Nueve países de la Unión Europea, Italia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Croacia, Lituania, Letonia, República Checa y Eslovaquia, decidieron no firmar una declaración para la promoción de políticas europeas a favor de las comunidades LGTBIQ+.

Desde Bruselas se intenta exactamente lo mismo que con el aborto, acabar con la soberanía de cada país, aprobando políticas comunitarias en favor del “avance continuo” de los derechos de las personas LGTBIQ+.

Coincidiendo con el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia e Interfobia, y bajo la presidencia del turno belga, se mantuvo la reunión que contó con la participación de la comisaria Europea para la Igualdad, ministros y secretarios de Estado de los Estados miembros de la UE, miembros del Parlamento Europeo, expertos y organizaciones de la sociedad civil.

Desde esa reunión se reclamó que el conjunto de la Unión Europea se otorgue “estatus legal” para las parejas del mismo sexo y solicitaron la prohibición de las terapias de conversión para personas LGTBIQ+ en el conjunto de los Veintisiete.

Así, se pedía que hubiera un compromiso de reforzar la protección jurídica contra “cualquier forma de exclusión, odio y violencia”, incluidas las que se produzcan en las redes sociales e Internet. Y los Veintisiete tendrían que unirse para “contrarrestar la difusión de desinformación” y la instrumentalización política de las personas LGTBIQ+, además de garantizarles un acceso equitativo a los servicios médicos.

Todo ello de aumentar las políticas y creando una nueva estrategia política en la próxima legislatura, que comenzará tras las elecciones al Parlamento Europeo de junio.

En concreto, Italia, Hungría, Rumanía y Bulgaria comunicaron explícitamente a la presidencia belga que no iban a suscribir la declaración. En este sentido fuentes del Ministerio de la Familia, la Natalidad y la Igualdad de Oportunidades de Italia, aseguran que la declaración estaba claramente inclinada con un enfoque ideológico que priorizaba excesivamente los temas de identidad de género.

Lo que hizo que ocho países la descartaran, viendo las intenciones europeas de intentar influir en las futuras políticas de la Unión y en su soberanía propia.

La negativa del Gobierno de Meloni hizo que la izquierda del país la criticara, lo que ha hecho que la ministra para la Familia, la Natalidad y la Igualdad de Oportunidades, Eugenia Roccella, asegurara que la izquierda estaba usando esta lucha contra la discriminación como pretexto para avanzar en una agenda ideológica sobre el género, asegurando que su Gobierno está comprometido contra la discriminación pero no con temas que niegan las identidades antropológicas masculinas y femeninas.