Yarisley Urrutia.- El aumento histórico del gasto militar, los contratos en curso de compraventa de armas a Israel y el alineamiento con Marruecos en detrimento del Sahara Occidental, tensan la relación de Pedro Sánchez con sus socios. Debilitado y sin elecciones a la vista, Sumar parece asumir contradicciones en aras de sostener al Gobierno de coalición.

Por orden cronológico, la primera de las controversias acaeció el 17 de abril, en pleno Jueves Santo. La motivó la reunión que sostuvieron en Madrid los ministros de Exteriores de España y de Marruecos, José Manuel Albares y Nasser Bourita.

Celebrado con el objeto de “hacer un repaso del excelente estado de la relación bilateral entre los dos países”, según reza en la nota oficial del Ministerio de Exteriores de España, el encuentro escenificó la satisfacción mutua por el rumbo acordado desde 2022, cuando el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó por carta al rey Mohamed VI su adhesión al plan marroquí de autonomía para el Sahara dentro de Marruecos. Durante la reunión, Albares recalcó que tal plan es “la base más seria, realista y creíble” para resolver esta problemática, que calificó de “diferendo”.

El encuentro y las declaraciones vertidas incomodan a Sumar, el socio minoritario del Gobierno de coalición español, que afeó al PSOE por la “falta de transparencia” en torno a la reunión. Enrique Santiago, portavoz en el Congreso de Izquierda Unida (IU), el partido más importante de los que integran la formación Sumar, recordó en la red X el “derecho a la autodeterminación” para la región y aludió al cumplimiento del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los productos pesqueros y agrícolas del Sahara Occidental.

Otra diputada de Sumar, Tesh Sidi, de origen saharaui, incluso afirmó que “el mejor lobby de Marruecos en España se llama PSOE”. Por su parte, la representación en España del Frente Polisario, el legítimo representante político del pueblo saharaui según la ONU, emitió un comunicado de condena de la reunión, en el cual criticó que el ministro español se expresara en relación con el Sahara Occidental “con un énfasis que, en todo caso, sería más previsible de su homólogo”.

La cuestión saharaui fue fuente de fricción también en 2024, cuando el Gobierno español no atendió las solicitudes de asilo político de opositores saharauis bloqueados en el aeropuerto de Madrid. El politólogo Víctor Prieto apunta que la problemática del Sahara Occidental apenas “importaba ya a nadie” en la arena política, al “estar totalmente supeditada a la relación con Marruecos”. Y la actual tensión, “no va a precipitar el fin de la legislatura”, explica a Sputnik. De producirse, añade, ocurrirá “cuando el PSOE considere más oportuno para sus intereses electorales, y no parece el momento todavía”.

“En política suele haber un cierto grado de correlación entre la hiperactuación discursiva y la inanidad efectiva”, subraya Prieto, que recuerda que aunque Sumar “no puede aceptar sin rechistar” los diversos anuncios de Sánchez, “se encuentra en la peor de las posiciones para dar batalla”.

Un aumento del gasto militar “desorbitado”

El 22 de abril, Pedro Sánchez anunció un incremento del gasto en defensa de 10.471 millones de euros adicionales para llegar a la cota del 2% del PIB en 2025. Esto exasperó a Sumar y a los diversos partidos que conforman los apoyos externos del Gobierno de coalición español. En total, España invertirá este año más de 33.000 millones, una cifra inédita en toda su historia.

En Sumar calificaron el aumento de “desorbitado” y su líder, la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, consideró que “la propuesta nace de EEUU”. Entre los apoyos externos del Gobierno, la formación Podemos tildó al Ejecutivo de Sánchez de “Gobierno de la guerra”. Y en IU hablaron de “irresponsabilidad” y de “crisis de Gobierno” en ciernes.

A esta situación se añade la oposición que, con distintos matices, ya mostraron los socios de Sánchez al plan de rearme europeo presentado por Sánchez en el Congreso.

“Lo que se dirime es quién tiene el liderazgo a la izquierda del PSOE”, asegura Jaime Ferri, profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Para validar su argumento, recuerda una contradicción: “Porque cuando Podemos integraba el Gobierno de coalición, accedió a situaciones similares a las que ahora se plantean”.

“Lo de ahora yo lo veo como una competencia entre Podemos y Sumar por ver quién capta los votos de la izquierda del PSOE. Y en eso también ha entrado IU”, afirma. Las fuertes críticas de Podemos al Gobierno de coalición se explican por su deseo de “resarcirse de la situación en la que [la exministra] Irene Montero fue apartada de las listas para el Congreso por Sumar”, añade.

En su opinión, se evidencia que Sumar y Yolanda Díaz, “prefieren un gobierno de izquierdas, aunque tenga que asumir estas contradicciones”.

España sigue comprando armas a Israel

El tercer foco de conflicto es la relación comercial armamentística con Israel. Gracias a una investigación del Centro de Estudios por la Paz Mariano Delàs de Barcelona, se ha sabido de la adjudicación de hasta 46 contratos de compraventa de armas a empresas israelíes por valor de 1.044,5 millones de euros, pese a que el Gobierno español había asegurado haber detenido la formalización de este tipo de negocios con posterioridad al 7 de octubre de 2023.

El 18 de abril, Viernes Santo y día festivo en toda España, se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público la ejecución de uno de ellos: la adquisición a través del Ministerio del Interior a la empresa israelí Guardian Defense & Homeland Security de 15 millones de balas para la Guardia Civil por un valor de 6,6 millones de euros. El asunto fue considerado por Sumar como un incumplimiento “flagrante” del compromiso del Gobierno de no comerciar con armas con Israel e IU fue más allá, al hablar abiertamente de “crisis de Gobierno” y de la posibilidad de abandonar el Ejecutivo.

Como resultado de la presión, el día 24, el Gobierno anunció “rescindir de forma unilateral el contrato de compra de munición”. Anteriormente, la Abogacía del Estado había recomendado ejecutarlo para evitar las represalias legales de la parte israelí. Desde el Ministerio de Exteriores del Estado hebreo, un portavoz condenó “firmemente” la decisión, que basó en “fines políticos”, y acusó a España de seguir “situándose del lado equivocado de la historia contra el Estado judío”.

“La cancelación del contrato es una buena noticia, pero nos preocupa que estas medidas sigan tomándose como un parche. ¿Qué pasa con otros nueve contratos todavía pendientes de ejecución y los 31 previos ya aprobados?”, argumenta Ana Sánchez, portavoz de la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP).

Esta activista recuerda la necesidad de imponer un “embargo formal” y asumir una “política de Estado” al respecto. “Así evitaríamos tener que ir examinando barco a barco, contrato a contrato, licencia a licencia. Necesitamos una política de Estado y no algo que quede al arbitrio del ministro de turno”, afirma. A tal fin, RESCOP ha convocado una manifestación el 10 de mayo en Madrid para pedir el fin del comercio de armas con Israel y el corte de relaciones.

Preguntado por si una actitud de Sumar ante el resto de contratos, que no incluya la amenaza de crisis de Gobierno, puede desgastar gravemente su imagen ante su electorado, Ferri apunta a un equilibrio. “Como se ha visto, el hecho de que se hayan firmado no significa que se tengan que cumplir. Por de pronto, Sumar pone de manifiesto que prefiere un gobierno de izquierdas, aunque tenga que asumir estas contradicciones”, resume.

“Falta de voluntad política”

En RESCOP apuestan por la “cancelación inmediata sin contraprestación” de todos los contratos militares. Según explica esta organización en un comunicado remitido a Sputnik, “comprar armas a Israel es comprar un modelo de seguridad construido sobre el colonialismo, la ocupación ilegal, el genocidio y el apartheid”.

Para su portavoz, el problema radica en la “falta de voluntad política”, dado que hay un marco jurídico de derecho internacional que ampara al Gobierno si decidiera rescindir todos los contratos, como “la Convención para la Prevención del Genocidio, las medidas provisionales del Tribunal Internacional de Justicia en esta misma línea, o la opinión consultiva del mismo tribunal para recordar que la ocupación de Palestina es ilegal y que los Estados tienen la obligación de no asistir de manera directa a la comisión de este crimen de guerra”, recuerda Ana Sánchez.

“Las obligaciones derivadas del derecho internacional son de obligado cumplimiento para todos los Estados y están por encima de cualquier otra norma jurídica o contrato que pueda firmar un funcionario o un Gobierno con cualquier otra empresa de compraventa de armamento”, explica.

Pese al triunfo parcial que supone la rescisión del contrato para adquirir 15 millones de balas para el Ministerio del Interior, el puesto de su titular, Fernando Grande-Marlaska, no está en cuestión. No se contempla ninguna dimisión, aun cuando la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el de Exteriores, José Manuel Albares, aseguraron reiteradamente en los últimos meses que el comercio de armas entre España e Israel estaba en suspenso desde otoño de 2023. Sumar ha terminado por respaldar a Grande-Marlaska tras su rectificación.

“Sumar está a merced de Pedro Sánchez, más que de los partidos que lo forman. Y estos tampoco tienen incentivos claros para la ruptura, a no ser que se produjera un realineamiento que las acercara a Podemos. Pero, sin elecciones a la vista, esto se antoja precipitado”, concluye al respecto Víctor Prieto.