«Mientras que el año pasado la emergencia estaba en Lampedusa, hoy está en las Canarias, en España». La reducción del 60% en el desembarco de inmigrantes y solicitantes de asilo en lo que llevamos de 2024 respecto al mismo período del año anterior ha llevado al Gobierno italiano a sacar pecho por las buenas cifras y, de paso, lanzar una estocada a un Ejecutivo en las antípodas ideológicas como es el español.

Nicola Molteni, subsecretario del Ministerio del Interior, consideró «un resultado extraordinario» la disminución en las llegadas de irregulares: en lo que llevamos de 2024 han sido 41.617, frente a las 114.612 y 58.251 de los mismos períodos de 2023 y 2022, respectivamente.

«Todo esto ha sido posible gracias a la cooperación internacional con Túnez, Libia y Egipto», celebró en una entrevista con el diario La Stampa Molteni, que es miembro de la Liga, uno de los partidos de la coalición de derechas que sostiene al Gobierno liderado por Giorgia Meloni. A punto ya de cumplirse dos años desde que llegó al poder, la primera ministra italiana empieza a hacer realidad su promesa de frenar la inmigración ilegal.

Mientras que durante su primer ejercicio completo como jefa del Ejecutivo (2023) hubo un fuerte incremento en los desembarcos de irregulares (157.652 frente a los 105.131 de 2022 y a los 67.477 de 2021), Meloni comienza ahora a recoger los frutos de los acuerdos alcanzados con Libia, Túnez y Egipto, los países del norte de África desde donde habitualmente parten los desplazados que utilizan la ruta del Mediterráneo Central para llegar a Europa.

Bruselas y Roma prometieron a las autoridades de Túnez, Trípoli y El Cairo una ingente ayuda financiera y material a cambio de que controlaran sus fronteras, lo que han empezado a hacer estos últimos meses con mayor efectividad que en otros períodos en los que presionaban a la Unión Europea utilizando el arma de la inmigración ilegal.

Italia, además, también ha profundizado en su colaboración con Costa de Marfil, una nacionalidad que ha casi desaparecido entre los inmigrantes desembarcados en las costas italianas en lo que llevamos de 2024, mientras que era la tercera más numerosa en el año anterior.

La ‘cara b’ de estas buenas cifras viene por las grandes trabas que imponen las autoridades italianas a las ONG que socorren a los desplazados en el Canal de Sicilia. Desempeñan esta tarea ante la escasez de naves oficiales italianas o de otros países europeos para evitar los naufragios. El último barco humanitario retenido con motivo del llamado ‘decreto Piantedosi’, que dificulta la labor de estos buques de búsqueda y rescate, es el Geo Barents, fletado por Médicos Sin Fronteras (MSF).

Es la ocasión número 23 en la que uno de estos barcos son detenidos desde que entró en vigor la polémica ley. MSF rechazó la acusación de que había puesto en peligro la vida de personas con la que se justificó la retención y señaló que esa información había sido facilitada sólo por la Guardia Costera libia, denunciada en numerosas ocasiones por el maltrato que otorga a los migrantes, muchos de los cuales acaban retenidos en cárceles en condiciones inhumanas.