Mayte Alcaraz.- En Madrid hay un delegado del Gobierno que ejerce de todo menos de garante de la seguridad de los madrileños como exige su rango. Francisco Martín Aguirre ocupa la que solo es ya la embajada sanchista en la calle Miguel Ángel. Esa sede fue en otro tiempo dignificada por personas como Pedro Núñez Morgades, Cristina Cifuentes, Concepción Dancausa, Arsenio Lope Huerta, Ana María Tutor, Francisco Javier Ansuátegui, Amparo Valcarce y tantos otros: de uno y otro partido. Leales servidores del Estado, con encomienda de dirigir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, asistir a los madrileños en materia de registros y trámites de la Administración General, autorizaciones, protección civil, que, con aciertos y errores, que de todo hubo, nunca prostituyeron su cargo para defender los intereses electorales del presidente que los había nombrado. Con sus lógicos tiras y afloja, eran tiempos de institucionalidad. Tiempos hoy calcinados.

El hombre hace al cargo y el sectario acaba directamente con el cargo, que es lo que ha pasado con la Delegación del Gobierno en Madrid. Desde que Martín dejara el corazón del sanchismo en Moncloa, como secretario general de la Presidencia (2021-2023), en el que sustituyó a su amigo Félix Bolaños, el panorama en la capital es un campo de batalla. Su enfrentamiento cainita con Isabel Díaz Ayuso y con el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, ha arrasado las buenas maneras, el decoro político y hasta la educación básica. Sin obviar que desde los Gobiernos del PP probablemente también se han cometido errores, es insostenible que el delegado del Gobierno no se hable con los otros dos cargos institucionales madrileños, que haya roto cualquier puente, y que haga campaña para derribarlos, con la anuencia del candidato y ministro sanchista Óscar López, con el que monta mascaradas alternativas para opacar la fiesta del 2 de mayo y dañar las celebraciones del pueblo de Madrid, paradójicamente su pueblo.

Entre sus cartas credenciales se halla haber llamado delincuente confeso al novio de Ayuso, haber colado por la puerta de atrás a su amigo Bolaños para llevar al choque institucional la fiesta regional de 2023 y últimamente puede presumir de estar imputado por malversación en la causa del juez Peinado contra Begoña Gómez por la contratación de su asistente, Cristina Álvarez, causa por la que acaba de declarar, negando cualquier vínculo ya que él fue nombrado tres años después de que firmara el contrato la asistenta de la cónyuge, que era pagada por todos pero se dedicaba a cuidar los negocios particulares de Gómez. Pero lo más importante no es el currículum político y profesional de Martín, un ingeniero de montes licenciado en la Politécnica de Madrid, que terminó viviendo de la política; lo mollar es tener la certeza de que personas como él son incompatibles con los consensos y la cordialidad en nuestra vida pública.

Que Pedro Sánchez haya nombrado desde 2018 nada menos que a cinco delegados en la Comunidad, a los que mueve de cargo en cargo público, da idea del uso espurio del puesto. Empezó con Uribes, siguió con García Vera, continuó con José Manuel Franco (aquel que pidió retorcer el tema de las residencias para ir contra Ayuso), llegó a Mercedes González (directora de la guardia civil de quita y pon) hasta culminar con Martín, hoy su brazo armado apuntando a la Puerta del Sol.

Solo cuando perfiles como el de este delegado fallido, más un comisario político que un alto cargo del Estado, desaparezcan de escena, la obra podrá continuar. Su toxicidad emponzoña cualquier intento por reconducir la leal cohabitación entre instituciones dirigidas por políticos de distinto color, que funcionó siempre desde que Madrid se constituyó en Autonomía. Hasta que llegó Martín a quebrarlo todo en nombre del régimen de Sánchez, al que sirve por encima de todo. Madrid, que ayer celebró la fiesta de su capital, no se merece esto.