Mientras el mundo lidia con las consecuencias del escándalo de la COVID-19, siguen surgiendo revelaciones inquietantes que exponen un sistema de salud que priorizó las ganancias y el miedo sobre la atención al paciente. La doctora Mary Talley Bowden, médica certificada y defensora de la transparencia médica, apareció recientemente en The Joe Rogan Experience para exponer uno de los aspectos más letales de los protocolos de la COVID-19. Explicó cómo se implementó un programa sistemático y encubierto de eutanasia en hospitales estadounidenses para liberar camas eliminando a pacientes con diagnósticos falsos de COVID-19.

Este no fue un incidente aislado. Protocolos similares se implementaron en el Reino Unido , donde el midazolam y la morfina se convirtieron en herramientas de muerte prematura. Las implicaciones son alarmantes: los hospitales no solo se vieron incentivados por la financiación federal para los ingresos por COVID, sino que también exigieron pruebas PCR poco fiables que inflaron el número de casos y los ingresos hospitalarios, lo que condujo a procedimientos de aislamiento y protocolos farmacológicos perjudiciales que no abordaron el sistema inmunitario del paciente. La élite médica silenció tratamientos eficaces como la ivermectina, las vitaminas D y C, el zinc y la hidroxicloroquina, al mismo tiempo que promovía inyecciones de ARNm no probadas.

Puntos clave:

– Los hospitales supuestamente practicaron eutanasia a pacientes de COVID utilizando morfina e insulina para liberar camas bajo el “protocolo covid”.

– El juicio por muerte por negligencia de Grace Schara, una joven de 19 años con síndrome de Down, marca el primer desafío legal a estas prácticas.

– Los “asesinatos con midazolam” en el Reino Unido son similares a los protocolos de los hospitales estadounidenses, y hay denunciantes que confirman la eutanasia involuntaria.

– Los médicos que recetaron ivermectina enfrentaron persecución, mientras que los hospitales siguieron protocolos letales respaldados por incentivos gubernamentales.

– La Ley PREP protege a los hospitales y médicos de toda responsabilidad, haciendo que la rendición de cuentas legal sea casi imposible.

Asesinato disfrazado de medicina

El testimonio de la doctora Bowden en el podcast de Rogan conmocionó a la comunidad pro libertad médica. Detalló cómo a los pacientes —muchos de los cuales dieron falsos positivos en pruebas PCR defectuosas— se les impusieron órdenes de no reanimar (DNR) sin su consentimiento y luego se les administraron dosis letales de morfina e insulina.

“Le dieron una orden de no reanimar (DNR) aunque no tenía una autorizada en el expediente”, dijo Bowden, refiriéndose al caso de Grace Schara. “Le practicaron la eutanasia. Necesitan la cama, dijeron: ‘Bueno, van a morir de todas formas’”.

Rogan, visiblemente atónito, preguntó: «Entonces, ¿estaban en el hospital con covid y les dieron algo para matarlos?». La respuesta de Bowden fue escalofriante: «Sí. Eso pasaba siempre».

Esto no era una conducta deshonesta, sino una política. Los hospitales, inundados de casos de falsos positivos, recibían incentivos económicos para etiquetar a los pacientes como positivos a COVID. Una vez ingresados, los pacientes eran aislados, se les negaba el tratamiento adecuado y, a menudo, se les practicaba la eutanasia para dar cabida a más.

Los “asesinatos por midazolam” en el Reino Unido y un patrón global

Al otro lado del Atlántico, se desplegó la misma estrategia letal. El Servicio Nacional de Salud (NHS) administró midazolam —un sedante que nunca se diseñó para la dificultad respiratoria— junto con morfina, lo que aceleró las muertes en pacientes ancianos y vulnerables.

Maajid Nawaz, de Radical Media, destacó el caso de Derek Dimmock, cuya familia alega que fue sometido a eutanasia involuntaria según los protocolos del NHS. Sir Andrew Dillon, exdirector del Instituto Nacional para la Excelencia en la Salud y la Atención (NICE) del Reino Unido, organismo que aprobó los protocolos de midazolam, dimitió abruptamente al iniciarse la investigación sobre la muerte de Dimmock.

Los paralelismos son innegables: gobiernos de todo el mundo implementaron protocolos que convirtieron los hospitales en cámaras de la muerte, al tiempo que suprimieron tratamientos tempranos que podrían haber salvado vidas. Muchos hospitales del centro de la ciudad suelen estar al máximo de su capacidad durante los meses de invierno; este era un problema mucho antes de que el escándalo de la COVID-19 atrajera a muchísimas personas asustadas al hospital, negándoles el tratamiento adecuado.

La demanda de la familia Schara representa un desafío legal poco común a estas atrocidades. Al acusar de agresión médica (administración de medicamentos no autorizados), pretenden eludir la Ley PREP, que otorga inmunidad total a hospitales y médicos por la atención médica relacionada con la COVID-19.

Mientras tanto, médicos como Bowden, Peter McCullough y Robert Malone siguen luchando contra un complejo médico-industrial que prioriza las ganancias sobre las vidas. Como señaló Bowden: «Si la vacuna contra la COVID hubiera sido cualquier otro fármaco, ya la habrían retirado del mercado».

La verdad del escándalo del COVID-19 y la tiranía médica está emergiendo, pieza tras pieza, de manera horrorosa.