La cuestión de confianza contra el gobierno de François Bayrou no ha prosperado este lunes en la Asamblea Nacional de Francia, lo que abre un escenario de máxima incertidumbre política y económica. Tras tres horas de intervenciones, los diputados concluyeron con una votación de media hora en la que se negó el apoyo al primer ministro, lo que obliga a la dimisión inmediata de su gabinete.

La caída del Ejecutivo supone la cuarta crisis gubernamental en poco más de un año, acentuando la sensación de inestabilidad bajo el mandato de Emmanuel Macron —mientras RN, partido de Le Pen, alcanza máximos históricos—. Ahora, el presidente deberá elegir un nuevo jefe de Gobierno o, en un escenario mucho menos probable, convocar elecciones legislativas anticipadas. La fragmentación parlamentaria, con tres bloques principales —macronistas, izquierda unida y derecha soberanista— sin mayoría absoluta, complica enormemente la formación de un Ejecutivo sólido.

Uno de los efectos inmediatos de esta crisis institucional es la amenaza sobre el presupuesto de 2026. El proyecto contemplaba recortes de 44.000 millones de euros para ajustar el déficit público al 3% del PIB, en línea con los compromisos europeos. Sin un gobierno estable que logre aprobarlo, Francia se arriesga a sanciones de Bruselas, a un aumento del coste de la deuda y a un deterioro de la confianza de los inversores en la segunda economía más grande de la eurozona.

El relevo en la jefatura del Gobierno no será sencillo. Macron podría intentar un perfil de consenso, pero las discrepancias son profundas: la izquierda reclama revertir las políticas de austeridad, mientras que Los Republicanos y la Agrupación Nacional condicionan cualquier respaldo a un endurecimiento en materia migratoria y económica. Sin acuerdos, el país podría entrar en un periodo prolongado de parálisis, con un ejecutivo en funciones de poderes muy limitados.

El trasfondo social añade más presión. Las reformas y recortes propuestos por Bayrou ya habían provocado fuerte oposición sindical y protestas en las calles. Si no se produce un giro en la política económica, es probable que el malestar se incremente, avivando movilizaciones en un país que en los últimos años ha vivido oleadas de manifestaciones por las pensiones, los salarios y el coste de vida.

Aunque jurídicamente Macron tiene la posibilidad de disolver la Asamblea, la Constitución le impide convocar nuevas elecciones antes de julio de 2025. Además, esa opción sería arriesgada: los sondeos sitúan a la Agrupación Nacional de Marine Le Pen en clara disposición de aumentar su representación, mientras que el bloque macronista seguiría en retroceso.

La pérdida de otro Gobierno erosiona aún más la autoridad presidencial de Macron a menos de dos años de las próximas presidenciales. Su incapacidad para mantener un ejecutivo estable puede reforzar a los extremos políticos y acelerar un cambio de ciclo en Francia. Una eventual cohabitación con un primer ministro de otra fuerza política se perfila como un escenario plausible, aunque limitaría drásticamente el margen de maniobra del presidente en lo que resta de mandato.