Diferentes organizaciones de prensa han mostrado sus «reservas» ante las medidas para garantizar la transparencia, la independencia y el pluralismo de los medios de comunicación anunciadas este miércoles por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y vigilarán «de cerca cómo se materializan».

Según ha asegurado Reporteros Sin Fronteras (RSF), la organización ha acogido con «satisfacción» la transposición del Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación dada a conocer por Sánchez.

Además, ha pedido que el «enésimo» anuncio de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como Ley Mordaza, se concrete «cuanto antes» y ha advertido de que «vigilará de cerca cómo se materializan las medidas anunciadas por el Ejecutivo relativas a los medios, para garantizar en todo momento la libertad de prensa y el derecho a la información».

«Toda transparencia es poca y toda injerencia es mucha. Apoyaremos al Gobierno en la aplicación de medidas que arrojen luz sobre nuestro panorama mediático, pero combatiremos siempre cualquier intento de influir en la inviolable libertad de los medios para decidir sobre sus contenidos», ha afirmado Edith Rodríguez Cachera, vicepresidenta de RSF España y miembro del Consejo de Administración de RSF internacional.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) valora «positivamente» las medidas que recoge el Reglamento Europeo y espera que «garantice la libertad de prensa, su independencia, estabilidad y pluralismo informativo, puesto que la información veraz es un derecho constitucional de la ciudadanía y un pilar fundamental de las sociedades democráticas». Igualmente, ve «fundamental asegurar los derechos de consumidores y medios de comunicación frente a las grandes plataformas digitales, como también recoge la normativa».

Desde la FAPE, han instado al Gobierno a que transponga la norma «en sus máximos y que inicie un debate con el resto de grupos parlamentarios, representantes del sector de los medios de comunicación y agentes sociales para alcanzar un consenso general en su aplicación», como ha anunciado el presidente del Ejecutivo.

Por otro lado, la organización ha celebrado el paquete de ayudas dotado con 100 millones de euros para la digitalización de aquellos medios que necesiten desarrollar herramientas que mejoren su productividad, calidad informativa y reforzar su ciberseguridad.

«Es vital para la democracia fortalecer un periodismo basado en códigos éticos y deontológicos, regido por el principio de veracidad, independientemente de la línea editorial del medio, como trascendental es impulsar la alfabetización mediática de la ciudadanía para combatir la desinformación», ha manifestado la FAPE, que estará atenta al desarrollo del citado Reglamento, así como a su posterior cumplimiento.

Tras la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso y «la falta de concreción» de las medidas que afectan a los medios de comunicación, la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha defendido que el «principal objetivo» del Reglamento Europeo que debe aplicar España es «proteger a estos de la injerencia de los poderes públicos y garantizar el derecho al libre ejercicio de la profesión periodística».

En este contexto, la APM ha recordado que solicitó al Gobierno ser consultada sobre las medidas que pretende adoptar. «El Gobierno no respondió a esa solicitud», ha destacado, para después reiterar «la petición de ser escuchados antes de que se concreten las medidas».

Respecto a lo apuntado por Sánchez en la Cámara Baja, la APM ha asegurado que comparte la «necesidad de combatir la desinformación y los bulos, que no tienen nada que ver con el buen ejercicio del periodismo», pero rechaza que «se pueda actuar desde el poder contra quienes honestamente publican informaciones contrastadas, aunque resulten molestas para los poderes públicos.»

Asimismo, la APM aboga por lograr una «mayor transparencia» sobre la propiedad de los medios y sus fuentes de financiación, si bien mantiene sus «reservas sobre quién determinará la limitación o la retirada de fondos públicos a medios que se compruebe que difunden bulos de manera reiterada».

La APM recuerda que dentro de la FAPE existe una Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo, alguno de cuyos miembros «podría formar parte del órgano regulador a nivel nacional, que a su vez tendrá un representante en el Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación, según establece el EMFA». «En cualquier caso, ese órgano regulador no puede quedar en manos de un organismo administrativo vinculado al Gobierno», ha advertido.

La APM respalda las resoluciones aprobadas por las Asambleas Generales de FAPE, entre ellas la celebrada en Lanzarote, en 2022, en la que se pidió que «las Administraciones públicas locales, provinciales, autonómicas y nacionales no contemplen en el reparto de sus ayudas públicas a aquellas empresas periodísticas que estén condenadas por sentencia judicial, o algunos de sus trabajadores, por difusión de mentiras, bulos o por promover informaciones falsas».

En cuanto a los anunciados cambios en materia de derecho al honor y a la intimidad, los expertos en Derecho Constitucional y Derecho Público consultados por la APM consideran que «no es necesaria» la modificación de las leyes referidas al derecho de rectificación y al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, «por entender que hay ya una amplia jurisprudencia y que los tribunales las están aplicando bien».

También la Agrupación de Periodistas de UGT ha llamado al Gobierno a reunirse con las organizaciones de periodistas y le ha pedido que debata sobre la transposición del Reglamento Europeo sobre la Libertad de Medios de Comunicación. «Es vital que las voces de los periodistas sean escuchadas para garantizar una regulación justa y efectiva», ha destacado.

La AGP UGT considera una buena noticia la aprobación de un plan que «beneficie la transparencia, libertad y responsabilidad de los medios de comunicación», pero ha subrayado que cualquier reforma en la Ley de publicidad institucional «debe realizarse en consulta con los profesionales del periodismo».

«Es necesaria la derogación de la Ley Mordaza y, en lo que se refiere a la libertad de expresión, es urgente su derogación con el objetivo de reforzar la libertad de expresión y garantizar el derecho a la información veraz, tal como reconoce el artículo 20 de la Constitución española», ha zanjado.