El caso del profesor Frajese ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tuvo un desenlace sorprendente. Según el Tribunal, para administrar las vacunas anti-Covid se necesitaba una prescripción médica . Pero hay más: los médicos podían haber elegido si administrarlas o no, e incluso haberlas desaconsejado, hasta tal punto que la posible responsabilidad civil y penal de los profesionales sanitarios es imputable al caso concreto.

Las razones expuestas por el Tribunal podrían poner en tela de juicio los procedimientos disciplinarios y penales iniciados contra los médicos que se opusieron a las vacunaciones y, en cambio, atribuir graves responsabilidades a los médicos que vacunaron “sin peros ni condiciones”, fomentando así también el riesgo de provocar efectos adversos.

“El Tribunal tuvo que confirmar, aunque sea en un breve paréntesis, que las decisiones de la Comisión de autorizar la comercialización “no implican ninguna obligación para los médicos de prescribir y administrar dichas vacunas a sus pacientes”.

Reafirmó el principio fundamental del derecho a la libertad de tratamiento y a elegir el tratamiento más adecuado, seguro y eficaz por el médico , de buena fe y en plena conciencia, en el caso concreto y en interés exclusivo de la salud del paciente.

Este pasaje es de extraordinaria importancia, ya que desmonta definitivamente las acusaciones que se han presentado, tanto en los tribunales como en los procedimientos disciplinarios, contra todos los médicos que han desaconsejado a sus pacientes la vacunación contra el Covid o se han negado a promoverla , restableciendo así la plena libertad de asistencia del médico.

Además, confirma la responsabilidad específica de los médicos vacunadores que hayan administrado el fármaco de forma inversa, sin valorar adecuadamente la idoneidad, los riesgos y la seguridad en el caso concreto del paciente tratado.

De manera más general, el Tribunal de Justicia afirmó que «si bien la concesión de una autorización de comercialización de una vacuna constituye una condición previa para el derecho de su titular a comercializar dicha vacuna en cada Estado miembro, dicha autorización de comercialización no implica en principio ninguna obligación por parte de los pacientes o de los médicos que vacunan», pero sobre todo confirmó que «de los anexos de las decisiones impugnadas se desprende que es necesaria una prescripción médica para la administración de las vacunas en cuestión». Esto es lo que siempre hemos afirmado en nuestros recursos en apoyo de los trabajadores suspendidos, que se habían negado a vacunarse, en particular, por la ausencia de una prescripción médica específica , aunque en muchos casos la habían pedido ellos mismos a su médico. La prescripción nunca se emitió para ninguno de los millones de dosis administradas , lo que convierte a todas las administraciones mencionadas en contra legem (exención válida para quienes no quisieron vacunarse), con las consecuencias jurídicas de la ilegitimidad de las disposiciones reglamentarias que imponen la obligación y la ilegitimidad del «acto médico» de la administración específica.

Hablemos del “escudo penal” para los profesionales sanitarios. ¿Qué responsabilidades podrían atribuirse a los médicos vacunadores?

“Las decisiones del Tribunal podrán influir en los procesos civiles y penales tendientes a obtener la reparación de los daños (biológicos, morales y patrimoniales) causados ​​a las personas sometidas a dichos tratamientos farmacológicos, habiéndoseles administrado –por responsabilidad por mala praxis médica de los médicos vacunadores-.

En este caso, el tratamiento médico se administró “infringiendo la ley” debido a la ausencia de una prescripción médica previa (prescripción restrictiva repetible, conocida como RRL). Para intentar explicarlo en términos comprensibles para quienes no pertenecen al sector, el escudo penal solo funciona si el tratamiento médico se administra de acuerdo con las indicaciones establecidas en los actos de autorización, que en este caso no se respetaron , y no solo por falta de una evaluación médica atenta y adecuada de cada paciente que duda en el acto formal de prescripción. “El momento y el número de dosis administradas no se correspondían con las indicaciones vigentes en el momento de las diferentes administraciones, lo que impide que el escudo penal sea operativo”.

Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea también son vinculantes para los jueces nacionales, que se enfrentan a la misma pregunta: ¿qué perspectivas pueden tener los casos aún pendientes, en particular los relativos al personal sanitario suspendido y/o suspendido durante el periodo de Covid?

“Como ya se ha dicho, los principios enunciados en esta sentencia no pueden ser ignorados por los jueces nacionales , pero es importante que se recuerden de forma correcta y pertinente. Mucho dependerá de la forma en que se hayan interpuesto los recursos que dieron lugar al procedimiento y de los motivos y argumentos que se hayan esgrimido para sustentar la ilegitimidad de las medidas adoptadas. Sin duda será fundamental haber planteado la cuestión de la infracción de la normativa comunitaria y haber puesto de relieve, de este modo, el contraste entre la normativa interna y la europea. El TJUE ha reiterado en varios pasajes de la sentencia que corresponde a los médicos valorar en el caso concreto la administración o no de las vacunas contra la Covid-19 , confirmando la necesidad de una prescripción a tal efecto, de modo que la norma nacional que entra en conflicto con estos principios y, antes aún, con los protocolos de administración contenidos en los documentos de autorización, llega al límite de la inaplicabilidad por ilegítima”.

La sentencia subraya que la autorización de comercialización no obliga a los médicos a prescribir o administrar vacunas . Esta libertad es crucial: un médico puede, en conciencia y sobre la base de su experiencia, optar por no recomendar Spikevax o Comirnaty a un paciente, por ejemplo, si existen dudas sobre su pertinencia o contraindicaciones específicas. El Tribunal señala que esta decisión no compromete su responsabilidad jurídica únicamente en virtud de las autorizaciones de comercialización, ya que estas últimas no les imponen nada directamente. Por tanto, los médicos conservan un margen de maniobra significativo en su práctica, en consonancia con su deber ético de proteger la salud de sus pacientes.
Impacto en la responsabilidad de los médicos

La sentencia aclara que la posible responsabilidad de un médico no deriva de las decisiones de la EMA, sino de las circunstancias específicas del tratamiento de cada paciente.

Por ejemplo, si se produce una reacción adversa tras la administración de una vacuna, la responsabilidad de Frajese o de otro médico dependería de su propio acto de prescripción o administración , y no de la mera existencia de vacunas en el mercado. El Tribunal insiste en que la EMA, y no los médicos individuales, es responsable de verificar la seguridad y eficacia de las vacunas antes de que sean autorizadas. Esto libera a los profesionales de la obligación de evaluación independiente de los datos científicos globales, limitándose su papel a la aplicación clínica en el contexto de su relación con el paciente.