Imposible la existencia de un régimen democrático sin justicia y su correcta aplicación. Democráticamente aceptamos el cumplimiento de las normas que nos imponen una vez que son aprobadas y entran en vigor. Pagamos las multas con las que nos sancionan no sólo los agentes de la autoridad investidos de ella; también las que un funcionario de la Agencia Tributaria decide imponer aunque ello suponga el cierre de una empresa.

A pagar y sin chistar. La democracia verdadera no admite la trampa como no admite el abuso de poder o faltar al sagrado principio de división de poderes.

Cuando no se respetan las normas que regulan y reglamentan el juego democrático hace su aparición la piñata. Se reparten los palos y con los ojos vendados los integrantes del gobierno intentan romper el recipiente que Marco Polo se trajo de China, precisamente de un país en el que la corrupción se considera un gran delito y sus autores son condenados a la pena capital, es decir a la pena de muerte. Se mantienen como el mayor verdugo del mundo. La pena de muerte en China se aplica a aquellos líderes corruptos que malversan o reciben sobornos superiores a los 410.000 euros. Si el acusado coopera en la investigación y devuelve lo malversado se le conmuta esa pena por cadena perpetua. No se contempla la condena de un fiscal general o el mangazo comisionista por adjudicación de obras con sobreprecio del secretario de organización del Partido Comunista de China (PCCh).

Eso es muy improbable que ocurra por riesgo inminente. Los socialistas hispanos enmudecieron, loable ejercicio de prudencia que a todos nos sorprendió, aunque ya han sacado sus sinhuesos a pasear. Los comunistas sin embargo anduvieron revueltos desde el principio, porque ya no saben como acertar con sus acciones bolcheviques para “reventar” a la derecha. La portavoz podemita, señora Belarra, ha reaccionado vomitando una vez más su odio y su miedo a volver a la nada, afirmando que la sentencia condenatoria del fiscal general supone un claro ejemplo de “guerra sucia judicial”. Dicen respetar las decisiones de los tribunales hasta que estas son contrarias a sus intereses, claro está. Entonces las sentencias se transforman en abusos de poder “franquista” (sic) y como no son demócratas, adiós al respeto al poder judicial y a las sentencias que de él dimanan.

La política no es un juego, como no lo es la inversión en valores bursátiles. Pero en España se juega a todo, también en bolsa y en…política.

El mercadeo de votos de un régimen partidista como el nuestro, nos lleva a la actual situación de reparto de sobres con folios, lechugas y chistorras. Todos se compran y se venden a cambio de que los días pasen a favor de aquellos que se adueñan del Boletín Oficial del Estado para terminar convirtiéndolo en papel higiénico usado.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo condenando a García Ortiz, no tiene recurso ordinario, pues lo ha juzgado por no haber querido renunciar a su aforamiento y consiguientemente dictado su correspondiente sentencia. Cabe recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional pudiendo solicitar al mismo la suspensión de la aplicación de la sentencia. Si el recurso se presenta el mismo día en que el Tribunal Supremo notifique la sentencia y al no haberse cumplido aún esta, el Constitucional tiene poderes y facultades para hacerlo. Es decir, que en el caso de que la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional se produzca, el condenado podría seguir ejerciendo sus funciones como fiscal general.

No, por favor, no se acuerde el lector de lo que afirmó sobre la justicia aquel alcalde de Jerez de cuyo nombre no quiero acordarme. ¿O más bien esa afirmación debiera aplicarse a la democracia de la que actualmente disfrutamos?.