El Ingreso Mínimo Vital se ha convertido en una trampa para cientos de miles de perceptores de esta prestación, que nació para ayudar a las personas vulnerables. Hace unos meses la ministra de la Seguridad Social anunciaba a bombo y platillo que el Gobierno había concedido más de dos millones de esta ayuda. Un logro que, por cierto, casa mal con las reiteradas afirmaciones de que la economía española va como una moto, un cohete que no tiene parangón en ningún país del planeta. La cuestión es que ahora cientos de miles de estas personas están recibiendo una carta en la que el ministerio les avisa de que se ha recalculado la prestación y que, o bien no tienen derecho o bien han cobrado de más, por lo que tienen una “deuda” con la Administración, que en algunos casos llega hasta los 20.000 euros. Dinero que, obviamente, no tienen.

El IMV nació siendo ministro de la Seguridad Social José Luis Escrivá. Entonces, en su presentación, se nos contó que debido a los datos que manejaba la Administración serían capaces de dar de oficio unas 500.000 prestaciones. De hecho, muchas personas recibieron una carta en la que se les aseguraba que tenían derecho al subsidio y se fijaba una cuantía. No todas las que se habían anunciado. De ahí que el ministerio fomentara con campañas que los ciudadanos solicitaran el IMV.

Ahora, miles de perceptores están recibiendo otra carta en la que en un lenguaje administrativo y amenazante se les informa, como comentaba, de que tienen que devolver el dinero recibido en sus cuentas corrientes durante años o meses, según los casos conocidos, por haberlo recibido indebidamente. Es decir, que tienen una “deuda” con la Administración. Miles de estas personas no han logrado ser atendidas como se merecen en las oficinas de la Seguridad Social y se han visto obligadas a acudir a organizaciones de distinto tipo para informarse. Incluso alguna ha acudido a la Justicia y ha ganado. No tendrán que devolver el dinero que se les reclama por un derecho que les concedió la propia Administración.

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