LG.- La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), organismo dependiente del Gobierno, destinó el 13 de mayo de 2024 un total de 598.900 euros a un proyecto de reforestación en Etiopía centrado en el árbol Prosopis juliflora, conocido en algunas regiones como cují. Sin embargo, más de un año después, no hay constancia pública de que los árboles hayan sido plantados ni de que el programa haya producido resultados tangibles, según ha adelantado en X el exdiputado Pablo Cambronero.

El proyecto, titulado «Control y utilización del Prosopis juliflora en la zona de Liba integrados con la mejora de los medios de subsistencia y la protección del medio ambiente», tenía como objetivo declarado compatibilizar la lucha contra la desertificación con mejoras en las condiciones de vida de la población local. La iniciativa fue presentada como una forma de mitigar el impacto ambiental del avance del desierto en regiones vulnerables.

No obstante, la elección de esta especie ha despertado serias dudas entre expertos y observadores internacionales. El Prosopis juliflora, originario de América, es considerado una planta invasora en varios países africanos, y figura en la lista de las 100 especies exóticas más dañinas del mundo, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Su capacidad para propagarse rápidamente y alterar los ecosistemas ha generado conflictos con otras especies nativas y ha dificultado actividades agrícolas en lugares donde ha sido introducido.

Fuentes consultadas aseguran que no existen registros fiables que confirmen la presencia previa del árbol cují en Etiopía. Tampoco se ha podido verificar, hasta el momento, la localización exacta de las supuestas áreas de plantación en la región de Liba. Esta falta de trazabilidad ha llevado a algunos analistas a calificar el programa como «opaco» y potencialmente «improductivo».

Además, organizaciones humanitarias critican que se haya destinado una suma cercana a los 600.000 euros a un proyecto ambiental en un país donde más del 50% de la población vive en condiciones de inseguridad alimentaria extrema. «Resulta difícil justificar este tipo de intervenciones cuando hay millones de personas que apenas tienen acceso a agua potable o alimentos básicos», señala una fuente vinculada a la cooperación internacional.

La AECID no ha emitido, por el momento, un informe público sobre el avance del programa ni ha aclarado el uso final de los fondos asignados. Tampoco ha respondido a las críticas que cuestionan la idoneidad de invertir en una especie catalogada como perjudicial por numerosos informes científicos.

A medida que crece la polémica, distintos colectivos reclaman mayor transparencia en el destino de los fondos públicos destinados a la cooperación, especialmente cuando se trata de proyectos con impacto incierto o sin respaldo técnico suficiente. Algunos incluso piden que se investigue si realmente se llegó a ejecutar alguna parte del programa.

El asunto ha sido calificado por varios observadores como «grave», no sólo por la gestión del dinero público, sino por el riesgo de que este tipo de actuaciones, mal diseñadas o ejecutadas, acaben dañando la reputación de la ayuda al desarrollo y erosionando la confianza de la ciudadanía en las instituciones.