Se dice que casi la mitad de las viviendas sociales de Londres están ocupadas por familias con un cabeza de familia migrante, en muchos casos después de haberse colado en la cola frente a los británicos nativos.

Según un análisis del periódico The Telegraph basado en datos del censo más reciente, alrededor del 48 por ciento de las viviendas sociales han sido proporcionadas a jefes de familia nacidos en el extranjero, en comparación con el 19 por ciento a nivel nacional.

Las viviendas sociales, normalmente propiedad de ayuntamientos o asociaciones de vivienda, se alquilan con un descuento en comparación con los alquileres privados.

El informe del periódico reveló que la vivienda social proporcionada a los inmigrantes en Londres cuesta a Gran Bretaña alrededor de 3.600 millones de libras al año en alquileres no utilizados, con descuentos promedio de unas 11.600 libras anuales en la capital. Este informe representa el último ejemplo de cómo los usuarios de las redes sociales impulsan la narrativa política en Gran Bretaña, y el análisis independiente de las cifras de vivienda social ha sido tendencia en las cuentas del Reino Unido durante varias semanas.

Estos acontecimientos se produjeron cuando la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, anunció planes para poner fin al programa de hoteles para inmigrantes, que comenzó bajo el anterior gobierno conservador y desde entonces se ha disparado en medio de la creciente crisis de inmigrantes ilegales en el Canal de la Mancha, y la mayoría de los ilegales presentan solicitudes de asilo inmediatamente una vez en suelo británico, lo que les da derecho a vivienda y otros beneficios del contribuyente.

El exdiputado europeo y actual director del Centro para la Migración y la Prosperidad Económica, Steven Woolfe, declaró a TalkTV que el anuncio de Reeves formaba parte de una “gran estafa” dirigida a la opinión pública británica, afirmando que las nuevas inversiones en vivienda social probablemente se destinarían a subvencionar el coste de la vivienda para migrantes. Woolfe también advirtió que esto probablemente resultaría en un aumento de los impuestos municipales para financiar la vivienda para migrantes en todo el país.

“Va a cambiar y transformar ciudades y pueblos pequeños”, advirtió, señalando que la política requerirá que los migrantes se distribuyan por todo el país y finalmente comenzará a afectar áreas controladas por partidos ricos y pro-migración masiva como los Demócratas Liberales y los Verdes, que hasta ahora han escapado a los dramáticos cambios culturales observados en lugares como Birmingham y Bradford.

Además de ocupar plazas en viviendas sociales, la eventual finalización del programa de hoteles para inmigrantes probablemente agravará la crisis de vivienda en el Reino Unido. Según informes, el gobierno ya está negociando con arrendadores el uso de sus propiedades para alojar a inmigrantes, lo que limita la oferta y aumenta los costos para el público.

El hecho de que los inmigrantes estén tan sobrerrepresentados en las viviendas sociales de Londres debilita aún más la narrativa de que la migración masiva fue de alguna manera una bendición para la economía británica.

Aunque el establishment político de Westminster y los medios de comunicación tradicionales han afirmado a menudo que la migración era un imperativo económico, un informe del año pasado de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR) encontró que en promedio los inmigrantes poco calificados cuestan al contribuyente británico £150.000 hasta que llegan a la edad de jubilación, y el lastre para los servicios públicos y el bienestar eclipsa las contribuciones fiscales de dichos inmigrantes, si las hicieran.

El primer ministro Sir Kier Starmer finalmente reconoció la realidad de las ramificaciones negativas de la migración masiva en mayo, en un discurso en el que admitió que Gran Bretaña corre el riesgo de convertirse en una ” isla de extraños ” y que la noción de que la importación de millones de extranjeros beneficia el crecimiento económico había sido “probada” y “no se sostiene”.

Sin embargo, a pesar del cambio de discurso de Downing Street, ha habido pocos esfuerzos para frenar la crisis. De hecho, desde principios de año, más de 15.000 inmigrantes ilegales han cruzado el Canal de la Mancha, un nuevo récord para esta época del año.

Además de los perjuicios económicos y sociales, las prestaciones de vivienda social para migrantes también han conllevado problemas de seguridad nacional. En mayo, se informó que uno de los sospechosos iraníes, presuntamente involucrado en un complot para perpetrar un atentado terrorista contra la embajada de Israel en Londres, vivía con un descuento en una vivienda social en la ciudad multicultural de Rochdale.