La comunista vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es una ferviente militante de la ideología marxista, como acreditó en el apologético prólogo del libro sobre el manifiesto de Max y Engels de 1848, editado por el PCE en 2021 para conmemorar el centenario de su fundación.

Ahora, en coherencia con ello, se dedica a promover reformas de normas que regulan sustanciales condiciones de trabajo al margen de negociarlas con los empresarios. Lo hace unilateralmente con la Organización Sindical Sanchista, –CCOO y UGT– a los que primero los riega generosamente duplicando la subvención pública con hasta 32 millones de euros en este año, para, a continuación, hacerse la foto con ellos y llevar la reducción de jornada al Consejo de ministros (y ministras) como anteproyecto de ley. Sin duda pretende atenuar la situación de absoluta decadencia política de su «Suma cero» con gestos de demagogia populista como este, impropios de un Estado democrático social y de derecho con una economía de mercado basada en la libre empresa.

Al parecer, el diálogo social lo entiende solo con sus sindicatos, ya que debe pensar que así queda como una adelantada de la «justicia social», presumiendo incluso de que el Papa Francisco es su interlocutor institucional competente para tratar esta importante cuestión de las relaciones laborales.

Podría –entre otras cosas– preguntarle al PSOE por el impacto que tuvo en la caída de la productividad, la reducción de jornada establecida en 1983 sin contar con las organizaciones empresariales, y que quedara en nada el objetivo de creación de los famosos «800.000 puestos de trabajo». Igualmente debería tener presente que las pequeñas y medianas empresas son la base de nuestro tejido empresarial, pues crean dos de cada tres puestos de trabajo. Y ahora se encuentra además con que su aliado, Junts –sin duda tan «progresista» como ella– y en especial Puigdemont, no parecen muy convencidos de apoyar esa norma, cuando la patronal catalana Fomento del Trabajo Nacional y las Pymes, son contrarios a esta unilateralidad.

En cuanto al PP y Vox –la única oposición– se niegan a apoyar esa norma por la carencia de «diálogo social» con los creadores de empleo, lo que es una consecuencia más de la existencia de una coalición sanchista que pretende gobernar «al margen del parlamento», como se atrevió a anunciar Sánchez ante su partido.

Sin duda, en una autocracia eso es posible, pero una democracia parlamentaria como la española esa pretensión es un «oxímoron», una contradicción existencial. Está insostenible situación puede llegar a una auténtica eliminación de nuestra democracia si no hay una adecuada reacción social, que ya es imprescindible.