidad propia antes o después reivindica un territorio propio: por eso existen los guetos de la inmigración. Frente al mito de la integración está la exigencia de la asimilación: asumir los rasgos de la sociedad autóctona sin distingos ni ranchos aparte.

La derecha política debe rechazar sin complejos la fábula izquierdista de que España necesita de los inmigrantes cuando tiene una tasa de paro que supera los cinco millones de personas. Un inmigrante que llega de fuera disputará el puesto de trabajo a un español. El principio de preferencia nacional es incuestionable e irrenunciable en las actuales circunstancias. Primero los de casa y cuando aquí se haya alcanzado el pleno empleo será el momento de pensar en abrir las puertas a una inmigración legal y encauzada desde los consulados españoles en el extranjero.

La experiencia reciente demuestra que Sánchez ha sabido explotar con habilidad la falta de coordinación entre sus adversarios. Cada choque público, cada descalificación mutua, cada pulso innecesario se traduce en oxígeno político para un Ejecutivo que se presenta como el único dique frente al “bloque de la derecha”, mientras continúa avanzando en su agenda con apoyos cada vez más exigentes. La división no es un gesto de pureza ideológica: es un error estratégico.

Unificar objetivo no significa diluir identidades ni renunciar a principios. Significa establecer prioridades. Y hoy la prioridad es clara: ofrecer una alternativa creíble de gobierno que devuelva a España un marco de normalidad democrática, seguridad jurídica y previsibilidad económica. Esa alternativa solo será viable si existe, al menos, una coordinación básica en el mensaje, en el diagnóstico y en la estrategia parlamentaria y electoral.

Los votantes lo entienden mejor de lo que algunos dirigentes creen. Una parte creciente del electorado conservador percibe con frustración que sus opciones políticas parecen más preocupadas por marcar perfil propio que por frenar políticas que consideran perjudiciales para el país. Esa frustración se traduce en abstención, desmovilización o voto de castigo, con un único ganador final: el actual presidente.

La historia política reciente, en España y fuera de ella, demuestra que los grandes cambios se producen cuando las fuerzas con objetivos comunes son capaces de anteponer el interés general a la competición interna. No se trata de alianzas forzadas ni de cheques en blanco, sino de responsabilidad. De entender que hay momentos excepcionales que exigen altura de miras.

Pedro Sánchez gobierna gracias a la suma de debilidades ajenas. PP y Vox tienen la oportunidad —y la obligación— de demostrar que pueden ser algo más que rivales entre sí: pueden ser la base de una alternativa sólida. Si no lo hacen, la pregunta ya no será qué hace el Gobierno, sino por qué la oposición fue incapaz de estar a la altura del desafío.