El extinto Ministerio de Consumo, ahora integrado en el de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha emitido una propuesta de sanción a las aerolíneas de bajo coste por supuestas prácticas contra los derechos de los pasajeros con una sanción histórica de 150 millones de euros a cuatro de ellas: las españolas Volotea y Vueling (del grupo IAG); la irlandesa Ryanair y la inglesa easyJet.

El órgano gubernamental apunta a cuatro prácticas habituales de estas compañías, siendo la más sancionada el cobro por llevar equipaje de mano a bordo de la cabina del avión, así como por tener que abonar la selección de asiento. Asimismo, la sanción también va contra la imposibilidad de pagar en efectivo los billetes adquiridos en el propio aeropuerto, después de que varias aerolíneas prohibieran esta práctica.

La multa también incide en lo que Consumo considera “falta de transparencia en la información contractual”, al no ofrecer de primeras el precio final y dificultar la comparación de ofertas. E incluye una sanción específica para la compañía irlandesa Ryanair por cobrar 20 euros a los pasajeros que reclaman su billete en papel en el aeropuerto, al considerar esto un “coste desproporcionado”.

El 3 de agosto del pasado 2023, Consumo dio a conocer que había incoado una serie de expedientes sancionadores a varias aerolíneas lowcost por obligar a sus clientes a pagar por llevar el equipaje de mano en cabina. Desde el gabinete del entonces ministro Alberto Garzón se señaló que las sanciones podrían ser consideradas “graves” —que oscilan entre los 10.001 y los 100.000 euros— o “muy graves”, que elevaban esta cuantía hasta el millón de euros. En caso de confirmarse la sanción, haría de esta la de mayor cuantía jamás emitida por las autoridades de consumo en cuanto al impacto sobre los clientes, según ha adelantado la Cadena Ser.

Fuentes del Ministerio se niegan a confirmar cuáles son las empresas afectadas ni las cuantías económicas, limitándose a señalar que “tienen la obligación de velar por el cumplimiento de la ley, garantizar el respeto a los derechos de los consumidores y el deber de ofrecer las máximas garantías a las compañías afectadas”.

En cambio, sí explican que la Dirección General de Consumo instruyó la investigación y envió las propuestas de sanción y las razones a las empresas afectadas. Las aerolíneas pudieron presentar sus alegaciones ante la Secretaría General de Consumo y Juego, que tras estudiarlas, dictó una resolución que fue les comunicada semanas atrás. Además, señalan que una vez agotada la vía administrativa, pueden acudir a los tribunales.

Las aerolíneas lo tachan de “sinsentido”

lgunas de ellas ya han anunciado su recurso al expediente oficial dado que sobre el mismo cabe recurso de alzada.

Las mismas defienden que el expediente de Consumo, en caso de aplicarse de facto (a día de hoy ninguna de las prácticas cuestionadas han sido declaradas ilegales), obligará a 50 millones de pasajeros “a contratar servicios adicionales que no necesitan, ignorando la opinión de la Comisión Europea y en contra de la normativa europea”. En concreto, apuntan a que la medida “supone una injerencia en la fijación tarifaria” al ir en contra del principio de libertad de fijación de precios reconocido en el Reglamento 1008/2008.

“Sancionar esta práctica limita la opción de pagar sólo por los servicios indispensables y se obligaría a todos los pasajeros a contratar el servicio de transporte de maleta de cabina, aun cuando no lo necesiten. El consumidor será el principal perjudicado por esta injerencia del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en el mercado único europeo y la libertad tarifaria amparada por el derecho europeo”, apunta el presidente de ALA, Javier Gándara, en un primer comunicado.

Las aerolíneas alertan de que esta medida supondría una pérdida de competitividad para España respecto al resto de países de la Unión Europea, “dado que se convertirá en el único país europeo que prohíbe las tarifas básicas que incluyen el equipaje de mano debajo del asiento”. “Corremos el riesgo de que una parte de esos 50 millones de pasajeros (…) opten por otros destinos, con el consiguiente impacto en el PIB, el empleo y la conectividad aérea de nuestro país”, añade.

También apuntan al hecho de que “la cabina de la aeronave tiene una capacidad limitada y que con esta medida más de la mitad de los usuarios tampoco podrían viajar con su maleta tipo trolley a bordo, aunque se incluya este servicio en su tarifa”. Desde las compañías aseguran que al fraccionar el servicio, se puede prever la capacidad de que suban maletas a bordo, mejorando las operaciones y reduciendo los tiempos de tránsito, al evitar tener que llevarlas a la bodega del avión.

Asimismo, ALA recuerda que ya existe una iniciativa de la Comisión Europea que aboga porque las compañías aéreas establezcan unos estándares en el equipaje de mano, algo que en lo que ya están colaborando de manera conjunta en busca de su implementación definitiva. “Debe tenerse en cuenta que entre el 30% y el 40% de los pasajeros viajan sin equipaje de mano grande en el avión”, explican.