El «caso Cerdán» ya ha hecho explosionar el «caso Sánchez». La comparecencia ayer de Sánchez en Ferraz, sin duda, merece situarse en la biografía del personaje, –y la Historia de España–, acreditando una vez más sus dotes de actor, con una puesta en escena a la que solo le faltó un crespón negro en su vestimenta y unas lágrimas incontenibles corriendo por sus mejillas. Pero todo tiene un límite en la vida humana y Sánchez no es una excepción, ya agotadas las posibilidades de su manual de resistencia o resiliencia.

El cuarteto que a bordo de un Peugeot recorrió todas las sedes más significativas del PSOE para captar el aval de la militancia y ganar las primarias que le devolvieron el mando de Ferraz es hoy un icono de lo que es su partido y su gobierno. Él quiso comparecer en Ferraz, donde hacía años que no lo hacía, para alejar su gobierno del foco de la corrupción, pero no es posible.

Sin una adecuada relación con quienes debían adjudicar los correspondientes contratos, esa mafia no podría operar, como acredita el documentado informe de la UCO. Tener un presidente del Gobierno rodeado literalmente de investigados por presunta corrupción, desde su mujer y su hermano hasta su fiscal general, pasando por los tres que fueron sus compañeros de gira socialista para recuperar el mando de Ferraz, no es admisible en una democracia parlamentaria occidental.

En la vida personal, la petición de perdón puede ser una respuesta válida para restablecer una relación dañada, pero en la política no es suficiente en absoluto. Sin perjuicio de otras eventuales responsabilidades, existe la responsabilidad «in eligendo» e «in vigilando», derivadas en su caso de ser el responsable de las acciones cometidas por quienes elige para desarrollar actuaciones públicas.

El artículo 1903 del Código Civil prevé las obligaciones derivadas de esas acciones u omisiones –elegir y vigilar– obligando a reparar el daño causado por esas personas. Pero la vida política tiene sus propias reglas de comportamiento que son distintas de las de la vida privada. Un presidente del Gobierno tiene una muy importante responsabilidad de representación de España y de defensa de su interés general, y el daño reputacional derivado de una situación como la actual le exige abandonar ese cargo sin dilación posible. Y desde luego convocar inmediatamente elecciones generales para que los españoles le respondan a su «petición» de disculpa. Y sin Leire controlando el voto por correo, ni Cerdán y Koldo el voto en las urnas.Pretender alargar esta situación hasta 2027 es creer que está al frente de una autocracia. Y ya no puede enviar a Santos Cerdán a negociar con Puigdemont.