Las banderas de la Unión Europea ondean frente a la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica.

La Comisión Europea alega ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra la ley de amnistía y sostiene que no responde “a un objetivo de interés general”, sino más bien “parece ser una autoamnistía” por formar parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España. Bruselas argumenta que los beneficiarios han sido claves para aprobarla.

La Comisión hace ese diagnóstico en sus alegaciones a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Cuentas ante el TJUE sobre la aplicación de la Ley Orgánica de Amnistía.

“Si hay respaldo para considerar que las autoamnistías en las que quien ostenta el poder político pretende blindarse garantizándose su inmunidad jurídica son contrarias al principio del Estado de Derecho, parece que el mismo criterio habría que aplicar cuando quien está en el Gobierno garantiza la impunidad de sus socios a cambio del apoyo parlamentario”, exponen los abogados de la Comisión Europea.

Critican también que la norma “siguiera un procedimiento por vía de urgencia, eludiendo así importantes informes de órganos consultivos y sin consulta pública” porque, como ha señalado la Comisión de Venecia, “la amnistía ha ahondado una división profunda y virulenta en la clase política, en las instituciones, en el mundo judicial, en el mundo académico y en la sociedad española”.

Y “a pesar de ello, las autoridades españolas no atendieron las recomendaciones de la Comisión de que se tomara el tiempo necesario para realizar un diálogo significativo con un espíritu de cooperación leal entre las instituciones estatales, así como entre la mayoría y la oposición, con el fin de lograr la reconciliación social y política”.

Como “tampoco atendieron” las autoridades españolas “la recomendación de que fuera aprobada con una mayoría cualificada superior”.

La Comisión también crítica con el alzamiento de las medidas cautelares, porque “una obligación impuesta por la legislación nacional a los órganos jurisdiccionales nacionales de alzar todas las medidas cautelares antes de haber decidido si la aplicación de la amnistía está justificada en un caso concreto (…) es incompatible con los principios de primacía del Derecho de la Unión”.

Como también es igual de “incompatible” el “plazo imperativo de dos meses para decidir sobre la aplicación de la amnistía”.

La filtración, cuyo contenido no es vinculante para el TJUE, coincide con la discusión en el Tribunal Constitucional, por primera vez, del borrador de lal ey de amnistía, que según sí avala en líneas generales la norma con algunas objeciones de menor calado.

El PP espera que el TC “tome nota” de la tesis de la Comisión Europea

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, expresó este martes su satisfacción con el informe de la Comisión Europea que cuestiona la amnistía, e instó al Tribunal Constitucional a que “tome nota” de las alegaciones del Ejecutivo comunitario antes de avalar definitivamente la ley que beneficia a los responsables del ‘procés’.

Tellado se congratuló en una rueda de prensa de que Bruselas “suscriba los argumentos” que fundamentaron el recurso de inconstitucionalidad del PP, y se dirigió al Tribunal Constitucional, que empieza hoy a deliberar el borrador de la futura sentencia, para exigirle que “escuche lo que se dice desde Europa porque son argumentos de los que la comisión se hace eco”.

“Es una ley corrupta –aseveró Tellado– y la realidad es que en ese informe de alegaciones de la comisión ante el TJUE dice exactamente que desde el PP llevamos mucho tiempo diciendo: que esa norma es una autoamnistía contraria al Estado de Derecho, que no parece que responda a un objetivo de interés general reconocido por la Unión Europea y que los votos de los beneficiarios de esa ley son precisamente los que han sido fundamentales para su aprobación aquí, en el Congreso de los Diputados”.

El PP ve evidente que, al formar parte del acuerdo para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, se trata de “una operación clara” para captar los votos necesarios para articular una mayoría en la Cámara Baja “a cambio de una amnistía a la carta”.