Sánchez diluye el Estado para mantener el poder: lleva traspasadas 46 competencias a comunidades autónomas desde su llegada a La Moncloa
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) y el lehendakari, Imanol Pradales.
Las competencias no son una moneda de cambio. O no deberían serlo. Sin embargo, en la España actual parecen haberse convertido en el precio recurrente que el Gobierno de Pedro Sánchez está dispuesto a pagar para garantizar su supervivencia parlamentaria, especialmente en su relación con el nacionalismo vasco.
La reciente ampliación —directa o encubierta— de competencias cedidas al País Vasco no responde a un proyecto coherente de Estado ni a una reflexión profunda sobre el modelo territorial, sino a una lógica de corto plazo: asegurar apoyos en el Congreso. Esta dinámica no es nueva, pero sí preocupante por su intensidad y por el precedente que establece.
España es un Estado autonómico con un alto grado de descentralización, reconocido incluso en el contexto europeo. El País Vasco, además, disfruta de un régimen foral singular que le otorga una autonomía fiscal y administrativa muy superior a la media. En este contexto, seguir transfiriendo competencias estratégicas plantea una pregunta incómoda: ¿dónde está el límite?
El problema no es la autonomía en sí, sino su uso como herramienta de negociación política. Cuando las competencias se ceden no por eficiencia, cercanía al ciudadano o mejora del servicio público, sino por necesidad aritmética, el interés general queda relegado. El Estado deja de actuar como garante de la igualdad entre ciudadanos y pasa a funcionar como gestor de equilibrios parlamentarios.
Además, estas cesiones generan un efecto dominó. Cada transferencia al País Vasco se convierte en argumento para otras comunidades, alimentando agravios comparativos y tensando aún más un sistema ya complejo. El resultado es una España cada vez más asimétrica, no por diseño constitucional, sino por acumulación de concesiones coyunturales.
Pedro Sánchez defiende estas decisiones en nombre del diálogo y la convivencia. Pero el diálogo no puede confundirse con la renuncia sistemática, ni la convivencia con la fragmentación silenciosa del Estado. Gobernar también implica decir no, establecer límites y pensar en el largo plazo, incluso cuando el corto plazo resulta políticamente incómodo.
La cesión constante de competencias al nacionalismo vasco no fortalece España ni su modelo territorial. Lo debilita, lo desdibuja y lo somete a una negociación permanente en la que siempre pierde el mismo: el principio de igualdad entre ciudadanos y la idea de un proyecto común.
Porque cuando el Estado se administra a base de concesiones, deja de gobernar y empieza simplemente a resistir.
El País Vasco asume la mitad de las competencias desde que gobierna Sánchez
El Gobierno ha materializado casi 45 traspasos de competencias a diferentes comunidades autónomas desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, y el País Vasco es la que más ha conseguido, hasta 23, muy por delante de Cataluña, con ocho. El País Vasco ha sumado hasta siete nuevos traspasos en este 2025, acaparando más de la mitad de transferencias desde la moción de censura que aupó en 2018 al socialista al Ejecutivo.
El último traspaso que cerraron el Gobierno central y la administración vasca fue en septiembre, cuando acordaron el traspaso de las prestaciones contributivas y el subsidio de desempleo, completando así el primer bloque de la transferencia de la Seguridad Social.
Y es que en el mes de julio, el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, acordaron el traspaso de algunas materias del primer bloque de la gestión de la Seguridad Social como cuatro prestaciones no contributivas -tres prestaciones familiares y el subsidio especial por nacimiento-, así como la gestión de las prestaciones económicas del seguro escolar.
Además, este año el Ejecutivo Central y el Gobierno vasco han ratificado el traspaso de las competencias sobre permisos de trabajo a personas extranjeras y sobre meteorología, así como la cesión gratuita de la antigua sede de la AEMET en San Sebastián.
También se ha aprobado este 2025 el decreto por el que se transfiere al País Vasco la gestión de los permisos de trabajo para personas extranjeras.
Además, el País Vasco ya había asumido años atrás la gestión penitenciaria, el Ingreso Mínimo Vital (IMV), Cercanías, el transporte por carretera o las prestaciones sanitarias del seguro escolar, el código bibliográfico internacional ISSN o el edificio del Distrito Marítimo de Ondarroa, entre otras.
Cataluña, por su parte, ha obtenido la gestión del IMV y tres ampliaciones de traspasos previos en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, así como la competencias de becas y medios patrimoniales del Estado ubicados en Cataluña.
El Gobierno y la Generalitat siguen negociando para materializar otros traspasos como el de Rodalies.
Los más comunes
Navarra es la siguiente en la lista, al haber asumido cuatro competencias: la sanidad penitenciaria, la AP-68, el IMV y la de tráfico, que el Tribunal Supremo anuló por defectos, lo que obligó a los ejecutivos central y autonómico a modificar el traspaso para blindarlo.
Le sigue la Comunidad Valenciana, a la que se le han ampliado los medios patrimoniales en materia de conservación de la naturaleza y los medios patrimoniales en materia de edificación.
Baleares y Canarias han recibido la competencia de gestión del litoral, aunque ambas comunidades han expresado su enfado con el Gobierno central al considerar que la transferencia ha sido incompleta.
Por su parte, la Xunta y el Gobierno central cerraron un acuerdo para transferir a Galicia la competencia de gestión del litoral, siendo el primer traspaso que recibe la comunidad desde el año 2008.
Para la Comunidad de Madrid se ha materializado una ampliación de un traspaso previo, la transferencia de medios en materia de asistencia sanitaria.
Y hay diez regiones que no han conseguido ninguna competencia desde que se puso en marcha este Ejecutivo, si bien algunas han conseguido la cesión de impuestos como el de residuos.
Más de 2.000 traspasos
Las cifras se extraen de los datos publicados por el Ministerio de Política Territorial, recopilados por Europa Press, en los que se detalla que entre 1978 y 2025 ha habido más de 2.000 traspasos a comunidades y ciudades autónomas.
Cataluña encabeza el listado histórico con 196 transferencias, seguida de Andalucía (156), Galicia (156), Comunidad Valenciana (134), Canarias (128), País Vasco (122), Castilla y León (117), Baleares (113), Aragón (112), Murcia (111), Cantabria (106), Asturias (105), Extremadura (99), Madrid (96), Castilla-La Mancha (93), La Rioja (76) y Navarra (62). Respecto a las ciudades autónomas, Melilla ha asumido 24 y Ceuta, 21.
Entre los años 2015 y 2017, con el ‘popular’ Mariano Rajoy en Moncloa, no se produjo ninguna transferencia a comunidades, y se retomaron con la llegada de Sánchez, con dos al País Vasco en sus primeros meses de mandato.
